La tasa de la desvergüenza

    Se hace muy difícil escribir una líneas con la mínima mesura que el ejercicio requiere después de leer la publicación en el BOE el pasado miércoles de la Ley 10/2012 que aprueba las nuevas tasas que gravan el acceso de los ciudadanos a la Administración de Justicia.

     Todos y yo el primero somos conscientes de la gravedad de la crisis económica que nos asola en estos perturbadores momentos, todos y yo el primero somos conscientes que es necesario que los poderes públicos acometan dolorosos y necesarios ejercicios de recortes en el gasto público para que los servicios esenciales del estado del bienestar queden garantizados, todos y yo el primero sabemos que la Justicia en España ha estado dejada de la mano de Dios durante décadas, en períodos de bonanza y de crisis, da igual. Todos y yo el primero reclamamos la modernización y humanización de las tramitaciones judiciales, denunciamos la sobrecarga ingente de trabajo que colapsa nuestros órganos judiciales, abogamos por profundizar en la imprescindible independencia del Poder Judicial respecto del Ejecutivo, exigimos la creación de nuevos juzgados que nos equipare cuantitativamente a los países de nuestro entorno, recomendamos la progresiva introducción de las nuevas tecnologías en los expediendientes judiciales, instamos la independencia en la actuación del Ministerio Fiscal, conocemos la necesidad de la formación especializada de los Abogados, la reformulación y justa remuneración del turno de oficio, la redefinición del papel de los Procuradores en la tramitación procesal del siglo XXI. En definitiva, todos y yo el primero somos conscientes de que la Justicia en España necesita una profunda reforma para solventar sus endémicos e históricos problemas y para adaptarse a los nuevos tiempos.

       Ninguna de las personas que han ostentado el cargo de Minstro de Justicia en los últimos treinta años ha mostrado el menor interés en acometer tan ingente como necesaria tarea. Y ha llegado Gallardón. Alberto Ruiz Gallardón, hijo de insignie Abogado, Fiscal de carrera, exalcalde de la villa de Madrid, yerno de José Utrera Molina (este es un apunte de memoria histórica), carita de opositor empollón, y ha encontrado la mágica manera de desatascar de expedientes los Juzgados y por ende de agilizar el funcionamiento del día a día en los Tribunales. Impongo unas tasas de caballo y así la gente una de dos, o no pleitea o si lo hace, el Estado pone en marcha su máquina recaudatoria.

      Cierto es que se hace necesario introducir un filtro de admisión a trámite de determinadas demandas y recursos planteados muchas veces únicamente como respuesta a estrategias dilatorias, morosas o pleitistamente delirantes. Pero de ahí a exigir cantidades mínimas de 300 euros por presentar una demanda, 800 euros por presentar un recurso o 200 euros por recurrir una simple sanción administrativa, media un abismo.

      Alberto Ruiz Gallardón ha ejecutado un crochet de derecha al hígado del derecho fundamental a la tutela judicial que ostentamos todos los ciudadanos, y lo ha hecho al hígado de la inmensa mayoría de los ciudadanos, a esa clase antaño media y hogaño ahogada que va a encontrar en el disparate publicado en el BOE un muro que muchas veces será infranqueable para instar el desahucio del inquilino moroso, para divorciarse, para recurrir una multa de tráfico, para reclamar unos daños materiales en un accidente o sencillamente para recurrir una Sentencia de primera instancia. El corchet al hígado corta la respiración del púgil que lo encaja, las piernas se le aflojan, cae a la lona y el K.O. está servido.

      La indignación sube paulatinamente de nivel cuando leemos la exposición de motivos del denominado tasazo. Se nos dice que el dinero que recaude el Estado irá destinado a la mejora del servicio de asistencia jurídica gratuita que se presta a los ciudadanos que pleitean y acreditan que no tienen medios para ello. Mentira. El dinero que se recaude irá destinado a la partida presupuestaria que considere oportuna el Ministerio de Economía cuando redacte los Presupuestos Generales del Estado, como todo el mundo puede entender. Se destinará a la justicia gratuita, o al pago de las nóminas de los funcionarios, o al mantenimiento de los aeropuertos de Ciudad Real, Castellón o León, o al abono de las dietas de diputados y senadores o quizá al pago de los intereses de la deuda pública que la prima de riesgo está desbocada.

      La Ley de tasas de Gallardón es una estafa política publicada en el BOE. Se engaña a los ciudadanos diciéndoles que esta es la medida necesaria para que la Justicia se descongestione y que el dinero se destinará a la justicia gratuita, se induce a la gente al error de pensar que quizá esto sea así, el acto de disposición de los ciudadanos consiste en abonar la tasa de la vergüenza cuando su imposición por tales cuantías vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva y el perjuicio que se les ocasiona es evidente. Todo ello unido por una clara relación de causalidad. ¿Es o no es una estafa? Estafa política por supuesto, que no está tipificada en el Código Penal.

     Pensará el yerno de José Utrera Molina que si de esta manera consigue desatascar los Juzgados, la medida en cuestión podría trasladarse a otros ámbitos en los que los servicios públicos están igualmente masificados. Por ejemplo, los hospitales (tasa por hospitalización), las cárceles (tasa de encarcelamiento), las fiestas de Halloween (tasa de DJ), el clásico Madrid-Barsa (tasa merengue-culé), las oficinas del INEM (tasa por cuñar el paro), los fallecimientos (tasa de defunción) o las manifestaciones en la Puerta del Sol (tasa perroflauta). Menos mal que la aspirina ya está inventada porque si no el Fiscal de carrera buscaría la tasa precisa para reclamar su patente. Que se vaya con su suegro a homenajear a Franco. Pero que se vaya lejos.

El infierno del desahucio de Amaia

     Llueve en Baracaldo. Normalmente, los meses de noviembre en el País Vasco son nublados, lluviosos y fríos. Amaia, asomada a la ventana de su casa, nota la tristeza de las hojas caídas, de los charcos inacabables, de ese sol que no sale nunca, que lleva demasiado tiempo escondido no sabe dónde.

     Amaia disfruta de un buen trabajo, es jefa de recursos humanos en una empresa de autobuses. Está felizmente casada y tiene un hijo de 21 años. Hace algunos, no muchos años, decidió, junto a su esposo, comprar una casa. El precio de la vivienda estaba por las nubes pero todos sus amigos y vecinos, hasta el jardinero y el taxista, vacilaban de sus inversiones inmobiliarias. Los créditos estaban baratos, los bancos apenas exigían requisitos para verificar la capacidad de retorno del dinero que iban a prestar, los intereses, el dichoso euribor, estaban por los suelos, y los plazos de amortización se estaban ampliando hasta 40 años. No vamos a ser nosotros los únicos gilipollas que no tengamos una vivienda en propiedad. Firmamos la escritura, nos entregan las llaves y adelante con los faroles.

     Amaia no leyó la letra pequeña de la escritura de compraventa con subrogación de hipoteca. Cualquiera lo hace. Más de 50 páginas en las que se describen términos tales como "el interés francés", "el precio pactado de subasta", "las costas de la hipotética ejecución", "la responsabilidad patrimonial universal" o el "interés de demora". Probablemente, ni siquiera el Notario se la leyó. No tenía saliva suficiente para soportarlo. Da igual. Lo importante es que salió de la Notaría con las llaves de su flamante casa recién amueblada. El banco incluyó en el crédito hipotecario la financiación de los muebles y electrodomésticos, los honorarios de Notario y Registrador de la Propiedad y hasta la financiación de un coche nuevo. Vámonos a un restaurante y remojamos el piso nuevo.

     Los números que hizo Amaya cuadraban. Con su sueldo y la mitad del de su esposo se cubría el plazo mensual de amortización. El resto, para vivir. Como todos nuestros amigos, como el jardinero y el taxista, como todo el mundo. Vamos, vamos, que nos vamos.

    Amaia cayó en la trampa, la trampa de los banqueros sin escrúpulos, la trampa de la dinámica diabólica de vivir a crédito en la que todo el mundo se autoincluía en la llamada "clase media", la trampa de la especulación, del derroche, la trampa del becerro de oro, de los bolsos de Luis Vuitton, de los pantalones de Armani, de los cruceros en el Caribe y del BMW aptos para todos los públicos.

    Amaia escuchó, en septiembre de 2007, que en Estados Unidos había estallado la crisis de las "hipotecas subprime". A principios de 2008, algunos "antipatriotas" auguraban una grave crisis. Ni caso. Mi marido y yo somos del Partido Socialista y Zapatero, el adalid de "los que no tienen de todo" ha dicho que esto es simplemente "una desaceleración, un ajuste". Zapatero sí que sabe.

    Y vino el tsunami de la crisis, la ruina y la desolación. Poco a poco lo invadió todo. A Amaia le redujeron el sueldo y a su marido también. Malditos recortes. Con lo que ganan los dos ya no da para pagar la hipoteca y, caro, antes que la hipoteca, está llenar la nevera. Lo primero es comer. Amaia ya se ha dado cuenta de la terrible trampa en la que cayó, de que Zapatero nos hundió en la cloaca y que Rajoy está haciendo el agujero más grande, de que los altos mandos de las otrora estupendas Cajas de Ahorro se lo han llevado crudo, las han llevado a la quiebra y no van a pisar una cárcel ni por error u omisión. Zapatero primero y Rajoy después les han dado el dinero que no tenemos, el que hemos tenido que pedir prestado a Alemania, para tapar el agujero negro del despilfarro, de la burbuja y de ladronicio. Se ha dado cuenta de que la clase trabajadora no trabaja, la clase media no tiene medios y la clase alta no tiene clase. Porque hace falta no tener clase para que, con sólo tres cuotas impagadas, liquiden la hipoteca e insten su ejecución judicial. Cuando le notifican la demanda comprueba de que la deuda ya se ha multiplicado por dos. Tanto de principal, tanto de intereses de demora pactados y tanto presupuestados para intereses remuneratorios y costas. Una demanda de copia-pega presentada en el Decanato de los Juzgados invocando una ley en vigor desde hace más de 120 años y todo se va a la mierda. No ya es que pierda su casa, es que aún sin techo, va seguir debiendo dinero ella, su hijo, su nieto y todas sus raíces geneológicas. ¡Pero cómo pude yo firmar eso, Dios mío!

    Dentro de quince minutos es el "lanzamiento". Así denomina la Ley de Enjuiciamiento Civil el acto procesal consistente echar a la gente de su domicilio por impago. La lanzan a la calle. Es la crueldad del lenguaje jurídico. Un agente judicial, dos policías municipales, un cerrajero y el Procurador del banco, o sea, otras cinco víctimas del tsunami, se personarán en casa de Amaia y la echarán a ella y a su familia a la puta mierda. Se va a hacer justicia.

    Hace apenas un año veíamos como en Grecia la gente empezaba a suicidarse como consecuencia de la angustia de verse arruinados. Calma, nosotros sí saldremos adelante. Da igual lo que digan insignes economistas como Niño Becerra, Alberto Recalde o Paul Graugman, da igual que el FMI o la OCDE sigan pronosticando el agravamiento del cáncer, da igual que la Macroeconomía sea una ciencia. Nosotros, sí saldremos adelante.  Hace un mes, Félix Baunmganter saltó al vacío buscando el cielo en la Tierra. Ahora, Amaia también lo ha hecho pero para huir del infierno. No somos Grecia.

Noche de terror en el Madrid-Arena.

      Cuando Katia, Cristina, Rocío y Belén salieron de sus casas la noche del miércoles, 31 de octubre, lo hicieron cumpliendo con la rutina de cada finde. Llamadas al móvil, mensajes en el washapp o unos escuetos y malescritos tuits y quedada con las amigas. Igual que todos los viernes. Al fin y al cabo, ¿qué sentido tiene la semana si no culminara en las noches del viernes y del sábado? Y esta semana, puente. Y una macro-fiesta de Halloween en el Madrid-Arena, una fiesta a la que va a ir todo el mundo. Dabuten.

     Ninguna de estas chicas imaginaban que iban a ser protagonistas de la más cruda película de terror jamás interpretada. La película de la estupidez, la imprudencia temeraria, el desmedido ánimo de lucro, la incompetencia, la desidia, y el rebaño. Ese rebaño de ovejas que nos mostraba Luis Buñuel al final de "El ángel exterminador" cuyo surrealista significado no entendía una mayoría con el cerebro atrofiado y que el genial aragonés se negaba a explicar, por lo obvio del mismo.

      Desde un punto de vista jurídico penal, los sucesos ocurridos esa noche, se antojan apasionantes. La dogmática de la imprudencia punible y la relación de causalidad van a encontrar en este caso, un campo magnífico para la interpretación y también para la clarificación de sus postulados. Recordemos la histórica Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de abril de 1992, que resolvió el denominado "caso de la colza". Su Ponente, el Magistrado Enrique Bacigalupo Zapater, probablemente no era consciente cuando la redactó de que estaba sentando las bases en el Derecho Penal español de la teoría de imputación objetiva en el ámbito de la relación de causalidad, teoría que arrancó en los años 60 gracias al profesor Claus Roxin y a la Escuela de Munich. Analicemos los hechos de esta fatídica noche de brujas.

     Está probado que se lanzó una bengala, ante lo cual hay dos opciones: que el lanzamiento de esa bengala provocase la avalancha humana que acabó con la vida de las cuatro jóvenes, o que ese lanzamiento no la provocase. Si la provocó, no hay duda de que el irresponsable que la lanzó es penalmente responsable de cuatro delitos de homicidio por imprudencia grave (art. 142 del Código Penal) y de un delito de lesiones por imprudencia grave (art. 152 del Código Penal). Sería responsable porque con su conducta infringe una norma elemental de cuidado, de previsible resultado, crea una situación de riesgo jurídicamente desaprobada, y ocasiona el resultado previsto en la norma penal. Es la teoría de la imputación objetiva. Esta sería la única persona penalmente responsable de estos hechos, por más que por la empresa organizadora del evento se hayan incumplido convenios, ordenanzas o normas de cuidado y por más que hayan engañado al Ayuntamiento de Madrid o que la concejalía de turno se haya dejado engañar con facilidad. En este caso, la causa de las muertes de las chicas sería la temeraria e irresponsable conducta desplegada por una persona que lanzó una bengala en un lugar estrecho y cerrado provocando una avalancha humana y la muerte de las cuatro infortunadas chicas. La empresa organizadora sería responsable civil subsidiaria, por aplicación del art. 120.3º del Código Penal, precisamente por infringir esas normas, y seguramente dicha responsabilidad civil estará amparada por una póliza suscrita a tal fin con una compañía de seguros, la cual sería también responsable civil directa por mor del art. 117 del Código Penal.

     Conviene tener muy claro este extremo porque por más importancia mediática que estén adquiriendo las escandalosas irregularidades cometidas por la empresa organizadora en orden al sobreaforo del recinto, a la ausencia de control en la entrada para que no tuvieran acceso a la misma los menores de edad e incluso a la permisividad para que, a partir de un momento de la noche, el acceso al recinto fuese libre, sin entrada, lo cierto es que ninguna de estas irregularidades, ilegalidades o ausencia de controles fueron la causa de la muerte de las cuatro chicas. La causa de la muerte fue la bengala temerariamente lanzada por un irresponsable imprudente. Lo entenderemos mejor con un ejemplo. Imaginemos que en una carretera deficientemente mantenida por la empresa propietaria, un vehículo circula a 200 km. por hora, efectúa un adelantamiento prohibido y colisiona frontalmente contra otro vehículo, causando la muerte de sus tres ocupantes. Todos estaremos de acuerdo en que el responsable de esas muertes es el conductor del vehículo temerariamente conducido, no la empresa propietaria de la carretera que, por su deficiente mantenimiento, provocó que la ambulancia que iba a socorrer a los heridos, llegase diez minutos tarde. Teoría de la imputación objetiva y teoría de causación adecuada.

       Ahora bien, hemos dicho de cabían dos opciones. La segunda sería que el lanzamiento de la bengala no hubiese provocado la avalancha humana. Entonces el guión del trhiller cambiaría por completo porque en ese caso el sobreaforo del recinto, la persmisividad de los porteros y la ausencia de seguridad del pabellón sí serían la causa de la avalancha y por ende del fallecimiento de las cuatro jóvenes. En este caso, la persona que temerariamente lanzó la bengala no sería responsable de delito alguno pues su conducta sería atípica por ausencia del resultado previsto en la norma penal. El responsable penal de los cuatro delitos de homicidio por imprudencia grave y del delito de lesiones por imprudencia grave sería el gerente o administrador de la empresa organizadora del evento porque entonces sus irregularidades sí supondrían la vulneración de normas de cuidado con previsible resultado, crearían una situación de riesgo jurídicamente protegido, y hubiese ocasionado el resultado previsto en la norma penal. Nuevamente, la teoría de la imputación objetiva.

       La relación de causalidad, de imprescindible concurrencia en los delitos de resultado, está íntimamente unida con las ciencias naturales. Hay que determinar científicamente cuál fue la causa de la avalancha humana para determinar quién es la persona penalmente responsable. Esto es lo chocante cuando ocurre que en un evento dañoso rayana la catástrofe se observan negligencias gravísimas de diversos agentes. Hay que determinar científicamente cuál de esas conductas negligentes ha sido la que ha causado el daño, quedando el resto impunes. Ahí es donde debe entrar el Derecho Administrativo Sancionador y equilibrar la balanza de la justicia.

     De lo que no cabe la menor duda es que hay una o varias personas responsables de las horribles muertes por aplastamiento de las cuatro jóvenes. Katia, Cristina, Rocío y Belén merecen que se les haga justicia. La Policía primero y los Tribunales después tienen ante sí un reto apasionante y transcendente. Determinar la causa de la avalancha debe ser lo primero y después identificar a quien la provocó, porque alguien la provocó. La niña del pozo de "The Ring" no estaba en la fiesta.......... al menos que se sepa.

El Rambo de El Salobral

     La violencia y la muerte han visitado este fin de semana la pequeña y tranquila pedanía de El Salobral, núcleo de población de apenas 1.500 habitantes situado a sólo 14 kilómetros de Albacete.

     Los hechos son de todos conocidos por lo que, en esta reaparición en mi querido y últimamente abandonado espacio, con la tranquilidad que proporciona el desenlace de los acontecimientos, me limitaré a exponer unas breves reflexiones criminológicas que creo son obligadas en el foro para tratar de encontrar la génesis de lo ocurrido y la prevención de futuros episodios de este tipo en el futuro.

    La génesis de lo ocurrido. Una relación sentimental entre una preadolescente de 13 años de edad, Almudena, y un hombre de 39 años. No podemos caer en el error de aceptar como normales emparejamientos de este tipo. Almudena era una niña y Juan Carlos un hombre de mediana edad. ¿Cómo es posible que mantuviesen una relación sentimental? Me niego a aceptar como cierto el pseudoromántico aserto de que "el amor no tiene edad". Un hombre de 39 años sólo puede alumbrar un sentimiento de enamoramiento por una niña de 13 años desde una conducta desviada. Juan Carlos era un desviado sexual.

     De los datos conocidos de Juan Carlos podemos extraer sin gran dificultad su perfil. Era un hombre soltero, convivía con sus padres y estaba en el paro. Problamente carecía de estudios. Era cazador, poseedor de licencia de armas y aficionado a todo tipo de armas, sobre todo las armas de guerra, era aficionado al mundo militar. Estamos posiblemente ante un hombre fracasado porque le hubiera gustado ser militar y sin embargo permanecía en El Salobral sin oficio ni beneficio. No tenía hijos y su percepción del mundo debía pasar por el honor, el mando y la obediencia. El honor ante su familia y vecinos, el mando sobre su tropa, Almudena, y la obediencia a su padre.

    Almudena era una niña que, al parecer, pertenecía a una familia monoparental, con ausencia de figura paterna en su convivencia y educación. Esa figura la encontró en Juan Carlos, ese hombre fuerte y valiente que la protegía de los peligros de la vida.

    La madre de Almudena, como cualquiera de nosotros en su lugar, rechazaba por completo la enfermiza y destructiva relación entre su hija y Juan Carlos. Provista de un encomiable sentido común, pensó que lo que estaba haciendo Juan Carlos era abusar de una menor de edad y denunció los hechos repetidamente a la Guardia Civil. Pero los agentes le informaron de la esperpéntica realidad de la legislación española. Desde la reforma del Código Penal de 2007, las personas mayores de 13 años podían consentir libremente en mantener relaciones sexuales. En Reino Unido, Francia y Estados Unidos, por ejemplo, esa edad límite se sitúa en los 16 años. Pero en España, ya se sabe, somos la vanguardia de la postmodernidad. Paz, amor y el plus en el sálón. La Guardia Civil no podía intervenir si no había delito y el legislador español, el legislador de El Salobral, es más progresista que el francés, el británico y el estadounidense, esos antiguos neocón que no entienden la realidad de la calle. Impotencia de esa madre provista de razón y desamparada por la ley.

     Sin embargo, con el transcurso del tiempo, Almudena se va dando cuenta de que su madre tiene razón, quizá va madurando poco a poco desde la preadolescencia a la pubertad. Empieza a conocer la selva de la vida y se da cuenta de que Juan Carlos es un depredador. Y corta la relación. Y Juan Carlos no puede entender cómo su niña, su tropa, no comparte sus sentimientos, no accede a sus deseos, no cumple sus órdenes. Y el detonador se acciona. Es la frustración. La Teoría General de la Frustración de Robert Agnew intenta demostrar, y a mi juicio lo hace, que la mayoría de las conductas violentas tienen su origen en el sentimiento de frustración. Ahora bien, todos sentimos frustración en muchos momentos de nuestras vidas y no nos da por asesinar gente. Sin embargo, en Juan Carlos, esa frustración se mezcló con una personalidad machista, con una desviación sexual, con una ausencia de control de los impulsos, con un miedo atroz al ridículo ante su familia y sus vecinos. Un cockel letal, una bomba asesina se acaba de accionar.

     Cogió su pistola, salío a la calle, buscó a Almudena y le descerrajó cuatro tiros. Chiquilla, a mí no rechaza nadie ni mucho menos una mocosa como tú. Se da cuenta de lo que ha hecho y en un paréntesis humano, vuelve a su casa y llama a la Guardia Civil para informarles de lo que acaba de hacer. Cuelga el teléfono pero entonces esa dinámica de violencia brutal y asesina retroalimenta el cockel y estalla en su interior el terrible trastorno explosivo de la personalidad. Esa dinámica retroalimentada magistralmente expuesta por Truman Capote en "A sangre fría". Coge la escopeta y la pistola y empieza su huida hacia ninguna parte disparando contra todos los que se encuentra en su camino. El pobre Agustín salía entonces a la calle a fumarse un cigarro. Quizá por eso algunos reivindicamos como fundamental el derecho a fumar en nuestra casa, hasta ese punto hemos llegado. Agustín no llegó a encenderse su último cigarro, no tuvo tanta suerte como los condenados a muerte antes de ser ejecutados en la cárcel. El Rambo de El Salobral todavía tuvo tiempo de disparar a otro vecino, por suerte sólo herido leve.

      Perseguido por la Guardia Civil, salió del pueblo y se adentró en un maízal al otro lado de la carretera. Un militar vocacional como él, debía aguantar toda una noche de intensa lluvia en el campo, y todo el día siguiente escondiéndose, comiendo hierbas, acechando a sus perseguidores. No siento las piernas pero llamo a mi madre porque tengo miedo y frío.

      Al segundo día, se refugia en una casa que tiene su familia a kilómetro y medio del pueblo. Ahí ya sabe que le van a localizar y decide no dejarse apresar. Planta cara parapetado en su refugio. Sabe que no tiene escapatoria. Durante siete horas marea la perdiz a los "expertos negociadores" de la Guardia Civil. Por fin, dice que se entrega pero está preparando el acto final de su representación. Yo no soy mala gente, soy tan víctima o más que Almudena y Agustín. Para chulo yo. Sale de la casa y delante de todo su público, o sea, de todos los agentes de la Guardia Civil, se pega un tiro en la cabeza. Yo soy la justicia. Y si seré buena gente que he donado todos mis órganos, para salvar las vidas de personas que los necesiten. Grandeza, generosidad y sacrificio. Un gran militar.

       ¿España profunda? ¿Los Galindos, Puerto Urraco y..... El Salobral? No es del todo cierto. Cada crimen tiene su origen, desarrollo y explicación, pero sólo diré, primero, que si en 2007 no se reforma el Código Penal, Juan Carlos hubiera sido detenido por abuso sexual de prevalimiento y, segundo, que la educación, de calidad o de excelencia me da igual, pero la educación en casa, en la sociedad y la escuela, basada en la cultura y en los valores democráticos, es la más eficaz prevención para evitar terribles hechos como estos. Más de un Rambo puede estar entre nosotros.

Los Bárbaros atacan Britania

   Las principales ciudades inglesas, sumidas en el caos. Una avalancha de miles de personas violentas incendian edficios y autobuses, causan daños en el mobiliario urbano, saquean los comercios y supermercados y atacan a todo aquel que se interpone en su camino. El resultado, muertos, heridos e inmensos daños materiales La situación ha llegado a tal punto que el Primer Ministro Cameron ha suspendido sus vacaciones para dirigir la operativa policial e intentar restablecer el orden y la paz pública.

   La sistémica crisis global que estamos padeciendo es gravísima. En 2008 estalló la bomba hipotecaria y las entidades financieras acusaron el golpe con crudeza. Los Gobiernos, lejos de atajar el problema, lo parchearon y además injustamente. El desproporcionado endeudamiento privado y público de las empresas, las familias y las Administraciones han provocado otro pico en la crisis. Muchas Administraciones están al borde de la suspensión de pagos, los índices de paro son en algunos casos, como en España, sencillamente inasumibles y hasta ahora, durante los largos tres años que dura ya el desastre resulta que los únicos que han pagado por él son las personas incluidas en las clases media y baja de la sociedad, esto es, los autónomos, los trabajadores, los parados, los funcionarios y los pensionistas que han visto, en unos casos sensiblemente rebajado y en otros sencillamente eliminado su ya de por sí escaso poder adquisitivo. Los estudiantes constatan que su futuro es negro. Los poseedores de las rentas más altas o no han sufrido consecuencia alguna o se han enriquecido con la especulación en los mercados secundarios de deuda, al igual que los fondos soberanos de Estados que se encuentran en las antípodas de la defensa de los más elementales derechos humanos, como China, India o los Emiratos Árabes. ¿A alguien le puede extrañar que la gente haya dicho "basta"?

    Sin embargo, no nos podemos dejar arrastrar por la legitimidad de la población para mostrar su descontento para justificar lo injustificable. Gran Bretaña es una nación moderna y ejemplarmente democrática. En Gran Bretaña existe la división de poderes, sus gobernantes son elegidos en unas elecciones libres y se respetan los Derechos Humanos. De ninguna manera se puede aceptar en esas circunstancias una revolución violenta de una parte de la población. Los autores de los desmanes deben ser detenidos, juzgados y condenados. Son delincuentes violentos.

    Vivimos un momento sociológicamente muy complicado. La crisis global no sólo es económica sino que se está poniendo en tela de juicio la validez de las bases del sistema democrático representativo, y se hace sin argumentos de peso o proponiendo alternativas utópicas, infantiles o trasnochadas. Las democracias occidentales se asientan sobre unos postulados de filosofía política que nacieron en la Revolución Francesa y se asentaron al finalizar la Segunda Guerra Mundial debido a la derrota del totalitarismo nazi. En las personas que violentamente protestan en los suburbios de Londres y Manchester no se ha escuchado propuesta alguna que contradiga en igualdad intelectual las de las democracias occidentales.

    Los ciudadanos en general y los Gobernantes en particular tenemos que espabilar. El Imperio Romano, con todo su poderío militar, político, económico y cultural, engullido en su complaciente y autodestructiva corrupción que le hizo mirar hacia otro lado cuando se estaba desgajando, fue fácilmente invadido por las tribus bárbaras, infinitamente más desorganizadas, más pobres y más incultas. Y el Imperio Romano pasó a la historia. No dejemos que la chusma destruya lo que tanta sangre, sudor y lágrimas nos ha costado conseguir. Los Gobernantes deben atajar la crisis con determinación, coordinación y repartiendo las cargas en justa proporción al nivel económico de las personas, y los ciudadanos debemos hacer valer nuestras reivindicaciones, críticas y protestas respetando a nuestros congéneres. Atila derrotó a Aecio en la Batalla de los Campos Cataláunicos y se plantó a las puertas de Roma mientras en emperador Valentiniano III le esperaba sin mover un dedo. Todavía se ignoran las razones por las cuales Atila dio media vuelta y se fue. Pero cuidado, los hunos pusieron en jaque lo que quedaba de la gran Roma y los bárbaros le dieron el mate y todo ello con tres únicas armas, el ataque masivo, la agresividad extrema y la crueldad. Apliquémosnos el cuento.

    

El repugnante pasteleo terrorista

    Lo peor que puede ocurrir en un asunto tan serio y sensible para los españoles como el terrorismo es que nos tomen el pelo. A estas alturas de la película, creo que a nadie le cabe ya la menor duda de que el Gobierno está negociando con la banda terrorista ETA las condiciones para para su disolución. A fecha de hoy, se espera de manera inminente un comunicado de la banda criminal anunciando públicamente el cese definitivo de su actividad terrorista.

     Lo primero que llama la atención es que un Gobierno democrático negocie con una banda de criminales. Si es impresentable la negociación con el cártel de Cali, con los violadores del Example o de Pirámides, con Al Qaeda o con el asesino de la catana, no lo es menos negociar con los terroristas de ETA. No hay ninguna diferencia. Los terroristas cometen delitos y el Gobierno lo único que tiene que hacer es detenerlos y ponerlos a disposición judicial. Nada más y nada menos. Sin chivatazos perturbadores.

     Se intenta engañar a los ciudadanos enviando el mensaje de que estamos inmersos en un "proceso de paz". La perversa utilización del lenguaje se pone así al servicio de intereses espúreos porque difícilmente se puede hablar de un proceso de paz allí donde no hay ninguna guerra. ¡Qué importante es la semiótica! Los terroristas de ETA son delincuentes puros y duros y el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Penitenciaria nos ofrecen los mecanismos apropiados para aplicarlos a su estatus jurídico, el estatus de los delincuentes violentos.

      Pone los pelos de punta imaginar las contrapartidas que el Gobierno ofrece a ETA a cambio de su disolución. Algunas ya las estamos viendo. Bildu ostenta la alcaldía de San Sebastián, la Diputación Foral de Guipúzcoa  y numerosas alcaldías en la Comunidad Vasca. Han conseguido poder político, económico e información de los datos de las personas físicas y jurídicas a traves de los programas informáticos de Hacienda. Los terroristas al poder. Claro que si están ahí es, en gran medida, porque los ciudadanos les han votado. Como a Hitler en 1933.

      Es cierto que la Ley de Partidos Políticos es injusta. En un Estado de Derecho hay que dejar que se presenten a las elecciones a todas las formaciones políticas que lo deseen. También es cierto que la Doctrina Parot es inconstitucional porque sencillamente obvia el contenido de los arts. 100 y 77 del Código Penal, Texto refundido de 1973, aplicable a los terroristas cuyos delitos se cometieron antes de la entrada en vigor del Código Penal de 1995. Por lo tanto, es justo que a Bildu o a Sortu se les permita concurrir a las elecciones y también es justo que los terroristas salgan de la cárcel cuando, con la ley en la mano, han cumplido sus condenas. Pero a nadie se le escapa que las contrapartidas ofrecidas por el Gobierno no se circunscriben a estos dos puntos.

      Puede parecer ciencia ficción que en la mesa de negociaciones se hayan tratado asuntos como la amnistía de los presos, la anexión de Navarra al País Vasco, la compensación económica a los terroristas que van a ir "al paro", el indulto a Arnaldo Otegui para que pueda presentarse a las elecciones autonómicas como candidato a lendakari, y barbaridades similares que no son invento de quien redacta estas líneas. Muchas de estas "propuestas" figuran en las actas incautadas por la Policía a los terroristas y de cuya credibilidad no cabe dudar porque quien las poseía fue detenido por sorpresa y su domicilio fue registrado por orden judicial por lo que no se entenderían los móviles de una supuesta falsificación.

      Se nos va a intentar vender la disolución de ETA como un éxito del Gobierno. No nos podemos dejar manipular. El éxito sería que la Policía desmantelara por completo a la banda asesina y detuviese a todos sus miembros y el colofón al éxito sería que Bildu o Sortu se presentasen a las elecciones y no sacasen ni un diputado ni un concejal. Pero llegar a un acuerdo que incluye mutuas contrapartidas con una banda criminal que desde 1968 ha acabado cobardemente con la vida de casi mil personas, que ha dejado postradas con lesiones y secuelas irreversibles a miles de gentes de bien, que ha secuestrado a ciudadanos, que ha extorsionado y robado con intimidación a cientos de empresarios grandes y pequeños y que ha sembrado el terror y el odio en la sociedad, es sencillamente inmoral, rastrero y repugnante. El único acuerdo que cabe con las bandas criminales debe circunscribirse a dónde y como se van a entregar a la Policía y dónde han depositado las armas.

      El cese de la actividad terrorista de ETA no puede ni debe conseguirse a cualquier precio porque los ciudadanos, como víctimas que somos todos del terrorismo, exigimos eficacia policial al Gobierno y justicia a los Tribunales. La Política ha alcanzado niveles superlativos de perversidad y la Psicología de masas se ha convertido en un arma poderosísima que, hábilmente utilizada, reporta importantes réditos a quienes manejan los hilos de los guiñoles. ¿Alguien se ha preguntado por qué el movimiento 15-M nada dice respecto a este asunto? ¿Por qué no se manifestaron en la puerta del ayuntamiento de San Sebastián cuando tomó posesión el nuevo alcalde de Bildu? Debe ser que  el pasteleo entre el Gobierno y ETA les parece perfecto. Llegados a este punto, sólo faltaría que ETA anunciase su disolución el 19 de noviembre, en la jornada de reflexión antes de las elecciones generales. Conociendo a los protagonistas de este trhiller no sería nada raro.

Trata de personas. Esclavitud laboral y sexual en pleno Siglo XXI

    Acabo de leer el Informe de Joy Ngozi Ezeilo, Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, presentado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 20 de febrero de 2009. Este estudio dice que cerca de 2,5 millones de personas son objeto de trata en el mundo. Se calcula que el 80% de ellas son mujeres y que el 50% son menores. Sencillamente espeluznante.

   No es necesario explicar que la esclavitud ha sido compañera de viaje de la Humanidad a lo largo de toda su historia. Pero verdaderamente, en pleno siglo XXI, con la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos vigentes, con la existencia de organismos internacionales que supuestamente fiscalizan estas prácticas y, sobre todo, con los avances alcanzados en pedagogía en materia de Derechos Humanos, resulta sorprendente a la vez que lamentable que dos millones y medio de personas en el mundo sean víctimas de trata de seres humanos.

    Lo cierto es que ha sido en las últimas deécadas cuando el fenómeno de la trata de personas ha alcanzado proporciones descomunales. Quizá la globalización, los conflictos armados, la caída del Telón de Acero, la desigualdad que sufren las mujeres en muchos países, los avances en las nuevas tecnologías y, sobre todo, las crecientes diferencias económicas entre los países ricos y los pobres, han constituido un caldo de cultivo perfecto para el desarrollo de esta práctica criminal. En los últimos tiempos, la trata de personas se ha convertido, sin duda, en uno de los negocios lucrativos ilícitos más importantes a nivel mundial, comparable al tráfico de drogas y al de armas; y todo ello porque existe en los países ricos una creciente demanda para someter a seres humanos a la esclavitud y a la explotación laboral y sexual.

    La Organización de Naciones Unidas, la Unión Europea y el Consejo de Europa se han visto obligadas a reaccionar ante el extraordinario auge alcanzado por la práctica de la trata de seres humanos en el mundo. Así, en el seno de la ONU, el 15 de diciembre de 2000 se firmó en Palermo el Protocolo para reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños; el Consejo de la Unión Europea aprobó el 19 de julio de 2002 la Decisión Marco 2002/629/JAI, relativa a la lucha contra la trata de seres humanos; y por último el 16 de junio de 2005 se firmó en Varsovia e Convenio del Consejo de Europa número 197, sobre la lucha contra la trata de seres humanos. En las tres normas internacionales se establece el deber de los Estados de adoptar las medidas legislativas oportunas para tipficar como delito la trata de personas.

    Con estos antecedentes, se introduce en nuestro Código Penal a través de la reforma operada en el mismo por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, el art. 177 bis. Un artículo larguísmo, profuso, confuso y poco taxativo, que requiere una atenta lectura y estudio para ser comprendido. Se basa en el contenido del Protocolo de Palermo pero, lejos de trasponerlo, pretende completarlo y ampliarlo. Intentaré resumirlo.

   Las conductas que castiga la norma son esencialmente tres: captar, trasladar y recepcionar seres humanos. Es un tipo mixto alternativo, basta con que se de cualquiera de ellas para cometerse el delito. ¿Cómo han de acometerse estas conductas para constituir el delito de tráfico se seres humanos? Mediante violencia, intimidación, engaño o abuso de superoriridad o de la situación vulnerable de la víctima. Cuando la víctima es un menor de edad se entenderá siempre que la conducta se ha ejecutado en contra de su voluntad.

   Para que dichas conductas sean constitutivas de delito de trata de seres humanos han de acomterse con alguna de las siguientes finalidades: para la explotación laboral o la esclavitud, para la explotación sexual incluida la pornografía o para la extracción de órganos. Estamos ante un delito mutilidado en dos actos, es decir, no es necesario que el sujeto activo consiga la finalidad perseguida para que el delito se entienda consumado. Basta con captar, trasladar o recepcionar seres humanos con cualquiera de tales finalidades.

   La pena asignada para este delito es de 5 a 8 años de prisión. Se establecen tres tipos agravados: cuando se ponga a la víctima en grave peligro, cuando sea menor de edad o cuando la víctima sea especialmente vulnerable, cuando el autor se prevalezca se condución autoridad o funcionario público y cuando el autor pertenezca a una organización criminal dedicada a la trata se seres humanos.

    Como quiera que el bien jurídico protegido por la norma es la dignidad y la libertad de las personas, bienes personalísimos, se entenderá que se ha cometido un delito por cada una de las personas que hayan sido captadas, trasladadas o recepcionadas por el autor, entiendo que en relación de concurso ideal (art. 77 del Código Penal). Asimismo, se establece expresamente la aplicación de las normas concursales con el delito de inmigración ilegal tipificado en el art. 318 bis del Código Penal, cuando la conducta sea incardinable en ambos tipos penales.

     Al margen de la confusa redacción del precepto, ciertamente criticable, considero muy positivo que la reforma de 2010 haya introducido en nuestro texto punitivo este delito que responde no sólo a los compromisos adquiridos por España como miembro de organismos internacionales, sino, lo más importante, a proteger los bienes jurídicos atacados de las personas víctimas de estas criminales conductas, generalmente mujeres y menores que son sometidos en pleno siglo XXI a un execrable mercado humano para ser explotados, esclavizados o prostituidos a la fuerza generando dicha práctica millonarios beneficios a las mafias que controlan este negocio criminal. Me temo que la esclavitud va a seguir existiendo en el mundo, pero al menos tenemos que tener la conciencia tranquila de que bajo ningún concepto la aceptamos y de que la perseguimos y la sancionamos.