El Presidente de la Generalidad Valenciana, Francisco Camps, siempre luce un aspecto impecable. Su piel reluce en un permanente bronceado más caribeño que mediterráneo. Su aspecto revela la práctica regular y moderada de ejercicio físico. En cuanto a su forma de hablar, me recuerda a esos sacerdotes que van de modernos y que castigan a los feligreses con homilías inacabables y ausentes de contenido. Es un tipo elegante, siempre viste americana y pantalón conjuntados y su cuello lo adornan corbatas de seda discretamente llamativas.
Lo que no sabíamos los ciudadanos es que esos trajes, o al menos tres de ellos, le han sido presuntamente regalados por un ciudadano a quien Camps considera su "amigo del alma". Tan distinguido amigo es nada más y nada menos que Álvaro Pérez Alonso, "El Bigotes", honrado empresario que al parecer se ganaba modestamente la vida consiguiendo millonarios contratos con la Administración Pública para un tal Francisco Correa y una sociedad llamada Orange Market. Francisco Correa lleva más de dos años en prisión preventiva esperando juicio. Está imputado, entre otras cosas, de cohecho y blanqueo de capitales. "El Bigotes" debe su alias al mostacho que lucía y que recuerda las imágenes impresas en los libros de los políticos deminonónicos de la Restauración. También está imputado por, entre otras delitos, cohecho y blanqueo de capitales. Este honrado empresario presuntamente obtenía algún que otro millón de euros por sus gestiones con la Administración.
Desde el Partido Popular se viene diciendo que el aceptar tres trajes de regalo en modo alguno puede considerarse una conducta delictiva y que para nada debe afectar a la carrera política del broceado presidente. Vamos a ponernos serios.
Evidentemente, el Presidente de la Generalidad Valenciana puede recibir regalos, como cualquier otra persona, e incluso puede recibirlos en atención a su cargo. Pero estos regalos deben cumplir al menos dos requisitos para no ser política o penalmente censurables: en primer lugar, la entrega de esos regalos debe ser pública de manera que cualquier ciudadano pueda conocer el regalo y la identidad del donante, y, en segundo lugar, el valor económico de la dádiva ha de ser modesto, casi simbólico. Ninguno de estos dos requisitos se cumple en el caso de Camps. El regalo se entrega de manera privada, prácticamente clandestina y el valor de los trajes, al parecer, supera los 12.000 euros.
El Presidente de la Generalidad Valenciana es libre para elegir a aus amigos, como cualquier otra persona, pero el cargo que ocupa le obliga a intimar con personas honradas, al menos aparentemente. "El Bigotes" es un presunto delincuente que desempeñaba su actividad precisamente relacionándose con las Administraciones Públicas. ¿Qué ocurriría si se descubre que el Presidente del Gobierno es "amigo del alma" del presunto jefe de un cartel de la droga? Y la comparación que hago es plenamente intencionada. El tráfico de drogas no es un delito violento, el cohecho tampoco, y las penas que llevan aparejadas ambas infracciones son similares.
Francisco Camps está imputado judicialmente por un delito de cohecho pasivo impropio tipificado en el art. 426 del Código Penal según la redacción anterior a la reforma operada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. La pena que lleva aparejada este delito es de multa. No es, por tanto, un delito grave. Pero lo cierto es que Camps está a la espera de la celebración de la audiencia preliminar prevista en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado en la que se dilucidará si se abre o no juicio oral contra él. Si finalmente se abre juicio oral, el veredicto del caso será dictado por un jurado popular.
Mientras tanto, el broceado y elegante presidente, desafiando las más elementales normas de ética política, se vuelve a presentar a las elecciones ante la pasividad o complacencia de los dirigentes nacionales de su partido político. Se mofa así de los propios ciudadanos valencianos porque Camps sabe a ciencia cierta que va a ganar las elecciones muy holgadamente, lo que dice muy poco, por cierto, de la actividad desplegada por el partido de la oposición. Puede ser el primer presidente de una comunidad autónoma que se siente en el banquillo de los acusados juzgado por hechos relacionados con su función.
Francisco Camps puede ser absuelto o condenado. Es cierto que la gravedad del delito que se le acusa no es proporcional con la repercusión pública de su instrucción y enjuiciamiento y es cierto también que el caso de los trajes de Camps no es comparable en su gravedad con otros muchos casos de corrupción pública que asolan el mapa autonómico y municipal español. También es verdad que la Fiscalía está poniendo especial celo en la investigación de estos hechos cuando obvia por completo la de otros mucho más graves. Pero también es cierto que el máximo y único responsable de la situación es el propio Camps. Primero por tener amistades peligrosas, segundo por aceptar regalos de ellas y tercero por no presentar la dimisión a la espera de la resolución judicial del caso. Si finalmente fuese absuelto, podría volver a la política plenamente triunfador jurídica, política y éticamente. Desgraciadamente no es así. El verbo dimitir no se conjuga con facilidad por los políticos españoles. Si es condenado lo único que podemos esperar es que pague la multa, aunque sea a plazos. Mientras tanto, tendremos que seguir soportando sus sermones.
lunes, 9 de mayo de 2011
domingo, 8 de mayo de 2011
El profesor Antonio Calvo, una víctima de la postmodernidad
Miro la foto del profesor español Antonio Calvo publicada en la página 18 del suplemento "Domingo" del diario El País del 1 de mayo de 2011. Ya sé que las apariencias engañan pero desde niño tengo por afición fijarme en la gente para, a partir de una primera impresión, intentar formarme una opinión sobre ella. En muchas ocasiones acierto y en otras la cago lamentablemente, pero no puedo sustraerme a este íntimo ejercicio lúdico- psicológico.
El profesor Antonio Calvo aparenta unos 45 años de edad, quizá alguno más. Sencillo en el atuendo y frugal en su alimentación, parece heredero de la cultura juvenil de finales los años 70 y la primera mitad de los 80. En su juventud debió rebelarse en sus adentros contra la Guerra de Vietnam, lamentó no estar en París en 1968, escuchaba casi con devoción a los Rolling Stones, a The Dorrs y a Pink Floyd, devoraba la poesía transgresora de Rimbaud y se pasaba tardes enteras en el cine viendo pelis como "La escalera de Jacob", "Los cuatrocientos golpes" o "El muro" en sesión continua. Probablemente, de vez en cuando fumaba maría con sus amigos idealistas y asistiría a algún mitin multitudinario de Felipe González y Alfonso Guerra cuando vestían americanas de pana, lucían greñas despeinadas y gritaban puño en alto "OTAN no, yanquis fuera".
Cuando maduró, se volvió algo más conservador. Normal, nos pasó a todos. Le costó mucho conseguir una plaza de profesor de de Lengua española en la Universidad de Princeton en Estados Unidos. Desde el primer momento conectó con sus alumnos. Su carisma arrebatador, su aire intelectual y su empatía juvenil le hacía acreedor de la admiración de sus jóvenes pupilos prácticamente desde el primer día.
Pero fueron pasando los meses, los años, y resulta que el profesor Antonio Calvo fue testigo directo del cambio que los jóvenes estaban experimentando. Ya no preguntaban en clase, ya no debatían ni organizaban cine-forums. Ya no leían a los pensadores de la edad antigua ni de la edad moderna ni de la edad contemporánea. Les importaba un rábano Platón, Aristóteles, Voltaire o Nizscche. Lo único que leían eran las bazofias sobre vampiros adolescentes, naift y falsos románticos que arrasaban en las listas de ventas. Cuando iban al cine lo único que les llamaba la atención eran los efectos especiales, el sonido dolby sourraund, la imagen en 3-D y que hubira sitio en la butaca para dejar el comby de palomitas.
Los alumnos del profesor Antonio Calvo pasaban olímpicamente de la política, jamás compraban un periódico y vivían de lunes a jueves con el pensamiento puesto en lo que iban a hacer el finde. Ejercitaban a diario todo su cuerpo, todo excepto la parte más importante del mismo, el cerebro. Entre hamburguesas con pepinillo y patatas fritas asistían impávidos a la hambruna del tercer mundo y celebraban las ejecuciones en la silla eléctrica o con la inyección letal de los asesinos en serie condenados a muerte. Ahora bien, no llevaban cazadoras de piel porque protestaban por el maltrato animal.
El profesor Antonio Calvo ya no concectaba con esta generación. Cada noche, cuando llegaba del trabajo a su apartamento en Manhattan pensaba que el mundo, la vida, le estaba sobrepasando. Incluso se sentía culpable por no saber inculcar a sus alumnos los valores que habían asentado su existencia desde su adolescencia. La situación era ya insostenible. Los alumnos más veteranos se habían quejado repetidamente a la dirección del Departamento de Lengua y Cultura Española y Portuguesa. Tocaba renovar su contrato con la universidad. La presión de estos alumnos malcriados y exponentes de la asquerosa postmodernidad que castiga nuestro primer mundo era ya insoportable. En clase y fuera de clase le hacían la vida imposible. Había perdido por completo no sólo su carisma sino su autoridad. Era una paradigmática víctima del mobbing definido por el sueco Heinz Leymann, la francesa Marie-France Hirigoyen y el español Iñaki Pñuel y Zabala y que en España ha sido tipificado como delito..... en la reforma del Código Penal de 2010.
La Universidad no sabía como quitárselo de enmedio. Los padres de la criaturas pagaban una millonada para que sus diabólicas y postmodernas criaturas obtuvisen una licenciatura y la universidad, como empresa privada que es, no admitía riesgos para su negocio mercantil. Al profesor le abrieron un expediente, le quitaron las llaves de su despacho y le cerraron su cuenta de correo electrónico. El 11 de abril de 2011 estaba citado formalmente para exponer oralmente sus alegaciones contra no sabe qué porque la universidad mantiene en secreto las imputaciones contra el profesor. Antonio Calvo no se presentó a la cita, consideró el silencio y su inasistencia como las mejores alegaciones contra la injusticia y la estupidez. Al día siguiente, en su apartamento de Manhattan, se dio por vencido. Llegó a la conclusión de que no podía luchar contra la postmodernidad pseudo-urbanita, naift e infatiloide instalada en una generación perdida no ya en el pensamiento único sino en la ausencia de pensamiento. Se acercó a la cocina, cocina americana por supuesto. Cogió un gran cuchillo y se cortó las venas y el cuello. Su sangre, esparcida por toda la casa, no fue apetecida por ningún personaje del agilipollado "Crepúsculo" que llena nuestras librerías. La sangre del profesor Antonio Calvo estaba reservada para el auténtico Drácula, el de Brian Stoker. El único. En la foto publicada en el períodico, detrás de las gafas, se adivina una mirada triste y cansada.
El profesor Antonio Calvo aparenta unos 45 años de edad, quizá alguno más. Sencillo en el atuendo y frugal en su alimentación, parece heredero de la cultura juvenil de finales los años 70 y la primera mitad de los 80. En su juventud debió rebelarse en sus adentros contra la Guerra de Vietnam, lamentó no estar en París en 1968, escuchaba casi con devoción a los Rolling Stones, a The Dorrs y a Pink Floyd, devoraba la poesía transgresora de Rimbaud y se pasaba tardes enteras en el cine viendo pelis como "La escalera de Jacob", "Los cuatrocientos golpes" o "El muro" en sesión continua. Probablemente, de vez en cuando fumaba maría con sus amigos idealistas y asistiría a algún mitin multitudinario de Felipe González y Alfonso Guerra cuando vestían americanas de pana, lucían greñas despeinadas y gritaban puño en alto "OTAN no, yanquis fuera".
Cuando maduró, se volvió algo más conservador. Normal, nos pasó a todos. Le costó mucho conseguir una plaza de profesor de de Lengua española en la Universidad de Princeton en Estados Unidos. Desde el primer momento conectó con sus alumnos. Su carisma arrebatador, su aire intelectual y su empatía juvenil le hacía acreedor de la admiración de sus jóvenes pupilos prácticamente desde el primer día.
Pero fueron pasando los meses, los años, y resulta que el profesor Antonio Calvo fue testigo directo del cambio que los jóvenes estaban experimentando. Ya no preguntaban en clase, ya no debatían ni organizaban cine-forums. Ya no leían a los pensadores de la edad antigua ni de la edad moderna ni de la edad contemporánea. Les importaba un rábano Platón, Aristóteles, Voltaire o Nizscche. Lo único que leían eran las bazofias sobre vampiros adolescentes, naift y falsos románticos que arrasaban en las listas de ventas. Cuando iban al cine lo único que les llamaba la atención eran los efectos especiales, el sonido dolby sourraund, la imagen en 3-D y que hubira sitio en la butaca para dejar el comby de palomitas.
Los alumnos del profesor Antonio Calvo pasaban olímpicamente de la política, jamás compraban un periódico y vivían de lunes a jueves con el pensamiento puesto en lo que iban a hacer el finde. Ejercitaban a diario todo su cuerpo, todo excepto la parte más importante del mismo, el cerebro. Entre hamburguesas con pepinillo y patatas fritas asistían impávidos a la hambruna del tercer mundo y celebraban las ejecuciones en la silla eléctrica o con la inyección letal de los asesinos en serie condenados a muerte. Ahora bien, no llevaban cazadoras de piel porque protestaban por el maltrato animal.
El profesor Antonio Calvo ya no concectaba con esta generación. Cada noche, cuando llegaba del trabajo a su apartamento en Manhattan pensaba que el mundo, la vida, le estaba sobrepasando. Incluso se sentía culpable por no saber inculcar a sus alumnos los valores que habían asentado su existencia desde su adolescencia. La situación era ya insostenible. Los alumnos más veteranos se habían quejado repetidamente a la dirección del Departamento de Lengua y Cultura Española y Portuguesa. Tocaba renovar su contrato con la universidad. La presión de estos alumnos malcriados y exponentes de la asquerosa postmodernidad que castiga nuestro primer mundo era ya insoportable. En clase y fuera de clase le hacían la vida imposible. Había perdido por completo no sólo su carisma sino su autoridad. Era una paradigmática víctima del mobbing definido por el sueco Heinz Leymann, la francesa Marie-France Hirigoyen y el español Iñaki Pñuel y Zabala y que en España ha sido tipificado como delito..... en la reforma del Código Penal de 2010.
La Universidad no sabía como quitárselo de enmedio. Los padres de la criaturas pagaban una millonada para que sus diabólicas y postmodernas criaturas obtuvisen una licenciatura y la universidad, como empresa privada que es, no admitía riesgos para su negocio mercantil. Al profesor le abrieron un expediente, le quitaron las llaves de su despacho y le cerraron su cuenta de correo electrónico. El 11 de abril de 2011 estaba citado formalmente para exponer oralmente sus alegaciones contra no sabe qué porque la universidad mantiene en secreto las imputaciones contra el profesor. Antonio Calvo no se presentó a la cita, consideró el silencio y su inasistencia como las mejores alegaciones contra la injusticia y la estupidez. Al día siguiente, en su apartamento de Manhattan, se dio por vencido. Llegó a la conclusión de que no podía luchar contra la postmodernidad pseudo-urbanita, naift e infatiloide instalada en una generación perdida no ya en el pensamiento único sino en la ausencia de pensamiento. Se acercó a la cocina, cocina americana por supuesto. Cogió un gran cuchillo y se cortó las venas y el cuello. Su sangre, esparcida por toda la casa, no fue apetecida por ningún personaje del agilipollado "Crepúsculo" que llena nuestras librerías. La sangre del profesor Antonio Calvo estaba reservada para el auténtico Drácula, el de Brian Stoker. El único. En la foto publicada en el períodico, detrás de las gafas, se adivina una mirada triste y cansada.
jueves, 5 de mayo de 2011
Guantánamo, la pocilga humana de occidente
Guantánamo es una población situada al sureste de Cuba donde Estados Unidos tiene una base militar desde el año 1902. Allí está el único campo de concentración existente en occidente desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial ante la complacencia del resto del mundo.
A raíz de los atentados del 11 de Septiembre de 2001 en Nueva York y Wasingthon, el entonces Presidente de Estados Unidos George Bush ordenó la creación de un macrocentro de retención de sospechosos de terrorismo yihadista. Un macrocentro donde se ignora por completo la Declaración Universal de Derechos Humanos de París de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York de 1966, los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales de 1945 y la propia Constitución de los Estados Unidos. Barak Obama, Presidente desde hace cuatro años, el hombre de la oratoria brillante, el Premio Nobel de la Paz, mantiene esta situación. Y el resto del mundo mira complaciente.
Las personas retenidas en Guantánamo no tienen la condición legal de detenidos, por lo que no se les aplica ni uno solo de los derechos que toda persona detenida tiene en cualquier estado de Derecho, ni siquiera el plazo máximo de detención fijado, por ejemplo, en España en setenta y dos horas. Muchas personas retenidas en Guantánamo llevan casi diez años privados de libertad. No tienen derecho a asistencia Letrada, los abogados en Guantánamo enturbiarían el ambiente. Da igual, el resto del mundo sigue mirando complaciente.
Ningún Juez o Tribunal tiene abierta causa penal alguna abierta contra los retenidos en Guantánamo. No se les imputa ni acusa de delito alguno. Tampoco ha habido ningún Juez o Tribunal en Estados Unidos que haya ordenado el cierre de esta pocilga de seres humanos ni Fiscal que haya inciado proceso alguno contra esta barbarie. El resto del mundo jurídico mira impasible.
La identidad y estado de salud de los retenidos sólo la saben los gestores del centro. Los presos no pueden recibir visita alguna ni dirigir comunicaciones al exterior. Desde que ingresan en la pocilga ya no son seres humanos, no tienen ni familia ni amigos. Están aislados, amarrados con cadenas y tratados como pedazos de carne con cabeza, cuerpo y extremidades. Algunos de los retenidos son menores de edad. Da igual, ni en Guantánamo rige ley penitenciaria alguna ni ha nacido todavía el defensor del menor que proteste por esta situación.
En Guantánamo se tortura a los retenidos. Ya se habían denunciado estas torturas por muchos medios de comunicación y ONGs, incluida Amnistía Internacional. Comprobada la absoluta impunidad de estos métodos, el director de la CIA Leo Panetta lo ha reconocido públicamente: mediante la tortura de "la bañera" aplicada a un preso rn un interrogatorio se obtuvo la pista para localizar a Osama Bin Laden. Lo peor es que no sólo lo ha reconocido sino que además se muestra orgulloso de ello. El resto del mundo ya no mira complaciente. Ahora aplaude.
Guantánamo es la vergüenza del mundo occidental. Con Guantánamo hemos tirado por la borda muchos de los importántisimos avances alcanzados por la humanidad en materia de Derechos Humanos y esto es absolutamente nefasto. El siglo XX fue, entre otras cosas, el del avance imparable de la ciencia, avance que nos ha hecho a todos mejorar nuestra calidad y nuestras expectativas de vida. El Derecho es una ciencia, una ciencia social. Experimentar una regresión en nuestros derechos supone un gravísimo retroceso del que nos va a costar mucho salir. Claro que también es cierto que esos avances en realidad los hemos disfrutado unos privilegiados, menos de una cuarta parte de la población mundial. La vida en Guantánamo transcurre entre oscuridad, violencia, sufrimiento y soledad. Por lo menos, a los cerdos en las pocilgas se les da comida en abundancia y los sementales y las cerdas retozan satisfechos de sexo. En Guantánamo, a los cerdos se les hace "la bañera" y cantan. Y el resto del mundo aplaude.
A raíz de los atentados del 11 de Septiembre de 2001 en Nueva York y Wasingthon, el entonces Presidente de Estados Unidos George Bush ordenó la creación de un macrocentro de retención de sospechosos de terrorismo yihadista. Un macrocentro donde se ignora por completo la Declaración Universal de Derechos Humanos de París de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York de 1966, los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales de 1945 y la propia Constitución de los Estados Unidos. Barak Obama, Presidente desde hace cuatro años, el hombre de la oratoria brillante, el Premio Nobel de la Paz, mantiene esta situación. Y el resto del mundo mira complaciente.
Las personas retenidas en Guantánamo no tienen la condición legal de detenidos, por lo que no se les aplica ni uno solo de los derechos que toda persona detenida tiene en cualquier estado de Derecho, ni siquiera el plazo máximo de detención fijado, por ejemplo, en España en setenta y dos horas. Muchas personas retenidas en Guantánamo llevan casi diez años privados de libertad. No tienen derecho a asistencia Letrada, los abogados en Guantánamo enturbiarían el ambiente. Da igual, el resto del mundo sigue mirando complaciente.
Ningún Juez o Tribunal tiene abierta causa penal alguna abierta contra los retenidos en Guantánamo. No se les imputa ni acusa de delito alguno. Tampoco ha habido ningún Juez o Tribunal en Estados Unidos que haya ordenado el cierre de esta pocilga de seres humanos ni Fiscal que haya inciado proceso alguno contra esta barbarie. El resto del mundo jurídico mira impasible.
La identidad y estado de salud de los retenidos sólo la saben los gestores del centro. Los presos no pueden recibir visita alguna ni dirigir comunicaciones al exterior. Desde que ingresan en la pocilga ya no son seres humanos, no tienen ni familia ni amigos. Están aislados, amarrados con cadenas y tratados como pedazos de carne con cabeza, cuerpo y extremidades. Algunos de los retenidos son menores de edad. Da igual, ni en Guantánamo rige ley penitenciaria alguna ni ha nacido todavía el defensor del menor que proteste por esta situación.
En Guantánamo se tortura a los retenidos. Ya se habían denunciado estas torturas por muchos medios de comunicación y ONGs, incluida Amnistía Internacional. Comprobada la absoluta impunidad de estos métodos, el director de la CIA Leo Panetta lo ha reconocido públicamente: mediante la tortura de "la bañera" aplicada a un preso rn un interrogatorio se obtuvo la pista para localizar a Osama Bin Laden. Lo peor es que no sólo lo ha reconocido sino que además se muestra orgulloso de ello. El resto del mundo ya no mira complaciente. Ahora aplaude.
Guantánamo es la vergüenza del mundo occidental. Con Guantánamo hemos tirado por la borda muchos de los importántisimos avances alcanzados por la humanidad en materia de Derechos Humanos y esto es absolutamente nefasto. El siglo XX fue, entre otras cosas, el del avance imparable de la ciencia, avance que nos ha hecho a todos mejorar nuestra calidad y nuestras expectativas de vida. El Derecho es una ciencia, una ciencia social. Experimentar una regresión en nuestros derechos supone un gravísimo retroceso del que nos va a costar mucho salir. Claro que también es cierto que esos avances en realidad los hemos disfrutado unos privilegiados, menos de una cuarta parte de la población mundial. La vida en Guantánamo transcurre entre oscuridad, violencia, sufrimiento y soledad. Por lo menos, a los cerdos en las pocilgas se les da comida en abundancia y los sementales y las cerdas retozan satisfechos de sexo. En Guantánamo, a los cerdos se les hace "la bañera" y cantan. Y el resto del mundo aplaude.
miércoles, 4 de mayo de 2011
Confirmado: El Gobierno pagó por el rescate del Alakrana
Efectivamente, lo que todos sospechábamos se ha confirmado. La Audiencia Nacional ha dictado Sentencia en el juicio oral abierto contra Abdu Willy y Adji Haman, dos de los piratas que asaltaron el atunero Alakrana el 2 de octubre de 2009 y que mantuvieron secuestrados a todos sus tripulantes hasta su liberación, el 17 de noviembre de 2009.
Cito textualmente un pasaje de la Sentencia: "Queda probado sin duda alguna que fueron organismos públicos vinculados al Gobierno español" quienes pagaron el rescate a los delincuentes piratas somalíes. Se ignora la cantidad exacta que todos los españoles pagamos por el rescate. Sólo se tiene constancia de que, el 17 de noviembre de 2009, momentos antes de la liberación de los pescadores, dos aviones sobrevolaron al atunero y arrojaron varios bidones al mar, en las inmediaciones del barco. Ya podía haber caído uno de esos bidones en las inmediaciones de una oficina del INEM. Nadie habría recuperado su puesto de trabajo pero llevarían el desempleo con mucha más alegría. Claro que los parados españoles no son piratas somalíes y quizá no merezcan esos regalos caídos del cielo.
LLega un momento en el cual, ante tal acumulación de dislates e ilegalidades cometidas por quienes intentan gobernarnos, vemos con absoluta normalidad que se regalen unos millones de dólares a unos vulgares delincuentes para que sigan alimentando su negocio criminal y se emborrachen a la salud de todos nosotros. Que el Gobierno, directa o indirectamente, haya pagado este rescate es un hecho gravísimo, se mire por donde se mire. Se colabora con un grupo organizado criminal que se dedica a robar, a secuestrar e incluso en algunos casos a asesinar a sus víctimas.
Se nos puede decir que con el pago del rescate todos los pescadores secuestrados pudieron volver a sus casas sanos y salvos y que ellos y sus familias siempre estarán agradecidos por ello. Ese argumento no sirve. Está viciado en su origen. Si quienes hubiesen pagado el rescate hubiesen sido los familiares de los secuestrados nada habría que alegar ya que se econtrarían en una clara situación de estado de necesidad justificante. Pero el Gobierno no está en esa situación y con el pretexto de no poner en riesgo la vida de los pescadores no puede de ninguna manera negociar y pagar a los secuestradores contribuyendo de manera decisiva si no a la comisión sí al agotamiento del delito. Desde el punto de vista de la ética política es sencillamente inaceptable.
Resulta increíble que el Gobierno ni diseñase si ejecutase un plan militar para tratar de liberar el barco y detener a todos los piratas bien antes o bien inmediatamente después de arrojar los famosos bidones. El papelón de la fragata del ejército español apostada a escasos metros del atunero durante un mes, es sencillamente de traca. Los militares que tripulaban esa fragata debieron sentirse encantados de que, no sólo no se les permitiese acometer una acción militar de abordaje y rescate de los marineros secuestrados, sino que fuesen privilegiados espectadores pasivos del abono del precio pactado por la liberación.
Por cierto, cada uno de los acusados en este juicio ha sido condenado a 439 años de prisión como autores responsables de 36 delitos de detención ilegal y un delito de asociación ilícita. Menos mal que finalmente no se llevó a cabo esa otra brillante idea que consistía en dejarlos en libertad a los pocos días de su detención para que el resto de sus compinches que estaban en el barco no se enfadaran mucho y no apretaran el gatillo. Mira que el Gobierno y el Fiscal General del Estado le dieron vueltas al Código Penal, a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y hasta a la Ley de Extranjería buscando o intentando inventarse un resquicio para dejar en libertad a dos delicuentes.... que una vez juzgados han sido condenados a más de 400 años de cárcel cada uno de ellos. Afortunadamente este nuevo dislate no se llegó a poner en práctica.
Sin embargo, la gran suerte que ha tenido el Gobierno de que los dos acusados hayan sido absueltos de los delitos de terrorismo de los que también eran acusados porque de haber sido condenados, el pago del rescate, con el Código Penal en la mano, tiene nombre y apellidos: colaboración con banda armada.
Cito textualmente un pasaje de la Sentencia: "Queda probado sin duda alguna que fueron organismos públicos vinculados al Gobierno español" quienes pagaron el rescate a los delincuentes piratas somalíes. Se ignora la cantidad exacta que todos los españoles pagamos por el rescate. Sólo se tiene constancia de que, el 17 de noviembre de 2009, momentos antes de la liberación de los pescadores, dos aviones sobrevolaron al atunero y arrojaron varios bidones al mar, en las inmediaciones del barco. Ya podía haber caído uno de esos bidones en las inmediaciones de una oficina del INEM. Nadie habría recuperado su puesto de trabajo pero llevarían el desempleo con mucha más alegría. Claro que los parados españoles no son piratas somalíes y quizá no merezcan esos regalos caídos del cielo.
LLega un momento en el cual, ante tal acumulación de dislates e ilegalidades cometidas por quienes intentan gobernarnos, vemos con absoluta normalidad que se regalen unos millones de dólares a unos vulgares delincuentes para que sigan alimentando su negocio criminal y se emborrachen a la salud de todos nosotros. Que el Gobierno, directa o indirectamente, haya pagado este rescate es un hecho gravísimo, se mire por donde se mire. Se colabora con un grupo organizado criminal que se dedica a robar, a secuestrar e incluso en algunos casos a asesinar a sus víctimas.
Se nos puede decir que con el pago del rescate todos los pescadores secuestrados pudieron volver a sus casas sanos y salvos y que ellos y sus familias siempre estarán agradecidos por ello. Ese argumento no sirve. Está viciado en su origen. Si quienes hubiesen pagado el rescate hubiesen sido los familiares de los secuestrados nada habría que alegar ya que se econtrarían en una clara situación de estado de necesidad justificante. Pero el Gobierno no está en esa situación y con el pretexto de no poner en riesgo la vida de los pescadores no puede de ninguna manera negociar y pagar a los secuestradores contribuyendo de manera decisiva si no a la comisión sí al agotamiento del delito. Desde el punto de vista de la ética política es sencillamente inaceptable.
Resulta increíble que el Gobierno ni diseñase si ejecutase un plan militar para tratar de liberar el barco y detener a todos los piratas bien antes o bien inmediatamente después de arrojar los famosos bidones. El papelón de la fragata del ejército español apostada a escasos metros del atunero durante un mes, es sencillamente de traca. Los militares que tripulaban esa fragata debieron sentirse encantados de que, no sólo no se les permitiese acometer una acción militar de abordaje y rescate de los marineros secuestrados, sino que fuesen privilegiados espectadores pasivos del abono del precio pactado por la liberación.
Por cierto, cada uno de los acusados en este juicio ha sido condenado a 439 años de prisión como autores responsables de 36 delitos de detención ilegal y un delito de asociación ilícita. Menos mal que finalmente no se llevó a cabo esa otra brillante idea que consistía en dejarlos en libertad a los pocos días de su detención para que el resto de sus compinches que estaban en el barco no se enfadaran mucho y no apretaran el gatillo. Mira que el Gobierno y el Fiscal General del Estado le dieron vueltas al Código Penal, a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y hasta a la Ley de Extranjería buscando o intentando inventarse un resquicio para dejar en libertad a dos delicuentes.... que una vez juzgados han sido condenados a más de 400 años de cárcel cada uno de ellos. Afortunadamente este nuevo dislate no se llegó a poner en práctica.
Sin embargo, la gran suerte que ha tenido el Gobierno de que los dos acusados hayan sido absueltos de los delitos de terrorismo de los que también eran acusados porque de haber sido condenados, el pago del rescate, con el Código Penal en la mano, tiene nombre y apellidos: colaboración con banda armada.
Bildu tiene todo el derecho del mundo a presentarse a las elecciones
Estamos asistiendo a un auténtico sainete con el ficticio debate de si a la coalición Bildu se le permite o no presentarse a las elecciones municipales y autonómicas del próximo 22 de mayo. La situación es la siguiente: El Gobierno y la banda terrorista ETA negocian a escondidas de la opinión pública. El Gobierno pacta con el PNV su apoyo para lo que resta de legislatura a cambio de no sabe qué contrapartidas. El Gobierno pacta con la oposición impugnar todas las listas de Bildu ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo. El Fiscal General del Estado y la Abogacía del Estado presentan la impugnación. El Tribunal Supremo estima las impugnaciones y prohibe a Bildu presentarse. Sortu recurre ante el Tribunal Constitucional. Todos sabemos que el Gobierno lo que desea es que el Tribunal Constitucional estime el recurso de Bildu para que pueda presentarse a las elecciones. Así cumple con sus supuestos pactos con los nacionalistas vascos y queda bien con la oposición y la opinión pública ya que "han hecho todo lo posible" para que Bildu no pueda presentarse y es el Tribunal Consticional quien da el visto bueno. "Respetamos las decisiones de los Tribunales", se dirá sin rubor, como si no fuese esa la obligación no sólo del Gobierno sino de todos los ciudadanos. Naturalemente que la composición del Tribunal Conistucional está controlada por el propio Gobierno con lo que el pasteleo está garantizado.
Sin embargo, en el fondo, Bildu tiene todo el derecho del mundo a presentarse a las elecciones. Es cierto que la Ley de Partidos Políticos prohibe presentarse a formaciones cuyos estatutos o programa electoral justifiquen o amparen el terrorismo. Es cierto asimismo que hay informes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que nos dicen que Bildu responde a una estrategia de ETA para colarse en las instituciones. Pero no es menos cierto que dicha coalición está integrada por dos formaciones perfectamente legales, Eusko Alkartasuna y Altertatiba, sobre las que no cabe la menor duda de su legalidad.
El problema de raíz es que la Ley de Partidos Políticos es la confirmación del fracaso de todos los Gobiernos, desde el de Adolfo Suárez hasta el de Rodríguez Zapatero, porque no han conseguido que la gente del País Vasco no vote a Batasuna. Esta formación, con sus diversas denominaciones, siempre ha conseguido buenos resultados electorales en todas las elecciones a las que le han dejado presentarse. Y este es el error de Gobierno y de oposición. Lo que tienen que conseguir es que Batasuna se presente a las elecciones y que no sea votada por nadie, que no alcancen ningún concejal ni ningún diputado.
Lo que es obvio es que para derrotar a ETA hacen falta combatirla políticamente, policialmente y socialmente, sí socialmente. Mientras ETA y Batasuna tengan un más o menos importante respaldo en la sociedad vasca, no terminaremos con el terrorismo. Esto se consiguió hace tiempo con la extrema derecha. Las formaciones ultras que se presentan a las elecciones sacan unos resultados ridículos. No tienen respaldo social y por tanto desde un punto de vista electoral son prácticamente inexistentes. Pero les dejamos que se presenten a todas las elecciones, como no puede ser de otra forma.
Repugna a cualquiera que tenga un mínimo de sensibilidad democrática que los poderes del Estado prohiban a una formación política presentarse a unas elecciones. Esta es la pura verdad. Naturalmente que las víctimas del terrorismo se oponen firmemente a que esto ocurra, pero es normal y es legítimo que lo hagan. El fondo del problema radica en que todos los Gobiernos democráticos de España se han visto impotentes cuando han comprobado que Batasuna, un partido político que apoya sin ambages nada menos que a una banda terrorista, siempre consigue un significativo apoyo electoral. En esto es en lo que hay que incidir. Todas las formaciones políticas vascas tienen que hacer ver a la ciudadanía que votar a esta formación es una auténtica barbaridad y cuando Batasuna o Bildu se presenten a las elecciones y no saquen ni un diputado ni un concejal, entonces, sólo entonces, habremos conseguido derrotar a ETA. Lo demás es marear la perdiz pegarle una patada en el trasero a la democracia.
Sin embargo, en el fondo, Bildu tiene todo el derecho del mundo a presentarse a las elecciones. Es cierto que la Ley de Partidos Políticos prohibe presentarse a formaciones cuyos estatutos o programa electoral justifiquen o amparen el terrorismo. Es cierto asimismo que hay informes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que nos dicen que Bildu responde a una estrategia de ETA para colarse en las instituciones. Pero no es menos cierto que dicha coalición está integrada por dos formaciones perfectamente legales, Eusko Alkartasuna y Altertatiba, sobre las que no cabe la menor duda de su legalidad.
El problema de raíz es que la Ley de Partidos Políticos es la confirmación del fracaso de todos los Gobiernos, desde el de Adolfo Suárez hasta el de Rodríguez Zapatero, porque no han conseguido que la gente del País Vasco no vote a Batasuna. Esta formación, con sus diversas denominaciones, siempre ha conseguido buenos resultados electorales en todas las elecciones a las que le han dejado presentarse. Y este es el error de Gobierno y de oposición. Lo que tienen que conseguir es que Batasuna se presente a las elecciones y que no sea votada por nadie, que no alcancen ningún concejal ni ningún diputado.
Lo que es obvio es que para derrotar a ETA hacen falta combatirla políticamente, policialmente y socialmente, sí socialmente. Mientras ETA y Batasuna tengan un más o menos importante respaldo en la sociedad vasca, no terminaremos con el terrorismo. Esto se consiguió hace tiempo con la extrema derecha. Las formaciones ultras que se presentan a las elecciones sacan unos resultados ridículos. No tienen respaldo social y por tanto desde un punto de vista electoral son prácticamente inexistentes. Pero les dejamos que se presenten a todas las elecciones, como no puede ser de otra forma.
Repugna a cualquiera que tenga un mínimo de sensibilidad democrática que los poderes del Estado prohiban a una formación política presentarse a unas elecciones. Esta es la pura verdad. Naturalmente que las víctimas del terrorismo se oponen firmemente a que esto ocurra, pero es normal y es legítimo que lo hagan. El fondo del problema radica en que todos los Gobiernos democráticos de España se han visto impotentes cuando han comprobado que Batasuna, un partido político que apoya sin ambages nada menos que a una banda terrorista, siempre consigue un significativo apoyo electoral. En esto es en lo que hay que incidir. Todas las formaciones políticas vascas tienen que hacer ver a la ciudadanía que votar a esta formación es una auténtica barbaridad y cuando Batasuna o Bildu se presenten a las elecciones y no saquen ni un diputado ni un concejal, entonces, sólo entonces, habremos conseguido derrotar a ETA. Lo demás es marear la perdiz pegarle una patada en el trasero a la democracia.
lunes, 2 de mayo de 2011
La muerte de Bin Laden: El asesinato de un asesino
"Se ha hecho justicia". Con estas palabras, el Presidente de Estados Unidos Barak Obama anunció al mundo entero en una comparecencia por televisión que Osama Bin Laden, el terrorista más buscado del mundo, el inductor del tremendo atentado del 11 de Septiembre de 2001 en Nueva York y Wasingthon, el líder de la organización terrorista yihadista Al Qaeda, había muerto abatido a tiros por un comando del cuerpo de operaciones especiales de CIA en Pakistán.
Todo el mundo se ha alegrado de la noticia. En Estados Unidos, la gente se echó a la calle para festejar la muerte de su enemigo número uno. Los partidos de la liga de beisbol se interrumpieron para comunicar la "break news" a jugadores y público que, tras conocer la buena nueva, se abrazaron alborozados. Los Gobiernos de todo el mundo emitieron comunicados para transmitir la satisfacción que les producía la noticia. Todos los principales períodicos del mundo aplaudieron la muerte de Bin Laden.
Ya sé que lo que voy a decir quizá no sea lo políticamente correcto dadas las circunstancias, pero yo no escribo esta modesta columna para caer simpático. Lo hago para dar mi opinión. Y la verdad es que no me he alegrado de la muerte de este individuo así como tampoco creo que se haya hecho justicia.
No me alegro de la muerte de Osama Bin Laden porque, por más que me esfuerce, no me puedo alegrar por la muerte de ninguna persona. Bin Laden era un terrible y despreciable asesino terrorista. Era responsable de la muerte de miles de personas, víctimas de sus atentados en Nueva York, Wasingthon, Kenia, Tanzania, Madrid, Londres, etc. Era además un líder carismático entre sus fanáticos seguidores por lo que su desaparación debe resentir sobremanera a la organización Al Qaeda. Todo esto es cierto pero yo no me alegro de que haya muerto y mucho menos podría salir a la calle ni brindar con champagne para festejar la muerte de ninguna persona. Todo lo más positivo que me puede hacer sentir esta noticia es tranquilidad porque no cabe la menor duda de que el mundo sin Bin Laden será más tranquilo. El Derecho Penal y la Crimimología se asientan sobre cimientos científicos profundamente humanistas y quizá por eso, porque me siento penalista y criminólogo no encuentro motivos de celebración en la muerte de ningún delincuente, aunque sea Osama Bin Laden. Si Bin Laden hubiese manifestado públicamente su sincero arrepentimiento por todas las muertes que ha causado, hubiese abandonado las armas y se hubiese entregado voluntariamente a las autoridades, sí lo hubiese celebrado.
También habría celebrado que Bin Laden hubiera sido detenido y puesto a disposición judicial, que se le hubiese juzgado ante el Tribunal legalmente competente y que, después de que se hubiera podido defender en el juicio con los argumentos y pruebas que fuesen pertinentes, hubiera sido condenado. Señor Obama, eso sí sería haber hecho justicia y el primero que aplaudiría y brindaría con champagne sería yo. Pero esto no es lo que ha sucedido. Seamos claros, los hechos son los siguientes: un comando militar de operaciones especiales se internó en helicóptero en Pakistán sin informar ni pedir permiso al gobierno pakistaní. Se dirigieron a una especie de palacete donde tenían el convencimiento de que habitaba el terrorista. Una vez llegaron hasta el inmueble, lo asaltaron y una vez frente a Bin Laden le dispararon en la cabeza. No sé si la "justicia" del señor Obama incluye también la muerte a tiros de otras tres personas, entre ellas una mujer, que allí se encontraban. El objetivo del comando militar no era detener a Bin Laden, era sencillamente matarlo. Y esto no lo digo yo, lo dicen varios mandos del Pentágono a los períodicos. Las órdenes dadas a los militares eran meridianamente claras, había que que matar a Bin Laden. Una operación "quirúrgica", como eufemísticamente se llama ahora a las operaciones militares de ataque en las que siempre mueren personas.
No, señor Obama. Esto no es hacer "justicia". Esto es sencillamente un asesinato. Por eso estoy seguro que nunca sabremos la identidad de los veinte soldados que llevaron a cabo la operación, ni qué mando militar dio la orden para ejecutar la operación ni qué mando político dio el "OK" arrogándose la doble condición de juez y verdugo. Ni siquiera se podrá hacer la autopsia al cadáver, arrojado al mar pocas horas después de los hechos. Ya sabemos que al asesino siempre le conviene deshacerse del cadáver porque es el objeto material del delito. Ni una imagen de foto o vídeo se tomó del cuerpo sin vida del terrorista, todo ello con el pretexto, descabellado por cierto, de que no se hiciera de él un martir. ¿Recordáis el ajusticiamiento de Sadam Hussein? Hasta en internet pulula un vídeo de su ahorcamiento. La diferencia es clara, a Sadam se le juzgó y se le condenó, pero a Bin Laden, alguien a quien no le correpondía le ha hecho "justicia". Seré un tío raro, pero así es como veo las cosas.
Todo el mundo se ha alegrado de la noticia. En Estados Unidos, la gente se echó a la calle para festejar la muerte de su enemigo número uno. Los partidos de la liga de beisbol se interrumpieron para comunicar la "break news" a jugadores y público que, tras conocer la buena nueva, se abrazaron alborozados. Los Gobiernos de todo el mundo emitieron comunicados para transmitir la satisfacción que les producía la noticia. Todos los principales períodicos del mundo aplaudieron la muerte de Bin Laden.
Ya sé que lo que voy a decir quizá no sea lo políticamente correcto dadas las circunstancias, pero yo no escribo esta modesta columna para caer simpático. Lo hago para dar mi opinión. Y la verdad es que no me he alegrado de la muerte de este individuo así como tampoco creo que se haya hecho justicia.
No me alegro de la muerte de Osama Bin Laden porque, por más que me esfuerce, no me puedo alegrar por la muerte de ninguna persona. Bin Laden era un terrible y despreciable asesino terrorista. Era responsable de la muerte de miles de personas, víctimas de sus atentados en Nueva York, Wasingthon, Kenia, Tanzania, Madrid, Londres, etc. Era además un líder carismático entre sus fanáticos seguidores por lo que su desaparación debe resentir sobremanera a la organización Al Qaeda. Todo esto es cierto pero yo no me alegro de que haya muerto y mucho menos podría salir a la calle ni brindar con champagne para festejar la muerte de ninguna persona. Todo lo más positivo que me puede hacer sentir esta noticia es tranquilidad porque no cabe la menor duda de que el mundo sin Bin Laden será más tranquilo. El Derecho Penal y la Crimimología se asientan sobre cimientos científicos profundamente humanistas y quizá por eso, porque me siento penalista y criminólogo no encuentro motivos de celebración en la muerte de ningún delincuente, aunque sea Osama Bin Laden. Si Bin Laden hubiese manifestado públicamente su sincero arrepentimiento por todas las muertes que ha causado, hubiese abandonado las armas y se hubiese entregado voluntariamente a las autoridades, sí lo hubiese celebrado.
También habría celebrado que Bin Laden hubiera sido detenido y puesto a disposición judicial, que se le hubiese juzgado ante el Tribunal legalmente competente y que, después de que se hubiera podido defender en el juicio con los argumentos y pruebas que fuesen pertinentes, hubiera sido condenado. Señor Obama, eso sí sería haber hecho justicia y el primero que aplaudiría y brindaría con champagne sería yo. Pero esto no es lo que ha sucedido. Seamos claros, los hechos son los siguientes: un comando militar de operaciones especiales se internó en helicóptero en Pakistán sin informar ni pedir permiso al gobierno pakistaní. Se dirigieron a una especie de palacete donde tenían el convencimiento de que habitaba el terrorista. Una vez llegaron hasta el inmueble, lo asaltaron y una vez frente a Bin Laden le dispararon en la cabeza. No sé si la "justicia" del señor Obama incluye también la muerte a tiros de otras tres personas, entre ellas una mujer, que allí se encontraban. El objetivo del comando militar no era detener a Bin Laden, era sencillamente matarlo. Y esto no lo digo yo, lo dicen varios mandos del Pentágono a los períodicos. Las órdenes dadas a los militares eran meridianamente claras, había que que matar a Bin Laden. Una operación "quirúrgica", como eufemísticamente se llama ahora a las operaciones militares de ataque en las que siempre mueren personas.
No, señor Obama. Esto no es hacer "justicia". Esto es sencillamente un asesinato. Por eso estoy seguro que nunca sabremos la identidad de los veinte soldados que llevaron a cabo la operación, ni qué mando militar dio la orden para ejecutar la operación ni qué mando político dio el "OK" arrogándose la doble condición de juez y verdugo. Ni siquiera se podrá hacer la autopsia al cadáver, arrojado al mar pocas horas después de los hechos. Ya sabemos que al asesino siempre le conviene deshacerse del cadáver porque es el objeto material del delito. Ni una imagen de foto o vídeo se tomó del cuerpo sin vida del terrorista, todo ello con el pretexto, descabellado por cierto, de que no se hiciera de él un martir. ¿Recordáis el ajusticiamiento de Sadam Hussein? Hasta en internet pulula un vídeo de su ahorcamiento. La diferencia es clara, a Sadam se le juzgó y se le condenó, pero a Bin Laden, alguien a quien no le correpondía le ha hecho "justicia". Seré un tío raro, pero así es como veo las cosas.
domingo, 1 de mayo de 2011
Las ridículas indemnizaciones por muerte en accidentes de tráfico.
Desde 1992 hasta ahora, más de 63.000 muertos. Esta cifra absolutamente estremecedora son los fallecidos en accidentes de tráfico en España en ese período de tiempo. Ninguna enfermedad se aproxima siquiera a esa cifra. Ningún fenómeno criminógeno tiene paralelismo en cuanto a número de víctimas con los accidentes de tráfico. Además, muchísimos lesionados padecen perídodos muy largos de convalecencia y otros muchos secuelas gravísimas de por vida. Es la peor lacra de sangre y muerte a comienzos del siglo XXI.
La tragedia que padecen los familiares directos de los fallecidos es tremenda. Son muertes todas ellas traumáticas e inesperadas. En la mayoría de las ocasiones, los muertos son personas jóvenes, de menos de 40 años de edad. Tendré ocasión de analizar en próximos comentarios la legislación penal en materia de seguridad vial. Ahora, lo que quiero denunciar desde estas líneas son las lamentables indemnizaciones que en España se pagan a los familiares de los fallecidos por la compañías de seguros.
La cuantía de las indemnizaciones por daños personales en accidentes de tráfico está regulado en el Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro de Circulación de Vehículos a Motor, Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre. Cada año, la Dirección General de Seguros publica las actualizaciones de las cuantías en atención al incremento del IPC del año inmediatamente anterior.
Veamos. Cuando la víctima estaba casada o tenía pareja análoga al matrimonio, al cónyuge la corresponde una indemnización de 108.846,51 €. A cada hijo menor de edad, 45.352,71 €. A cada hijo mayor de edad menor de 25 años, 18.141,08 € y a los mayores de 25 años 9.070,54 €. A cada padre de la víctima fallecida con o sin convivencia con ella, 9.070,54 €. Partiendo de la base de que la vida humana, lógicamente, no tiene precio, lo cierto es que estas cantidades se revelan absolutamente ridículas tanto por los enormes daños morales que se irrogan por estos fallecimientos como por los perjuicios económicos tanto de daño emergente como de lucro cesante y eliminación de expectativas de futuro que llevan consigo. Además, si comparamos estas cuantías con las que se abonan en los países de nuestro entorno, la indignación se icrementa en progresión aritmética. Algunos supuestos resultan absolutamente escandalosos. Por ejemplo, si la víctima fallecida no estaba casada ni tenía pareja análoga ni tenía hijos, resulta que a cada hermano menor de edad que conviviese con la víctima, le corresponden 18.141,08 €. Para echarse a temblar. ¿Y a los hermanos menores de edad que no conviviesen con la víctima? ¿Y los hermanos mayores de edad de la víctima? No aparecen en el baremo y, por lo tanto, no tienen derecho a indemnización alguna. Un verdadero insulto porque hay que tener en cuenta que la mayor parte de estas cuantías se corresponden con los daños morales padecidos por los familiares. Es decir, el legislador considera que los hermanos menores de edad de la víctima que no conviviesen con ella y los hermanos mayores de edad, no sufren daños morales. Y, además, estas cuantías son las que corresponden a los familiares cuando el fallecido en el accidente de tráfico no tuvo culpa alguna en la producción del siniestro. Si el accidente se produjo por culpa exclusiva de la víctima, la indemnización es sencillamente cero euros.
Es cierto que la situación anterior a la promulgación de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión del Seguro Privado, era una auténtica selva. Había un baremo de indemnizaciones incluido en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 5 de marzo de 1991, pero no era vinculante para los Tribunales, sólo tenía un valor orientativo. Pero lo cierto es que, como dice Mariano Medina Crespo, se pasó de la injusticia de la inseguridad a la seguridad de la injusticia. Se ganó en seguridad jurídica y se perdió mucho en justicia material. Desde 1995 hasta ahora, leves reformas sin mucha transcendencia. A fecha de hoy, seguimos igual.
Las grandes beneficiadas de esta lamentable situación son, como os podéis imaginar, las compañías de seguros. El seguro de responsabilidad civil es obligatorio y los precios de las primas se incrementan de año en año. A nadie se nos escapa que las aseguradoras forman un auténtico lobby. Agrupadas en la UNESPA, sus influencias en el poder político son evidentes. Y lo peor es que el Tribunal Constitucional ha avalado esta situación. Su doctrina es la siguiente: El baremo es de obligatoria aplicación para los jueces y las personas que tienen derecho a ser indemnizadas por el fallecimiento de un familiar son las que figuran en él. Quien no figure en el baremo no tiene derecho a indemnización alguna.
La situación no tiene perspectivas de mejora. Las víctimas de los accidentes de tráfico no tienen suficiente repercusión mediática ni social como para obligar a que la ley se modifique. Es justo que la base de los cálculos de las indemnizaciones se regule por ley, pero de ahí a establecerlas al céntimo calculándolas a la baja y deciciendo el legislador quienes tienen daños morales indemnizables y quienes no, media un abismo. En materia de indemnización por fallecidos en accidentes de tráfico, seguridad jurídica, sí, pero posiblidades de flexibilización dentro de una horquilla para que los Tribunales fijen la cuantía atendiendo a cada caso concreto, también, y que los jueces puedan incluir o excluir beneficiarios dentro de los inicialmente incluidos en la norma, también. Es radicalmente injusto tratar igual lo que es desigual.
La tragedia que padecen los familiares directos de los fallecidos es tremenda. Son muertes todas ellas traumáticas e inesperadas. En la mayoría de las ocasiones, los muertos son personas jóvenes, de menos de 40 años de edad. Tendré ocasión de analizar en próximos comentarios la legislación penal en materia de seguridad vial. Ahora, lo que quiero denunciar desde estas líneas son las lamentables indemnizaciones que en España se pagan a los familiares de los fallecidos por la compañías de seguros.
La cuantía de las indemnizaciones por daños personales en accidentes de tráfico está regulado en el Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro de Circulación de Vehículos a Motor, Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre. Cada año, la Dirección General de Seguros publica las actualizaciones de las cuantías en atención al incremento del IPC del año inmediatamente anterior.
Veamos. Cuando la víctima estaba casada o tenía pareja análoga al matrimonio, al cónyuge la corresponde una indemnización de 108.846,51 €. A cada hijo menor de edad, 45.352,71 €. A cada hijo mayor de edad menor de 25 años, 18.141,08 € y a los mayores de 25 años 9.070,54 €. A cada padre de la víctima fallecida con o sin convivencia con ella, 9.070,54 €. Partiendo de la base de que la vida humana, lógicamente, no tiene precio, lo cierto es que estas cantidades se revelan absolutamente ridículas tanto por los enormes daños morales que se irrogan por estos fallecimientos como por los perjuicios económicos tanto de daño emergente como de lucro cesante y eliminación de expectativas de futuro que llevan consigo. Además, si comparamos estas cuantías con las que se abonan en los países de nuestro entorno, la indignación se icrementa en progresión aritmética. Algunos supuestos resultan absolutamente escandalosos. Por ejemplo, si la víctima fallecida no estaba casada ni tenía pareja análoga ni tenía hijos, resulta que a cada hermano menor de edad que conviviese con la víctima, le corresponden 18.141,08 €. Para echarse a temblar. ¿Y a los hermanos menores de edad que no conviviesen con la víctima? ¿Y los hermanos mayores de edad de la víctima? No aparecen en el baremo y, por lo tanto, no tienen derecho a indemnización alguna. Un verdadero insulto porque hay que tener en cuenta que la mayor parte de estas cuantías se corresponden con los daños morales padecidos por los familiares. Es decir, el legislador considera que los hermanos menores de edad de la víctima que no conviviesen con ella y los hermanos mayores de edad, no sufren daños morales. Y, además, estas cuantías son las que corresponden a los familiares cuando el fallecido en el accidente de tráfico no tuvo culpa alguna en la producción del siniestro. Si el accidente se produjo por culpa exclusiva de la víctima, la indemnización es sencillamente cero euros.
Es cierto que la situación anterior a la promulgación de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión del Seguro Privado, era una auténtica selva. Había un baremo de indemnizaciones incluido en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 5 de marzo de 1991, pero no era vinculante para los Tribunales, sólo tenía un valor orientativo. Pero lo cierto es que, como dice Mariano Medina Crespo, se pasó de la injusticia de la inseguridad a la seguridad de la injusticia. Se ganó en seguridad jurídica y se perdió mucho en justicia material. Desde 1995 hasta ahora, leves reformas sin mucha transcendencia. A fecha de hoy, seguimos igual.
Las grandes beneficiadas de esta lamentable situación son, como os podéis imaginar, las compañías de seguros. El seguro de responsabilidad civil es obligatorio y los precios de las primas se incrementan de año en año. A nadie se nos escapa que las aseguradoras forman un auténtico lobby. Agrupadas en la UNESPA, sus influencias en el poder político son evidentes. Y lo peor es que el Tribunal Constitucional ha avalado esta situación. Su doctrina es la siguiente: El baremo es de obligatoria aplicación para los jueces y las personas que tienen derecho a ser indemnizadas por el fallecimiento de un familiar son las que figuran en él. Quien no figure en el baremo no tiene derecho a indemnización alguna.
La situación no tiene perspectivas de mejora. Las víctimas de los accidentes de tráfico no tienen suficiente repercusión mediática ni social como para obligar a que la ley se modifique. Es justo que la base de los cálculos de las indemnizaciones se regule por ley, pero de ahí a establecerlas al céntimo calculándolas a la baja y deciciendo el legislador quienes tienen daños morales indemnizables y quienes no, media un abismo. En materia de indemnización por fallecidos en accidentes de tráfico, seguridad jurídica, sí, pero posiblidades de flexibilización dentro de una horquilla para que los Tribunales fijen la cuantía atendiendo a cada caso concreto, también, y que los jueces puedan incluir o excluir beneficiarios dentro de los inicialmente incluidos en la norma, también. Es radicalmente injusto tratar igual lo que es desigual.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)