La tasa de la desvergüenza

    Se hace muy difícil escribir una líneas con la mínima mesura que el ejercicio requiere después de leer la publicación en el BOE el pasado miércoles de la Ley 10/2012 que aprueba las nuevas tasas que gravan el acceso de los ciudadanos a la Administración de Justicia.

     Todos y yo el primero somos conscientes de la gravedad de la crisis económica que nos asola en estos perturbadores momentos, todos y yo el primero somos conscientes que es necesario que los poderes públicos acometan dolorosos y necesarios ejercicios de recortes en el gasto público para que los servicios esenciales del estado del bienestar queden garantizados, todos y yo el primero sabemos que la Justicia en España ha estado dejada de la mano de Dios durante décadas, en períodos de bonanza y de crisis, da igual. Todos y yo el primero reclamamos la modernización y humanización de las tramitaciones judiciales, denunciamos la sobrecarga ingente de trabajo que colapsa nuestros órganos judiciales, abogamos por profundizar en la imprescindible independencia del Poder Judicial respecto del Ejecutivo, exigimos la creación de nuevos juzgados que nos equipare cuantitativamente a los países de nuestro entorno, recomendamos la progresiva introducción de las nuevas tecnologías en los expediendientes judiciales, instamos la independencia en la actuación del Ministerio Fiscal, conocemos la necesidad de la formación especializada de los Abogados, la reformulación y justa remuneración del turno de oficio, la redefinición del papel de los Procuradores en la tramitación procesal del siglo XXI. En definitiva, todos y yo el primero somos conscientes de que la Justicia en España necesita una profunda reforma para solventar sus endémicos e históricos problemas y para adaptarse a los nuevos tiempos.

       Ninguna de las personas que han ostentado el cargo de Minstro de Justicia en los últimos treinta años ha mostrado el menor interés en acometer tan ingente como necesaria tarea. Y ha llegado Gallardón. Alberto Ruiz Gallardón, hijo de insignie Abogado, Fiscal de carrera, exalcalde de la villa de Madrid, yerno de José Utrera Molina (este es un apunte de memoria histórica), carita de opositor empollón, y ha encontrado la mágica manera de desatascar de expedientes los Juzgados y por ende de agilizar el funcionamiento del día a día en los Tribunales. Impongo unas tasas de caballo y así la gente una de dos, o no pleitea o si lo hace, el Estado pone en marcha su máquina recaudatoria.

      Cierto es que se hace necesario introducir un filtro de admisión a trámite de determinadas demandas y recursos planteados muchas veces únicamente como respuesta a estrategias dilatorias, morosas o pleitistamente delirantes. Pero de ahí a exigir cantidades mínimas de 300 euros por presentar una demanda, 800 euros por presentar un recurso o 200 euros por recurrir una simple sanción administrativa, media un abismo.

      Alberto Ruiz Gallardón ha ejecutado un crochet de derecha al hígado del derecho fundamental a la tutela judicial que ostentamos todos los ciudadanos, y lo ha hecho al hígado de la inmensa mayoría de los ciudadanos, a esa clase antaño media y hogaño ahogada que va a encontrar en el disparate publicado en el BOE un muro que muchas veces será infranqueable para instar el desahucio del inquilino moroso, para divorciarse, para recurrir una multa de tráfico, para reclamar unos daños materiales en un accidente o sencillamente para recurrir una Sentencia de primera instancia. El corchet al hígado corta la respiración del púgil que lo encaja, las piernas se le aflojan, cae a la lona y el K.O. está servido.

      La indignación sube paulatinamente de nivel cuando leemos la exposición de motivos del denominado tasazo. Se nos dice que el dinero que recaude el Estado irá destinado a la mejora del servicio de asistencia jurídica gratuita que se presta a los ciudadanos que pleitean y acreditan que no tienen medios para ello. Mentira. El dinero que se recaude irá destinado a la partida presupuestaria que considere oportuna el Ministerio de Economía cuando redacte los Presupuestos Generales del Estado, como todo el mundo puede entender. Se destinará a la justicia gratuita, o al pago de las nóminas de los funcionarios, o al mantenimiento de los aeropuertos de Ciudad Real, Castellón o León, o al abono de las dietas de diputados y senadores o quizá al pago de los intereses de la deuda pública que la prima de riesgo está desbocada.

      La Ley de tasas de Gallardón es una estafa política publicada en el BOE. Se engaña a los ciudadanos diciéndoles que esta es la medida necesaria para que la Justicia se descongestione y que el dinero se destinará a la justicia gratuita, se induce a la gente al error de pensar que quizá esto sea así, el acto de disposición de los ciudadanos consiste en abonar la tasa de la vergüenza cuando su imposición por tales cuantías vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva y el perjuicio que se les ocasiona es evidente. Todo ello unido por una clara relación de causalidad. ¿Es o no es una estafa? Estafa política por supuesto, que no está tipificada en el Código Penal.

     Pensará el yerno de José Utrera Molina que si de esta manera consigue desatascar los Juzgados, la medida en cuestión podría trasladarse a otros ámbitos en los que los servicios públicos están igualmente masificados. Por ejemplo, los hospitales (tasa por hospitalización), las cárceles (tasa de encarcelamiento), las fiestas de Halloween (tasa de DJ), el clásico Madrid-Barsa (tasa merengue-culé), las oficinas del INEM (tasa por cuñar el paro), los fallecimientos (tasa de defunción) o las manifestaciones en la Puerta del Sol (tasa perroflauta). Menos mal que la aspirina ya está inventada porque si no el Fiscal de carrera buscaría la tasa precisa para reclamar su patente. Que se vaya con su suegro a homenajear a Franco. Pero que se vaya lejos.