Cuando Alfonso Guerra era el Vicepresidente del Gobierno pronunció muchas frases lapidarias que nos vienen a la memoria muy a menudo. Una de ellas fue "Maquiavelo ha muerto". Si al padre de la división de poderes de dieron la estocada hace casi treinta años, el actual Ministro de Justicia le ha intentado propinar la puntilla.
Francisco Caamaño tiene un aire de puntillero de vanguardia. Moreno, orondo y con aspecto bonascible, parece esperar la orden del maestro para acercarse la res echada en el albero mortalmente herida, flexionar la pierna derecha y dirigir la puntilla a pulso hacia el testuz de astado. Es de vanguardia porque no se conoce puntillero en la Historia de la Tauromaquia con barba poblada. Es un puntillero progresista. El toro, antaño estoqueado, es la justicia penal.
El Ministro Caamaño ha dicho a la agencia Efe nada menos que lo siguiente: Que hay redactado un borrador de anteproyecto de nueva Ley de Enjuiamiento Criminal y que, en esta legislatura, va a intentar que se apruebe en el Parlamento buscando el consenso de todas las fuerzas políticas. La principal novedad de la nueva ley procesal penal consiste en la asunción por parte del Ministerio Fiscal de las competencias instructoras en los procedimientos penales. El cachetero no ha acertado ni por aproximación. La puntilla ha penetrado muy lejos de las vértebras cervicales del moribundo cornúpeta.
Que se hace precisa la aprobación de una nueva Ley de Enjuciamiento Criminal es obvio. La actual data de 1882, está parcheada en casi todo su articulado y se ha quedado obsoleta. Hay que reducir el número de procedimientos penales, regular las intromisiones en los derechos fundamentales de las personas efectuadas por mandato judicial, esto es, prisión preventiva, intervenciones telefónicas, entrada y registro, etc., efectuar una nueva regulación de los recursos contra las Sentencias, suprimir definitivamene muchos preceptos arcaicos, en fin, hace falta una nueva ley procesal penal.
Pero pretender que un texto que en la actualidad es sólo un borrador de anteproyecto sea aprobado por las Cortes con el consenso de la oposición en esta legislatura a la que le quedan, en el mejor (o peor) de los casos, seis meses, es sencillamente una ilusión rayana en trastorno psicótico. Como no me cuadra que un puntillero sea un trastornado, creo que en realidad es un cachondo. Hay que pensar bien.
Apunta el cachetero a conciencia cuando dice que la novedad principal de la reforma radica en que el Fiscal será el que ostente las competencias para instruir las causas. Los fiscales están perfectamente capacitados para instruir, pero si asumen esas competencias sin modificar su estatuto orgánico, la democracia va a salir por la puerta y nos va a dejar al arbitrio del poder político. En efecto, el Ministerio Fiscal tiene como funciones constitucionales promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público tutelado por la ley. Pero el Fiscal no es independiente ni inamovible. Está sometido al principio de jerarquía, esto es, debe cumplir las órdenes que recibe el miembro de la Fiscalía superior jerárquico y, en la parte más alta de esta pirámide está el Fiscal General del Estado, designado directamente por el Presidente del Gobierno. No hace falta citar ningún ejemplo para acreditar la manifiesta parcialidad en la actuación de la Fiscalía en según qué asuntos y, casualmente, siempre decanta su actividad jurídica a favor de los intereses del Gobierno o del partido político del Gobierno. Y no sólo el actual Fiscal General del Estado sino todos sin excepción en los últimos treinta años. Si el Fiscal asume la instrucción de las causas sin adquirir previamente independencia e inamovibilidad otorgadas por ley, la instrumentalización del proceso penal para perseguir políticamente a los disidentes dependerá únicamente de la voluntad de quienes ostenten el Poder Ejecutivo. Cuando eso ocurra, que llamen a las mulillas y que se lleven al toro porque su cuerpo sin vida estorbará a los lidiadores y con su sangre ensuciará el albero.
Para rubricar su subalterna actuación, el Ministro Caamaño también ha dicho que en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal se va a establecer que sólo se podrán acordar intervenciones telefónicas cuando se investiguen delitos que tengan asignadas penas superiores a cinco años de prisión. La casta sale a relucir, pero no la casta torera sino la política. Los delitos de prevaricación, casi todos los tipos de cohecho y tráfico de influencias no podrán ser objeto de investigación mediante intervenciones telefónicas. Magnífico. Caamaño puede ser el primer puntillero al que sus compañeros de profesión le pongan una escultura en la puerta del Congreso.
Lo más positivo de todo este cúmulo de despropósitos es que ese borrador de anteproyecto no va a pasar de ahí. No va a dar tiempo a nada. La bazofia se pudrirá en cualquier olvidado cajón del Ministerio de Justicia. El toro se ha levantado. Todavía podemos concederle el indulto.
martes, 5 de julio de 2011
lunes, 4 de julio de 2011
Caza de vampiros en la sede de la SGAE
Viernes, 1 de julio de 2011. La Guardia Civil sale a la caza de los vampiros. Los máximos dirigentes de la SGAE, con su Presidente Teddy Bautista a la cabeza, son detenidos por orden del Juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. Técnicamente se les imputan delitos de apropiación indebida y administración desleal por el presunto desvío de fondos de la SGAE a otra sociedad paralela y filial de ésta y, desde esta otra sociedad a una empresa privada vinculada a los detenidos. Se ha publicado que el desfalco puede alcanzar los 500 millones de euros. Un burdo choriceo.
Pongamos las cosas claras. Me solivianta la posición de dominio que la SGAE, asociación creada al auspicio del régimen del General Franco, ha alcanzado en España en los últimos años. Bajo el paraguas del Gobierno han obtenido unas prebendas legislativas absolutamente disparatadas e injustas, prebendas denunciadas desde todos los ámbitos y que, según encuestas publicadas, han provocado que Teddy Bautista sea el ciudadano que peor cae a los españoles. Esas prebendas son el pago del Gobierno al indisimulado apoyo que los artistas más influyentes de la SGAE han venido mostrando al Partido Socialista cada vez que se enfrentaban a un proceso electoral. Son "el sindicato de la ceja". Hasta tal punto ha llegado la influencia de la SGAE en el Gobierno que el Presidente nombró Ministra de Cultura a Ángeles González Sinde, discretísima cineasta y defensora a ultranza del denominado "canon digital", una suerte de impuesto revolucionario avalado por el Boletín Oficial del Estado.
En efecto, resulta injusto, sangrante y penoso que, cuando los ciudadanos compramos una radio para escuchar música, deportes o noticias, le tengamos que pagar un canon a cantantes que llevan años y años sin grabar un disco ni pisar un escenario, a directores de cine de largometrajes subvencionados y a los escritores de los prospectos de las medicinas. Esto ya sabíamos que era disparatado, pero es que si además lo que estábamos haciendo era enriquecer desmesuradamente a los dirigentes de la SGAE, lo injusto se transforma en esperpéntico.
Dicho esto, una vez más, en este asunto reclamo prudencia. En primer lugar porque todos los detenidos tienen derecho a la presunción de inocencia. Es cierto que este derecho fundamental lo ostentan quienes son formalmente acusados o imputados de una infracción, pero no está demás recordar que el procedimiento se encuentra bajo secreto de sumario y que hasta que no se pruebe en juicio oral y ante el Tribunal competente, Teddy y sus colegas son presuntamente inocentes.
También reclamo prudencia porque sencillamente no me fío del Ministro Alfredo Pérez Rubalcaba. La confianza en las personas es, por definición, subjetiva. O se confía o no se confía en alguien por razones íntimas y veces irracionales. Y yo de Rubalcaba no me fío. La Ministra de Cultura Ángeles González Sinde es una apuesta personal del Presidente Zapatero para contentar a la SGAE. Rubalcaba está en plena operación de desmarque de Zapatero para tratar de evitar, en la medida de lo posible, una más que probable debacle electoral en las generales y, en ejecución de este plan político preconcebido, va acaparando cada vez más poder en las filas de su partido en detrimento del todavía Secretario General y se quita de enmedio las personas que en su opinión constituyen un obstáculo. Una de estas personas es Ángeles González Sinde. Políticamente, ya se la ha cargado. El Ministerio de Cultura tiene la obligación legal de supervisar la actividad y las cuentas de la SGAE y en este caso es obvio que esa obligación fiscalizadora no se ha cumplido en modo alguno. Ángeles González Sinde tiene las horas contadas.
Y esa desconfianza que me inspira Pérez Rubalcaba está avalada además porque ha habido durante etapa al frente del Ministerio del Interior otras operaciones no menos espectaculares que esta que, en muchas ocasiones, se han desinflado hasta quedar en nada o en casi nada. Eso sí, todas ellas eran casualmente oportunas desde el punto de vista de sus intereses políticos.
El asunto de la SGAE es grave, muy grave. Probablemente, se le acabó la fiesta. El millonario Teddy Bautista debe dimitir o ser cesado de su cargo de manera inmediata. La Guardia Civil salió a la caza de los vampiros y los llevó ante el Juez, pero para liquidar a Drácula hay que clavarle una estaca de madera en el corazón. ¿Estará la Fiscalía por la labor?
Pongamos las cosas claras. Me solivianta la posición de dominio que la SGAE, asociación creada al auspicio del régimen del General Franco, ha alcanzado en España en los últimos años. Bajo el paraguas del Gobierno han obtenido unas prebendas legislativas absolutamente disparatadas e injustas, prebendas denunciadas desde todos los ámbitos y que, según encuestas publicadas, han provocado que Teddy Bautista sea el ciudadano que peor cae a los españoles. Esas prebendas son el pago del Gobierno al indisimulado apoyo que los artistas más influyentes de la SGAE han venido mostrando al Partido Socialista cada vez que se enfrentaban a un proceso electoral. Son "el sindicato de la ceja". Hasta tal punto ha llegado la influencia de la SGAE en el Gobierno que el Presidente nombró Ministra de Cultura a Ángeles González Sinde, discretísima cineasta y defensora a ultranza del denominado "canon digital", una suerte de impuesto revolucionario avalado por el Boletín Oficial del Estado.
En efecto, resulta injusto, sangrante y penoso que, cuando los ciudadanos compramos una radio para escuchar música, deportes o noticias, le tengamos que pagar un canon a cantantes que llevan años y años sin grabar un disco ni pisar un escenario, a directores de cine de largometrajes subvencionados y a los escritores de los prospectos de las medicinas. Esto ya sabíamos que era disparatado, pero es que si además lo que estábamos haciendo era enriquecer desmesuradamente a los dirigentes de la SGAE, lo injusto se transforma en esperpéntico.
Dicho esto, una vez más, en este asunto reclamo prudencia. En primer lugar porque todos los detenidos tienen derecho a la presunción de inocencia. Es cierto que este derecho fundamental lo ostentan quienes son formalmente acusados o imputados de una infracción, pero no está demás recordar que el procedimiento se encuentra bajo secreto de sumario y que hasta que no se pruebe en juicio oral y ante el Tribunal competente, Teddy y sus colegas son presuntamente inocentes.
También reclamo prudencia porque sencillamente no me fío del Ministro Alfredo Pérez Rubalcaba. La confianza en las personas es, por definición, subjetiva. O se confía o no se confía en alguien por razones íntimas y veces irracionales. Y yo de Rubalcaba no me fío. La Ministra de Cultura Ángeles González Sinde es una apuesta personal del Presidente Zapatero para contentar a la SGAE. Rubalcaba está en plena operación de desmarque de Zapatero para tratar de evitar, en la medida de lo posible, una más que probable debacle electoral en las generales y, en ejecución de este plan político preconcebido, va acaparando cada vez más poder en las filas de su partido en detrimento del todavía Secretario General y se quita de enmedio las personas que en su opinión constituyen un obstáculo. Una de estas personas es Ángeles González Sinde. Políticamente, ya se la ha cargado. El Ministerio de Cultura tiene la obligación legal de supervisar la actividad y las cuentas de la SGAE y en este caso es obvio que esa obligación fiscalizadora no se ha cumplido en modo alguno. Ángeles González Sinde tiene las horas contadas.
Y esa desconfianza que me inspira Pérez Rubalcaba está avalada además porque ha habido durante etapa al frente del Ministerio del Interior otras operaciones no menos espectaculares que esta que, en muchas ocasiones, se han desinflado hasta quedar en nada o en casi nada. Eso sí, todas ellas eran casualmente oportunas desde el punto de vista de sus intereses políticos.
El asunto de la SGAE es grave, muy grave. Probablemente, se le acabó la fiesta. El millonario Teddy Bautista debe dimitir o ser cesado de su cargo de manera inmediata. La Guardia Civil salió a la caza de los vampiros y los llevó ante el Juez, pero para liquidar a Drácula hay que clavarle una estaca de madera en el corazón. ¿Estará la Fiscalía por la labor?
domingo, 12 de junio de 2011
Violencia de género: Una equivocada e injusta política criminal
El derecho fundamental a la igualdad (art. 14 de la Constitución Española) ha pasado una auténtica prueba de fuego en el Tribunal Consitucional en la resolución de las diversas cuestiones de constitucionalidad palanteadas respecto a las normas penales incluidas en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Protección Integral contra la Violencia de Género y que reformaron diversos preceptos del Código Penal otorgando un trato privilegiado a las mujeres que tengan o hayan tenido pareja masculina respecto al resto de las personas.
El TC, en su Sentencia 59/2008 analizó la constitucionalidad del art. 153.1.I del Código Penal. En este precepto se castiga a un varón que maltrate del modo descrito en la norma a quien es o haya sido su pareja femenina con una pena de seis meses a un año de prisión, mientras que el mismo maltrato en el resto de supuestos de parejas o exparejas (maltratos cometidos por una mujer o maltratos cometidos por un varón contra otro) o hacia los demás sujetos pasivos protegidos (descendientes, ascendientes, hermanos propios o del conviviente, menores o incapaces que convivan con él o cualquier persona integrada en el núcleo de convivencia familiar) tiene un marco penal inferior estableciendo un límite mínimo de tres meses de prisión.
Para el TC la diferenciación en el tratamiento penológico se sustenta en la voluntad del legislador de sancionar más unas agresiones que entiende son más graves y más reprochables socialmente a partir del contexto en el que se producen y de que tales conductas suponen el trasunto de una desigualdad en el ámbito de las relaciones de pareja de gravísimas consecuencias para quien de un modo constitucionalmente intolerable ostenta una posición subordinada. En el presente caso, el TC avala la legitimidad constitucional de la norma, esto es, la funcionalidad de la agravación a partir del razonable entendimiento de un mayor desvalor en las agresiones del varón hacia la mujer que es o ha sido su pareja y asimismo también declara la ausencia de desproporción de las consecuencias de la diferenciación. Entiende el TC, al igual que el legislador de 2004, que concurre un mayor desvalor en las agresiones del hombre hacia quien es o fue su mujer que en cualesquiera otras en el ámbito de la relación de quienes son o fueron pareja efectiva y en cualesquiera otras en el ámbito de las relaciones familiares y de guarda o custodia. Si está acreditado ese mayor desvalor de la conducta, es totalmente razonable que pueda imponerse una pena más grave para prevenirla (STC 76/2008). Según declara expresamente la STC 59/2008 no es irrazonable entender que en la agresión del varón hacia la mujer que es o haya sido su pareja se ve peculiarmente dañada la libertad de ésta, se ve intensificado su sometimiento a la voluntad del agresor y se ve peculiarmente dañada su dignidad, en cuanto persona agredida al amparo de una arraigada estructura desigualitaria que la considera como inferior, como ser con menores competencias, capacidades o derechos a los que cualquier persona merece.
Este razonamiento se hizo trasladable a la desestimación de las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas respecto al art. 171.4 del Código Penal (amenazas leves) y 172.2 (coacciones leves) a pesar de que en estos dos supuestos la diferenciación es mucho más importante ya que los preceptos analizados consideran delito lo que en los demás supuestos está tipificado como falta.
Personalmente, no estoy de acuerdo con el Tribunal Constitucional, y no lo estoy fundamentalmente por dos razones: una de carácter jurídico penal y otra de tipo criminológico.
Desde un punto de vista jurídico penal y analizando la vertiente axiológica de la antijuricidad de las conductas comentadas, no llego a entender la razón por la cual los actos de violencia ejercidos por un varón contra quien sea o haya sido su pareja femenina tienen un mayor desvalor, esto es, son más graves, que los ejercidos, por ejemplo por un varón o por una mujer contra su bebé o contra su anciano e inválido padre. ¿merece la mujer pareja o expareja del varón agresor una mayor protección que un bebé, un incapaz o un anciano o anciana discapacitado? Para el legislador de 2004 y para el Tribunal Constitucional, sí. La razón que aducen para ello la "posición de subordinación de la mujer al varón" basada en "una arraigada estructura desigualitaria". Debe ser que el legislador y el Tribunal Constitucional creen que la mujer está más indefensa que un bebé, un incapaz o un anciano discapacitado y, por tanto, se hace merecedora de una mayor protección por la norma penal. Bajo mi punto de vista, ese argumento no se sostiene por ningún sitio y de ninguna manera puede justificar un trato legislativo desigual entre unos sujetos y otros.
En segundo lugar y desde un punto de vista criminológico, la finalidad perseguida por el legislador de 2004 ha desembocado en un fracaso absoluto. Las mujeres fallecidas a manos de sus parejas o exparejas masculinas aumenta año tras año. Cada semana, los periódicos dan fe de al menos tres o cuatro homicidios cometidos en este ámbito. Por lo tanto, las razones de política criminal que indujeron al legislador a la aprobación de la comentada reforma no se han resentido lo más mínimo porque con la Ley Integral aprobada desde hace siete años el problema, lejos de remitir, se ha acuciado. No creo exagerar si afirmo que la reforma no ha servido para nada.
En resumen, se aprueba una ley que trata a las personas de manera desigual en función únicamente de su sexo y del tipo de relación de pareja que tienen o han tenido, se han creado unos órganos judiciales específicos, los Juzgados de Violencia sobre la mujer (el único Tribunal penal especial existente después de la dictadura de Franco), se ha regulado una masiva e inmediata movilización de Jueces, Fiscales, Secretarios Judiciales, funcionarios varios, Médicos Forenses, Policías, Guardias Civiles y Abogados, todos al servicio (siempre gratuito, por cierto) de la mujer que denuncia. Al varón denunciado se le detiene, se le mantiene en los calabozos policiales hasta que es puesto a disposición judicial y, una vez en sede judicial penal especial, se le acuerda una orden de alejamiento, se le expulsa inmediatamente de su domicilio, se le aleja de sus hijos y se le obliga desde ya a pagar una pensión alimenticia. Si posteriormente, cuando se celebre el jucio, es absuelto, el daño a su presunción de inocencia ya está hecho y no se resarce de ninguna manera. Fijémosnos en un detalle: si la mujer denunciante formula su demanda de separación o divorcio, el Juzgado competente es el de Violencia sobre la mujer, y si el varón es absuelto en el proceso penal, da lo mismo. De por vida tendrá su sentencia de separación o divorcio en cuyo encabezamiento rezará: "Juzgado de violencia sobre la mujer nº....". Si todo esto es justo, que baje Dios y lo vea. Si además, todas estas reformas no han resuelto de ninguna manera el problema criminológico que justificó su aprobación, el fracaso del legislador de 2004 se antoja palmario. A lo mejor resulta que una política criminal basada en la educación es más justa y más efectiva que reformas penales basadas en el populismo penológico. ¿Por qué no lo intentamos?
El TC, en su Sentencia 59/2008 analizó la constitucionalidad del art. 153.1.I del Código Penal. En este precepto se castiga a un varón que maltrate del modo descrito en la norma a quien es o haya sido su pareja femenina con una pena de seis meses a un año de prisión, mientras que el mismo maltrato en el resto de supuestos de parejas o exparejas (maltratos cometidos por una mujer o maltratos cometidos por un varón contra otro) o hacia los demás sujetos pasivos protegidos (descendientes, ascendientes, hermanos propios o del conviviente, menores o incapaces que convivan con él o cualquier persona integrada en el núcleo de convivencia familiar) tiene un marco penal inferior estableciendo un límite mínimo de tres meses de prisión.
Para el TC la diferenciación en el tratamiento penológico se sustenta en la voluntad del legislador de sancionar más unas agresiones que entiende son más graves y más reprochables socialmente a partir del contexto en el que se producen y de que tales conductas suponen el trasunto de una desigualdad en el ámbito de las relaciones de pareja de gravísimas consecuencias para quien de un modo constitucionalmente intolerable ostenta una posición subordinada. En el presente caso, el TC avala la legitimidad constitucional de la norma, esto es, la funcionalidad de la agravación a partir del razonable entendimiento de un mayor desvalor en las agresiones del varón hacia la mujer que es o ha sido su pareja y asimismo también declara la ausencia de desproporción de las consecuencias de la diferenciación. Entiende el TC, al igual que el legislador de 2004, que concurre un mayor desvalor en las agresiones del hombre hacia quien es o fue su mujer que en cualesquiera otras en el ámbito de la relación de quienes son o fueron pareja efectiva y en cualesquiera otras en el ámbito de las relaciones familiares y de guarda o custodia. Si está acreditado ese mayor desvalor de la conducta, es totalmente razonable que pueda imponerse una pena más grave para prevenirla (STC 76/2008). Según declara expresamente la STC 59/2008 no es irrazonable entender que en la agresión del varón hacia la mujer que es o haya sido su pareja se ve peculiarmente dañada la libertad de ésta, se ve intensificado su sometimiento a la voluntad del agresor y se ve peculiarmente dañada su dignidad, en cuanto persona agredida al amparo de una arraigada estructura desigualitaria que la considera como inferior, como ser con menores competencias, capacidades o derechos a los que cualquier persona merece.
Este razonamiento se hizo trasladable a la desestimación de las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas respecto al art. 171.4 del Código Penal (amenazas leves) y 172.2 (coacciones leves) a pesar de que en estos dos supuestos la diferenciación es mucho más importante ya que los preceptos analizados consideran delito lo que en los demás supuestos está tipificado como falta.
Personalmente, no estoy de acuerdo con el Tribunal Constitucional, y no lo estoy fundamentalmente por dos razones: una de carácter jurídico penal y otra de tipo criminológico.
Desde un punto de vista jurídico penal y analizando la vertiente axiológica de la antijuricidad de las conductas comentadas, no llego a entender la razón por la cual los actos de violencia ejercidos por un varón contra quien sea o haya sido su pareja femenina tienen un mayor desvalor, esto es, son más graves, que los ejercidos, por ejemplo por un varón o por una mujer contra su bebé o contra su anciano e inválido padre. ¿merece la mujer pareja o expareja del varón agresor una mayor protección que un bebé, un incapaz o un anciano o anciana discapacitado? Para el legislador de 2004 y para el Tribunal Constitucional, sí. La razón que aducen para ello la "posición de subordinación de la mujer al varón" basada en "una arraigada estructura desigualitaria". Debe ser que el legislador y el Tribunal Constitucional creen que la mujer está más indefensa que un bebé, un incapaz o un anciano discapacitado y, por tanto, se hace merecedora de una mayor protección por la norma penal. Bajo mi punto de vista, ese argumento no se sostiene por ningún sitio y de ninguna manera puede justificar un trato legislativo desigual entre unos sujetos y otros.
En segundo lugar y desde un punto de vista criminológico, la finalidad perseguida por el legislador de 2004 ha desembocado en un fracaso absoluto. Las mujeres fallecidas a manos de sus parejas o exparejas masculinas aumenta año tras año. Cada semana, los periódicos dan fe de al menos tres o cuatro homicidios cometidos en este ámbito. Por lo tanto, las razones de política criminal que indujeron al legislador a la aprobación de la comentada reforma no se han resentido lo más mínimo porque con la Ley Integral aprobada desde hace siete años el problema, lejos de remitir, se ha acuciado. No creo exagerar si afirmo que la reforma no ha servido para nada.
En resumen, se aprueba una ley que trata a las personas de manera desigual en función únicamente de su sexo y del tipo de relación de pareja que tienen o han tenido, se han creado unos órganos judiciales específicos, los Juzgados de Violencia sobre la mujer (el único Tribunal penal especial existente después de la dictadura de Franco), se ha regulado una masiva e inmediata movilización de Jueces, Fiscales, Secretarios Judiciales, funcionarios varios, Médicos Forenses, Policías, Guardias Civiles y Abogados, todos al servicio (siempre gratuito, por cierto) de la mujer que denuncia. Al varón denunciado se le detiene, se le mantiene en los calabozos policiales hasta que es puesto a disposición judicial y, una vez en sede judicial penal especial, se le acuerda una orden de alejamiento, se le expulsa inmediatamente de su domicilio, se le aleja de sus hijos y se le obliga desde ya a pagar una pensión alimenticia. Si posteriormente, cuando se celebre el jucio, es absuelto, el daño a su presunción de inocencia ya está hecho y no se resarce de ninguna manera. Fijémosnos en un detalle: si la mujer denunciante formula su demanda de separación o divorcio, el Juzgado competente es el de Violencia sobre la mujer, y si el varón es absuelto en el proceso penal, da lo mismo. De por vida tendrá su sentencia de separación o divorcio en cuyo encabezamiento rezará: "Juzgado de violencia sobre la mujer nº....". Si todo esto es justo, que baje Dios y lo vea. Si además, todas estas reformas no han resuelto de ninguna manera el problema criminológico que justificó su aprobación, el fracaso del legislador de 2004 se antoja palmario. A lo mejor resulta que una política criminal basada en la educación es más justa y más efectiva que reformas penales basadas en el populismo penológico. ¿Por qué no lo intentamos?
jueves, 9 de junio de 2011
El burka de la vergüenza y la alianza de civilizaciones
Vivimos en la sociedad de la incoherencia. Resulta asombroso comprobar como el maniqueismo se ha apoderado de nuestros mediocres gobernantes con la gravísima consecuencia de arrastrar a la opinión pública en sus prefabricados postulados.
Situémosnos. El Presidente del Gobierno actual se declara feminista expresa, pública y orgullosamente. Lleva a la práctica un disparatado reparto sexual en el nombramiento de sus ministros, esto es, mitad hombres y mitad mujeres por norma, con independencia de su valía. Promueve la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, llamada "ley integral" para combatir la violencia contra las mujeres y resulta que se han creado órganos judiciales específicos, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, Fiscalías especiales, trato jurídico injustificadamente desigual entre mujeres y hombres en claro perjuicio de estos últimos, agravios comparativos entre parejas heterosexuales y homosexuales en perjuicio de estas últimas y, sin embargo, el número de mujeres fallecidas a manos de sus parejas o exparejas sigue incrementándose. El fin nunca puede justificar los medios pero es que en este caso la finalidad perseguida no se ha alcanzado ni por aproximación.
El partido político en el gobierno se declara también feminista y resulta que las dos únicas mujeres presidentas de comunidades autónomas de la Historia de España son...... Esperanza Aguirre y Dolores Cospedal. Es decir, son feministas para nombrar cargos intermedios pero para los puestos verdaderamente poderosos la reivindicada paridad brilla por su ausencia.
El Presidente del Gobierno llegó incluso a crear el denominado Ministerio de Igualdad dilapidando el dinero que no tenemos, reduciendo el significado político del derecho a la igualdad a una sola de sus acepciones y colocando en el cargo a una persona, mujer por supuesto, que lo único que demostró fue su vocación innovadora en la denominación de los sustantivos, adjetivos y adverbios.
Pues bien, estos que se autoproclaman feministas, han dicho que son partidarios de que las mujeres vayan tranquilamente con un burka tapando su cabeza obedeciendo sumisamente las órdenes de sus esposos talibanes. No salgo de mi asombro. ¿Os imaginais que se permitiera que una mujer fuera por la calle arrastrándose por el suelo siendo tirada por su marido con una cadena como si de un perro se tratara? Pues lo del burka es exactamente los mismo. Que alguien me explique la diferencia.
Soy un firme defensor de la libertad religiosa. Así lo he dicho en otros comentarios. Pero estareis de acuerdo conmigo en que la libertad religiosa termina cuando se vulneran los derechos humanos. En nombre de la libertad religiosa no se puede permitir el ataque frontal a la dignidad de las mujeres que el uso del burka supone, y cuando hablo del burka extiendo mi argumento a otros modos de ocultación de rostro similares. En España eso no se puede permitir. Pues bien, resulta que quien fue titular de ese demencial Ministerio de Igualdad ha dicho públicamente que no es partidaria de prohibir el uso del burka por las mujeres, y el Presidente del Gobierno, el que se autoproclama feminista, no sabe o no contesta.
Se nos dice que si la mujer libremente decide llevar puesto esa despreciable prenda, esa vergonzosa prenda, los gobernantes no son quienes para impedírselo. Qué majadería. La libertad de esas mujeres es cuando menos discutible pero lo que es disparatado y perverso es que cualquier persona, sea hombre o mujer, vaya por la calle exhibiendo su propia degradación voluntaria o inducida. Esa mujer arrastrándose por la calle y llevada por su marido con una cadena puede perfectamente consentir libremente a ello, pero los poderes públicos, la sociedad, ni puede ni debe permitirlo.
El Presidente del Gobierno ha promovido la por él denominada "alianza de civilizaciones". Su propósito ha sido un absoluto fracaso. No podía ser de otra manera. Nuestra civilización, la occidental, ni puede ni debe aliarse con los talibanes, con los salafistas o con los yihadistas. Quien se proclama feminista quiere que nuestra sociedad que, con todos los defectos que queramos, se rige por los derechos humanos, suscriba no se sabe qué alianza con quienes dilapidan a las mujeres condenadas por adulterio o les prohiben llevar un simple pantalón vaquero. Eso sí, en el Gobierno, que haya paridad. Estos no son feministas, son feminoides.
Situémosnos. El Presidente del Gobierno actual se declara feminista expresa, pública y orgullosamente. Lleva a la práctica un disparatado reparto sexual en el nombramiento de sus ministros, esto es, mitad hombres y mitad mujeres por norma, con independencia de su valía. Promueve la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, llamada "ley integral" para combatir la violencia contra las mujeres y resulta que se han creado órganos judiciales específicos, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, Fiscalías especiales, trato jurídico injustificadamente desigual entre mujeres y hombres en claro perjuicio de estos últimos, agravios comparativos entre parejas heterosexuales y homosexuales en perjuicio de estas últimas y, sin embargo, el número de mujeres fallecidas a manos de sus parejas o exparejas sigue incrementándose. El fin nunca puede justificar los medios pero es que en este caso la finalidad perseguida no se ha alcanzado ni por aproximación.
El partido político en el gobierno se declara también feminista y resulta que las dos únicas mujeres presidentas de comunidades autónomas de la Historia de España son...... Esperanza Aguirre y Dolores Cospedal. Es decir, son feministas para nombrar cargos intermedios pero para los puestos verdaderamente poderosos la reivindicada paridad brilla por su ausencia.
El Presidente del Gobierno llegó incluso a crear el denominado Ministerio de Igualdad dilapidando el dinero que no tenemos, reduciendo el significado político del derecho a la igualdad a una sola de sus acepciones y colocando en el cargo a una persona, mujer por supuesto, que lo único que demostró fue su vocación innovadora en la denominación de los sustantivos, adjetivos y adverbios.
Pues bien, estos que se autoproclaman feministas, han dicho que son partidarios de que las mujeres vayan tranquilamente con un burka tapando su cabeza obedeciendo sumisamente las órdenes de sus esposos talibanes. No salgo de mi asombro. ¿Os imaginais que se permitiera que una mujer fuera por la calle arrastrándose por el suelo siendo tirada por su marido con una cadena como si de un perro se tratara? Pues lo del burka es exactamente los mismo. Que alguien me explique la diferencia.
Soy un firme defensor de la libertad religiosa. Así lo he dicho en otros comentarios. Pero estareis de acuerdo conmigo en que la libertad religiosa termina cuando se vulneran los derechos humanos. En nombre de la libertad religiosa no se puede permitir el ataque frontal a la dignidad de las mujeres que el uso del burka supone, y cuando hablo del burka extiendo mi argumento a otros modos de ocultación de rostro similares. En España eso no se puede permitir. Pues bien, resulta que quien fue titular de ese demencial Ministerio de Igualdad ha dicho públicamente que no es partidaria de prohibir el uso del burka por las mujeres, y el Presidente del Gobierno, el que se autoproclama feminista, no sabe o no contesta.
Se nos dice que si la mujer libremente decide llevar puesto esa despreciable prenda, esa vergonzosa prenda, los gobernantes no son quienes para impedírselo. Qué majadería. La libertad de esas mujeres es cuando menos discutible pero lo que es disparatado y perverso es que cualquier persona, sea hombre o mujer, vaya por la calle exhibiendo su propia degradación voluntaria o inducida. Esa mujer arrastrándose por la calle y llevada por su marido con una cadena puede perfectamente consentir libremente a ello, pero los poderes públicos, la sociedad, ni puede ni debe permitirlo.
El Presidente del Gobierno ha promovido la por él denominada "alianza de civilizaciones". Su propósito ha sido un absoluto fracaso. No podía ser de otra manera. Nuestra civilización, la occidental, ni puede ni debe aliarse con los talibanes, con los salafistas o con los yihadistas. Quien se proclama feminista quiere que nuestra sociedad que, con todos los defectos que queramos, se rige por los derechos humanos, suscriba no se sabe qué alianza con quienes dilapidan a las mujeres condenadas por adulterio o les prohiben llevar un simple pantalón vaquero. Eso sí, en el Gobierno, que haya paridad. Estos no son feministas, son feminoides.
miércoles, 8 de junio de 2011
La caja de música de Ratko Mladic
El 26 de mayo de 2011, el Presidente de Serbia, Boris Tadic, anunció públicamente la detención de Ratko Mladic y la tramitación del proceso de extradición a La Haya, sede el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (en adelante, TPIY)
Desde que terminó la Guerra de Yugoslavia con los acuerdos de Dayton, en 1995, Mladic había vivido en un barrio adinerado de Belgrado, protegido por el propio Milosevic, pese a la orden internacional de detención cursada por el TPIY. Actualmente seguía residiendo en Serbia y la Unión Europea había puesto como condición para el ingreso de Serbia en la misma la detención de Mladic.
Ratko Mladic vivía plácidamente en Serbia junto a su esposa. Iba al cine, frecuentaba restaurantes y era muy apreciado en su comunidad. Se diría que era un vecino, amigo, esposo y padre ejemplar. A quien le dijesen que la Fiscal-jefe del TPIY Clara De Ponte le imputa delitos tan graves como crímenes de guerra y genocidio, sencillamente no lo creería. "No puede ser", pensará el panadero que le vende las barras cada día.
A quien le dijesen que Ratko Mladic dirigió militarmente el asedio de Sarajevo de manera tan cruel que ocasionó la muerte de 10.000 personas, pensarían que le están tomando el pelo. A quien le dijesen que Mladic era conocido como "El carnicero de Sebrenica" porque el 11 de julio 1995 protagonizó el mayor asesinato en masa cometido desde la Segunda Guerra Mundial ocasionando la muerte de 8.100 hombres, mujeres y niños bosnios, contestaría que tan buen marido, vecino y amigo no puede haber hecho esas cosas.
A quien le dijesen que Mladic era un seguidor de la doctrina de Tito y se proclamaba adalid del socialismo autogestionario y defensor de una Yugoslavia unida y multiétnica, tampoco lo creerían. ¡No puede ser! ¿Los asesinos y genocidas de la Guerra de Yugoslavia, Milosevic, Karadzic y Mladic, eran socialistas? Sí, lo eran y además estaban bien considerados. Milosevic pertenecía a la Internacional Socialista. Igual que Gadafi, el sátrapa de Libia al que hace menos de un año los gobernantes occidentales agasajaban y le reían sus viles ocurrencias, como hace dos milenios a Calígula y a Nerón.
Ratko Mladic dirigió sus ataques crueles, cobardes e indiscriminados contra lo que más odiaba y que percibía como amenazas para Yugoslavia: Occidente, el nacionalismo albanés y los musulmanes. Ni su esposa, ni ninguno de sus amigos ni vecinos es occidental, ni nacionalista albanés ni musulmán. Ratko Mladic es un hombre de bien. Lo atestiguan todos. Está siendo víctima de una campaña dirigida por Estados Unidos.
Recuerdo la magistal película de Costa Gavras "La caja de música" en la que un viejecito familiar y entrañable es procesado y juzgado por cometer horribles crímenes de guerra contra los judíos en la Alemania nazi. Su hija abogada, excepcionalmente interpretada por Jessica Lange, ejerce su defensa y, a medida que va transcurriendo el juicio, cuando ve las pruebas que la fiscalía presenta contra su padre y sobre todo cuando escucha los sobrecogedores testimonios de las víctimas, va convenciéndose dramáticamente que su padre no era quien creía que era sino un psicópata y repugnante asesino, un criminal de guerra nazi. Imagino a Ratko Mladic en su vida diaria en Belgrado desde hace quince años. Otro hombre entrañable.
Termino este comentario con una reflexión. Es una gran noticia que los criminales de guerra, los genocidas y los sangrientos dictadores sean detenidos y juzgados. El TPIY fue creado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por Resolución de 25 de mayo de 1993. La Corte Penal Internacional también cumple una nobilísima función, como el Tribunal para los crímenes de Ruanda. Pero fijémosnos que siempre a quienes se juzgan es a dictadores, políticos o militares que han sido derrocados o que han perdido la guerra. El juicio de Nuremberg ventiló la responsabilidad de los nazis después de haber perdido la guerra. Quien pierde las guerras siempre es el proscrito, tenga la ideología que tenga o haya hecho lo que haya hecho. Quien las gana, siempre tiene razón, tenga la ideología que tenga o haya hecho lo que haya hecho. Stalin y Franco fallecieron de muerte natural y disfrutando de su poder considerados como héroes en la Unión Soviética y en España. Ójala no participemos en una guerra y la perdamos.
Desde que terminó la Guerra de Yugoslavia con los acuerdos de Dayton, en 1995, Mladic había vivido en un barrio adinerado de Belgrado, protegido por el propio Milosevic, pese a la orden internacional de detención cursada por el TPIY. Actualmente seguía residiendo en Serbia y la Unión Europea había puesto como condición para el ingreso de Serbia en la misma la detención de Mladic.
Ratko Mladic vivía plácidamente en Serbia junto a su esposa. Iba al cine, frecuentaba restaurantes y era muy apreciado en su comunidad. Se diría que era un vecino, amigo, esposo y padre ejemplar. A quien le dijesen que la Fiscal-jefe del TPIY Clara De Ponte le imputa delitos tan graves como crímenes de guerra y genocidio, sencillamente no lo creería. "No puede ser", pensará el panadero que le vende las barras cada día.
A quien le dijesen que Ratko Mladic dirigió militarmente el asedio de Sarajevo de manera tan cruel que ocasionó la muerte de 10.000 personas, pensarían que le están tomando el pelo. A quien le dijesen que Mladic era conocido como "El carnicero de Sebrenica" porque el 11 de julio 1995 protagonizó el mayor asesinato en masa cometido desde la Segunda Guerra Mundial ocasionando la muerte de 8.100 hombres, mujeres y niños bosnios, contestaría que tan buen marido, vecino y amigo no puede haber hecho esas cosas.
A quien le dijesen que Mladic era un seguidor de la doctrina de Tito y se proclamaba adalid del socialismo autogestionario y defensor de una Yugoslavia unida y multiétnica, tampoco lo creerían. ¡No puede ser! ¿Los asesinos y genocidas de la Guerra de Yugoslavia, Milosevic, Karadzic y Mladic, eran socialistas? Sí, lo eran y además estaban bien considerados. Milosevic pertenecía a la Internacional Socialista. Igual que Gadafi, el sátrapa de Libia al que hace menos de un año los gobernantes occidentales agasajaban y le reían sus viles ocurrencias, como hace dos milenios a Calígula y a Nerón.
Ratko Mladic dirigió sus ataques crueles, cobardes e indiscriminados contra lo que más odiaba y que percibía como amenazas para Yugoslavia: Occidente, el nacionalismo albanés y los musulmanes. Ni su esposa, ni ninguno de sus amigos ni vecinos es occidental, ni nacionalista albanés ni musulmán. Ratko Mladic es un hombre de bien. Lo atestiguan todos. Está siendo víctima de una campaña dirigida por Estados Unidos.
Recuerdo la magistal película de Costa Gavras "La caja de música" en la que un viejecito familiar y entrañable es procesado y juzgado por cometer horribles crímenes de guerra contra los judíos en la Alemania nazi. Su hija abogada, excepcionalmente interpretada por Jessica Lange, ejerce su defensa y, a medida que va transcurriendo el juicio, cuando ve las pruebas que la fiscalía presenta contra su padre y sobre todo cuando escucha los sobrecogedores testimonios de las víctimas, va convenciéndose dramáticamente que su padre no era quien creía que era sino un psicópata y repugnante asesino, un criminal de guerra nazi. Imagino a Ratko Mladic en su vida diaria en Belgrado desde hace quince años. Otro hombre entrañable.
Termino este comentario con una reflexión. Es una gran noticia que los criminales de guerra, los genocidas y los sangrientos dictadores sean detenidos y juzgados. El TPIY fue creado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por Resolución de 25 de mayo de 1993. La Corte Penal Internacional también cumple una nobilísima función, como el Tribunal para los crímenes de Ruanda. Pero fijémosnos que siempre a quienes se juzgan es a dictadores, políticos o militares que han sido derrocados o que han perdido la guerra. El juicio de Nuremberg ventiló la responsabilidad de los nazis después de haber perdido la guerra. Quien pierde las guerras siempre es el proscrito, tenga la ideología que tenga o haya hecho lo que haya hecho. Quien las gana, siempre tiene razón, tenga la ideología que tenga o haya hecho lo que haya hecho. Stalin y Franco fallecieron de muerte natural y disfrutando de su poder considerados como héroes en la Unión Soviética y en España. Ójala no participemos en una guerra y la perdamos.
lunes, 6 de junio de 2011
miércoles, 1 de junio de 2011
Tráfico de helicópteros de combate a Irán: Las penas son cómicas.
El pasado 26 de mayo de 2011, leíamos la siguiente noticia en la prensa: "Detenidos cinco empresarios españoles que iban a vender helicópteros de combate a Irán y Venezuela" (Diario ABC, Ed. digital, de 26-5-2011).
En efecto, la Policía Nacional evitó la venta de nueve helicópteros de combate y piezas de repuesto a Irán y Venezuela, con la detención de los vendedores, cinco empresarios españoles y de quienes iban a comprarlos, tres iraníes que habían llegado a España para cerrar el trato. La Policía intervino en Navas del Rey (Madrid) y Sabadell (Barcelona) nueve helicópteros Bell-112, repuestos y diverso material de guerra valorado en 100 millones de euros. Los helicópteros Bell-112 son de fabricación estadounidense y se destinan al transporte de tropas y material de guerra. Los helicópteros estaban ocultos en naves industriales en Navas del Rey, Sabadell y Tarrasa.
La primera impresión que nos provoca esta noticia es que estamos ante un delíto muy grave. Se trata de un intento de traficar con material de guerra en clandestinidad, sin cumplir ningún requisito legal o reglamentario para poder hacerlo. Las aeronaves intervenidas están sometidas a control por la normativa comunitaria y española y su exportación está expresamente prohibida por la ONU. Además, toda exportación privada de material de guerra debe ser autorizada por la Junta Interministerial reguladora del Comercio Exterior de material de Defensa y Doble Uso. Por otra parte, uno de los destinatarios de la venta es Irán, un estado con el que la comunidad internacional tiene serias y fundadas reticencias para suministrarle material bélico por obvias razones.
Sin embargo, si incardinamos estos hechos con la legislación penal en vigor, nuestra sorpresa es mayúscula. Veamos. Los helicópteros intervenidos, los Bell-112 están fabricados, como hemos visto, para transportar tropas o material de guerra. Por lo tanto, estos helicópteros no son armas ni municiones ni explosivos. En consecuencia, no estamos ante ninguno de los delitos de tráfico de armas tipificados en los arts. 563 a 570 del Código Penal. Los hechos comentados no encuentran encuadre en ningún precepto del Código Penal. Pero, ¿es posible que traficar con helicóteros de combate no sea delito?
Sí es delito, pero la conducta estudiada la tenemos que buscar en la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando. En efecto, el art. 2.1, apartado j) de esta Ley penal especial dice "cometen delito de contrabando, siempre que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos sea igual o superior a 3.000.000 de pesetas, los que: ......... exporten material de defensa o material de doble uso sin autorización o habiéndola obtenido mediante declaración falsa o incompleta en relación con la naturaleza o el destino último de los mismos o de cualquier otro modo ilícito". Por lo tanto, no estamos ante un delito de tráfico de armas sino ante un delito de contrabando.
¿Qué pena tiene asignada este delito? El art. 3 de la Ley Orgánica 12/1995 establece una pena de prisión menor y multa del duplo al cuádruplo del valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos, pena que por imperativo del precepto se aplicará en su grado medio o máximo. Vemos que la pena privativa de libertad sigue los parámetros del Antiguo Código Penal, por lo que hemos de dirigirnos a la Disposición Transitoria Undécima del Código Penal de 1995 para realizar la traslación penológica al actual texto punitivo. La antigua pena de prisión menor se debe sustituir por la de prisión de seis meses a tres años.
Es decir, traficar con helicópteros de guerra a un país como Irán está castigado con una pena de seis meses a tres años de prisión. Verdaramente asombroso. Pero el análisis todavía no ha terminado. Como el delito no se consumó porque, según la noticia publicada, la Policía evitó la venta, el grado de ejecución del injusto es el de tentativa, y el art. 62 del Código Penal establece que a los autores de tentativa de delito se les impondrá la pena inferior en uno o en dos grados ala señalada por la ley para el delito consumado atendiendo al peligro inherente al intento y al grado de ejecución alcanzado. En el presente caso, procedería la rebaja en un grado de la pena, por lo que, siguiendo las reglas generales dosimétricas del art. 70.2º del Código Penal y la regla especial incluida en el art. 3 de la Ley Orgánica 12/1995, la pena a imponer a los autores de este delito sería de cuatro meses y medio a seis meses de prisión. Ya no sabemos si reir o llorar. La pena pecuniaria, siguiendo estas mismas reglas sería de multa de 150 a 200 millones de euros. Podríamos pensar que, puesto que la pena de prisión es sencillamente ridícula, al menos a los traficantes de helicópteros bélicos, se les atacará muy seriamente al bolsillo. Pensamiento equivocado, porque el art. 53.2 del Código Penal nos dice que, en los casos de multa proporcional, como este, si el condenado no la paga voluntariamente o por vía de apremio, se sustituirá por una pena de prisión que no podrá exceder de un año de duración o, previa conformidad del penado, por trabajos en beneficio de la comunidad.
En definitiva, intentar traficar a Irán helicópteros bélicos valorados en 100 millones de euros clandestinamente sin ningún tipo de autorización y contra la expresa prohibición de la ONU es un delito de contrabando que tiene una pena de cuatro meses y medio a seis meses de prisión
y multa de 150 a 200 millones de euros, multa que se puede sustituir por un año de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad. Dijo el maestro Antonio Beristain Ipiña a sus alumnos en una clase que lo más importante del árbol no es lo que se ve, esto es, el tronco, las ramas y las hojas, sino lo que está oculto, o sea las raíces. Para terminar, dos reflexiones: primera, no nos dejemos deslumbrar por la espectacularidad de una conducta para calibrar su gravedad, y segunda, o el Código Penal o la Ley de Represión del Contrabando precisan una urgente reforma en la tipificación y penalidad del tráfico de material de guerra que no sean armas, municiones o explosivos. El razonamiento jurídico que aquí he expresado, aunque pueda parecerlo, no es un chiste sino la pura realidad.
En efecto, la Policía Nacional evitó la venta de nueve helicópteros de combate y piezas de repuesto a Irán y Venezuela, con la detención de los vendedores, cinco empresarios españoles y de quienes iban a comprarlos, tres iraníes que habían llegado a España para cerrar el trato. La Policía intervino en Navas del Rey (Madrid) y Sabadell (Barcelona) nueve helicópteros Bell-112, repuestos y diverso material de guerra valorado en 100 millones de euros. Los helicópteros Bell-112 son de fabricación estadounidense y se destinan al transporte de tropas y material de guerra. Los helicópteros estaban ocultos en naves industriales en Navas del Rey, Sabadell y Tarrasa.
La primera impresión que nos provoca esta noticia es que estamos ante un delíto muy grave. Se trata de un intento de traficar con material de guerra en clandestinidad, sin cumplir ningún requisito legal o reglamentario para poder hacerlo. Las aeronaves intervenidas están sometidas a control por la normativa comunitaria y española y su exportación está expresamente prohibida por la ONU. Además, toda exportación privada de material de guerra debe ser autorizada por la Junta Interministerial reguladora del Comercio Exterior de material de Defensa y Doble Uso. Por otra parte, uno de los destinatarios de la venta es Irán, un estado con el que la comunidad internacional tiene serias y fundadas reticencias para suministrarle material bélico por obvias razones.
Sin embargo, si incardinamos estos hechos con la legislación penal en vigor, nuestra sorpresa es mayúscula. Veamos. Los helicópteros intervenidos, los Bell-112 están fabricados, como hemos visto, para transportar tropas o material de guerra. Por lo tanto, estos helicópteros no son armas ni municiones ni explosivos. En consecuencia, no estamos ante ninguno de los delitos de tráfico de armas tipificados en los arts. 563 a 570 del Código Penal. Los hechos comentados no encuentran encuadre en ningún precepto del Código Penal. Pero, ¿es posible que traficar con helicóteros de combate no sea delito?
Sí es delito, pero la conducta estudiada la tenemos que buscar en la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando. En efecto, el art. 2.1, apartado j) de esta Ley penal especial dice "cometen delito de contrabando, siempre que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos sea igual o superior a 3.000.000 de pesetas, los que: ......... exporten material de defensa o material de doble uso sin autorización o habiéndola obtenido mediante declaración falsa o incompleta en relación con la naturaleza o el destino último de los mismos o de cualquier otro modo ilícito". Por lo tanto, no estamos ante un delito de tráfico de armas sino ante un delito de contrabando.
¿Qué pena tiene asignada este delito? El art. 3 de la Ley Orgánica 12/1995 establece una pena de prisión menor y multa del duplo al cuádruplo del valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos, pena que por imperativo del precepto se aplicará en su grado medio o máximo. Vemos que la pena privativa de libertad sigue los parámetros del Antiguo Código Penal, por lo que hemos de dirigirnos a la Disposición Transitoria Undécima del Código Penal de 1995 para realizar la traslación penológica al actual texto punitivo. La antigua pena de prisión menor se debe sustituir por la de prisión de seis meses a tres años.
Es decir, traficar con helicópteros de guerra a un país como Irán está castigado con una pena de seis meses a tres años de prisión. Verdaramente asombroso. Pero el análisis todavía no ha terminado. Como el delito no se consumó porque, según la noticia publicada, la Policía evitó la venta, el grado de ejecución del injusto es el de tentativa, y el art. 62 del Código Penal establece que a los autores de tentativa de delito se les impondrá la pena inferior en uno o en dos grados ala señalada por la ley para el delito consumado atendiendo al peligro inherente al intento y al grado de ejecución alcanzado. En el presente caso, procedería la rebaja en un grado de la pena, por lo que, siguiendo las reglas generales dosimétricas del art. 70.2º del Código Penal y la regla especial incluida en el art. 3 de la Ley Orgánica 12/1995, la pena a imponer a los autores de este delito sería de cuatro meses y medio a seis meses de prisión. Ya no sabemos si reir o llorar. La pena pecuniaria, siguiendo estas mismas reglas sería de multa de 150 a 200 millones de euros. Podríamos pensar que, puesto que la pena de prisión es sencillamente ridícula, al menos a los traficantes de helicópteros bélicos, se les atacará muy seriamente al bolsillo. Pensamiento equivocado, porque el art. 53.2 del Código Penal nos dice que, en los casos de multa proporcional, como este, si el condenado no la paga voluntariamente o por vía de apremio, se sustituirá por una pena de prisión que no podrá exceder de un año de duración o, previa conformidad del penado, por trabajos en beneficio de la comunidad.
En definitiva, intentar traficar a Irán helicópteros bélicos valorados en 100 millones de euros clandestinamente sin ningún tipo de autorización y contra la expresa prohibición de la ONU es un delito de contrabando que tiene una pena de cuatro meses y medio a seis meses de prisión
y multa de 150 a 200 millones de euros, multa que se puede sustituir por un año de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad. Dijo el maestro Antonio Beristain Ipiña a sus alumnos en una clase que lo más importante del árbol no es lo que se ve, esto es, el tronco, las ramas y las hojas, sino lo que está oculto, o sea las raíces. Para terminar, dos reflexiones: primera, no nos dejemos deslumbrar por la espectacularidad de una conducta para calibrar su gravedad, y segunda, o el Código Penal o la Ley de Represión del Contrabando precisan una urgente reforma en la tipificación y penalidad del tráfico de material de guerra que no sean armas, municiones o explosivos. El razonamiento jurídico que aquí he expresado, aunque pueda parecerlo, no es un chiste sino la pura realidad.
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