Los leprosos y las leproserías de nuestro tiempo: Las cárceles y los presos

          Hoy voy a hablar de esos inmuebles apartados de las ciudades, semiescondidos, de los que casi nadie habla, como si nos diera vergüenza reconocer nuestras miserias ancestrales, y voy a hablar de las personas que habitan esos inmuebles, hombres y mujeres a los que apartamos y de los que nos avergonzamos, como si no quisiéramos ver que son de nuestra propia especie, como si no quisiéramos ver que son hombres y mujeres como nosotros, con sus virtudes y sus defectos, con sus problemas, con sus amores y desamores, grandezas y miserias, con sus familias. Voy a hablar de las cárceles (qué poco me gusta ese eufemismo de "centro penitenciario") y de los presos.

         Decía Jovellanos que cada vez que se abre un colegio nuevo se cierra una cárcel. El ilustrado asturiano llevaba toda la razón, y su afirmación se remonta a más de doscientos años. La política criminal, penal y penitenciaria de todo Estado debe estar encaminada a tres objetivos: uno, cuanto menos personas estén en la cárcel mejor, dos, cuanto menos personas que salen de la cárcel tengan que volver a ingresar, mejor, y tres, cuantas mejores condiciones reunan las cárceles y los tratamientos penitenciarios, mejor. Desgraciadamente, viajamos justo en dirección contraria a estos objetivos.

         Pese a que en España disfrutamos de la segunda tasa de delincuencia más baja de Europa, 45,1 delitos cada mil habitantes según la última estadística oficial del Ministerio del Interior, por el contrario tenemos la segunda tasa más alta de encarcelamiento. ¿Cómo puede explicarse esto?

         La inseguridad ciudadana no figura ni siquiera entre los ocho problemas que más preocupan a los españoles, según la última encuesta del CIS. Si esto es así, ¿Por qué desde 1995, cada vez que se aprueba una reforma en el Código Penal es para incrementar las penas e incriminar nuevas conductas?

          En la psicología de los españoles se ha instalado la idea de que "los delincuentes entran por una puerta a la cárcel y salen por otra". Esto, sencillamente, es mentira. El Código Penal de 1995 eliminó la redención de penas por trabajo y las penas, desde entonces, se cumplen íntegras. ¿Por qué, pese a ello, se reclama por algunos políticos "el cumplimiento íntegro de las penas"? O esos políticos son unos indocumentados o son unos manipuladores o quizá ambas cosas.

           Las alternativas a la prisión previstas en el Código Penal, funcionan. Por ejemplo, la suspensión de la pena de prisión, prevista en el art. 80 del Código Penal para delincuentes primarios condenados a penas inferiores a dos años de privación de libertad, es una institución cuya bonanza está demostrada estadísticamente. Cerca del 90% de las personas a quienes se aplica esta figura, no reinciden en el delito. ¿Por qué no se amplía su ámbito de aplicación hasta las penas de tres años de prisión? En plena crisis económica, ¿no resulta disparatado ingresar a personas en la cárcel a cumplir penas de dos o tres meses de prisión? Según los últimos estudios de economía penitenciaria, cada recluso nos cuesta a todos los españoles 90 euros diarios.

           Además, el tratamiento penitenciario en España no funciona. Los presos, en su mayoría, lejos de rehabilitarse, se mimetizan en la subcultura carcelaria para sobrevivir y poco a poco se ven atrapados en una dinámica convivencial de marginalidad, tedio y desesperanza. Cuando salen de la cárcel ya no saben vivir sin el delito como compañero de viaje. Esto ocurre en un altísimo y vergonzoso porcentaje. Y ello pese al ímprobo y casi desconocido trabajo de los funcionarios de prisiones y los técnicos y trabajadores de Instituciones Penitenciarias, que bastante hacen con los medios que tienen.

          La Ley Orgánica 1/1979, General Penitenciaria, primera ley orgánica aprobada desde la promulgación de la Constitución, establece que las celdas de las cárceles serán individuales. Sin embargo, la tasa de hacinamiento en las cárceles españolas alcanza en algunos casos un índice superior al 200%. Es decir, en una celda, tres presos.

          La misma ley penitenciaria establece el sistema de tratamiento penitenciario denominado de "individualización científica". Pues bien, en el caso de los extranjeros, esa individualización consiste en que en un porcentaje del 80% pasan directamente del régimen general de cumplimiento, segundo grado, al licenciamiento definitivo, sin pasar por el tercer grado y la libertad condicional, y no olvidemos que tanto el tercer grado como la libertad condicional forman parte del cumplimiento de la pena.

         Sí, es cierto que la pena de prisión tiene también una finalidad retributiva, de castigo por el delito cometido, pero ¿alguien me puede explicar qué finalidad, aparte de esta, puede tener mantener encerrada a una persona durante treinta o cuarenta años? Una persona, por muy execrable que sea el crimen que haya cometido, ¿qué horizonte vital puede tener si sabe que los próximos treinta años va a estar en la cárcel? ¿Dónde está el fin resocializador hacia el que el art. 25 de la Constitución obliga a orientar la política penal y penitenciaria?

       ¿Por qué, el Proyecto de ley de Procedimiento Penitenciario durmió en el cajón del Ministerio del Interior hasta el año 2003, cuando decidieron directamente tirarlo a la basura porque, según el entonces director de Instituciones Penitenciarias "daba mucho poder a los jueces"? ¿Mucho poder a los jueces o muchos derechos a los presos? Actualmente el recurso que pueden presentar los presos contra resoluciones de la Administración Penitenciaria no tiene ni nombre, se llama así, "recurso", no tiene ni plazo ni trámite, y el Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo viene regulado... en la Disposición Adicional Quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

       "Los presos en la cárcel viven como marajás, están mejor que en la calle". Esto se dice por muchos ignorantes. Después de la vida, el bien jurídico más importante que disfrutamos los seres humanos es la libertad. La persona que no es libre es menos persona y no hablo de la libertad íntima que es inalienable, hablo de la libertad ambulatoria. Por eso creo que las cárceles deben reunir las mejores condiciones posibles. Si encima de que se priva de libertad a los delincuentes o a los presuntos delincuentes (ojo, el 32% de la población reclusa son presos preventivos, esto es, personas que aún no han sido juzgadas y que, por tanto, son presuntamente inocentes), hay que hacinarlos en barracones o campos de concentración, es que la sociedad está enferma, pero muy enferma. La culpa de esta situación, en mi opinión, se reparte entre el poder político y los medios de comunicación. Pero de esto hablaré otro día.

Nos guste o no, todos los delicuentes, todos, salen de la cárcel.

    La sociedad está asistiendo con estupor como delincuentes violentos autores de gravísimos delitos contra la vida humana están saliendo de las cárceles al cumplir sus condenas. Todavía resulta más escandaloso para la opinión pública la puesta en libertad de asesinos terroristas, miembros de ETA, condenandos por múltiples asesinatos.

    Todos los que tenemos un mínimo sentido común estaremos de acuerdo en que estas personas nos causan repugnancia, son unos psicóptas y unos fanáticos que tienen asumida en su mente criminal la deshumanización de todas las personas que no piensan como ellos. En su maldad tienen la íntima convicción de que no asesinan a nadie sino que están desarrollando una "lucha armada" en persecución de unos fines políticos absolutamente delirantes. Son personas absolutamente detestables.

    No voy a comentar la denominada "doctrina Parot" que viene a establecer que las personas que cumplan condena de prisión con arreglo al Código Penal de 1944, Texto Refundido de 1973, deben computar la redención de penas por trabajo (art. 100 de este Código Penal ya derogado) no a partir de los 30 años de prisión establecido como plazo máximo de cumplimiento, sino a partir de la pena efectivamente impuesta en la Sentencia. No voy a comentar si esta doctrina me parece bien o mal, si creo si se ajusta o no a nuestro ordenamiento jurídico penal. Posiblemente lo haga otro día.

    La reflexión que quiero introducir hoy es la siguiente: ¿está la sociedad española preparada para entender que todos los delincuentes, por muy graves y execrables que sean los crímenes que ha cometido y pese a no estar arrepentido de ellos, un día salgan de la cárcel por haber cumplido su condena? Esto es lo importante.

     A mí me parece casi irrelevante que un asesino terrorista salga de la cárcel hoy o lo haga dentro de seis, siete u ocho años. ¿Es que dentro de ocho años no nos vamos a escandalizar igual? La situación va a ser exactamente la misma.

     Nadie, ni desde el Gobierno ni desde la oposición ni desde los mass media está informando a la sociedad con claridad y sin ambajes que en la legislación española no existe la cadena perpetua. Es decir, que todos los delincuentes, todos, un día, habrán cumplido su condena y saldrán de prisión. En los próximos días, meses y años vamos a ver a muchos asesinos terroristas que van a salir en libertad porque llevan en prisión desde los años ochenta y,  con el Código Penal antiguo habrán agotado los treinta años de cumplimiento. Creo que no es necesario recordar que el Código Penal antiguo, el de 1944, es el que rigió durante el régimen autocrático del General Franco. En el Código Penal de 1995, en su texto actualizado, el cumplimiento máximo se fija en 40 años de prisión y desaparece la redención de penas por trabajo. Pero da igual. Repito que el escándalo que producen en la sociedad estas excarcelaciones es exactamente el mismo si han cumplido 28, 30 ó 40 años en la cárcel. Lo que escandaliza a la sociedad es la puesta en libertad misma de estos individuos.

      Y es que la cadena perpetua ni existe en la legislación ni puede existir porque vulnera frontalmente la Constitución Española, cuyo artículo 25 dice que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas a la reinserción social. Para incorporar la prisión perpetua como pena a nuestro Código Penal es imprescindible reformar la Constitución. Tal y como está el texto constitucional no cabe.

      Es cierto que el fin resocializador no es el único de las penas. Así lo viene diciendo el Tribunal Constitucional de manera pacífica y reiterada. Además, las penas cumplen un fin retributivo, de castigo, el que la hace la paga; otro fin de prevención especial o de inocuización del delincuente del resto de la sociedad; otro de prevención general negativa, es decir, de mensaje tácito dirigido a la sociedad de lo que le ocurre a quien delinque; y otro de prevención general positiva o de reafirmación del ordenamiento jurídico. Pero el fin resocializador debe orientar siempre la política penal y penitenciaria, por expreso mandato de la Constitución. La cadena perpetua es inompatible con ello. Aunque sea una prisión perpetua "atenuada" al modo del Código Penal alemán, porque si el delincuente no se quiere rehabilitar, si no se arrepiente de sus delitos, no por ello estaría justificado constitucionalmente su mantenimiento en la cárcel sine die porque una cosa son los fines de la pena y otra que en ocasiones esos fines no sean exitosos.

    Alguien, en algún momento, tendrá que informar a la gente de lo que estoy diciendo, que es sencillamente la verdad. Naturalmente que las víctimas tienen toda la legitimidad del mundo para reivindicar sus derechos, para manifestarse y merecen ser escuchadas, comprendidas y atendidas. Pero las víctimas del terrorismo, de la violencia de género, de los delitos sexuales, etc. no legislan. Afortunadamente. Distingamos la justicia de la venganza.