El viernes, 22 de julio, a los noruegos se les desplomó de repente su acomodada seguridad. Una bomba estalló en pleno centro de Oslo y dos horas después un individuo acribilló a balazos a cuanta persona veía en un islote minúsculo situado en las inmediaciones de la capital. Setenta y seis personas muertas y la cifra todavía no es definitiva. Los noruegos dormían la siesta en su tumbona y alguien les despertó con una avalancha de fuego, muerte y destrucción.
Mucho se ha escrito desde ese fatídico día cuestionando la supuestamente idílica seguridad de los países nórdicos. No han faltado incluso comentarios relacionando estos horrendos crímenes con las novelas de Staig Larsson interpretando su trilogia "Millenium" como un aviso a los lectores de que el organizado y ecológico estado del bienestar de los países nórdicos en realidad constituye un caldo de cultivo para las personalidades solitarias y psicopáticas. Creo que se equivocan.
Efectivamente, la tasa de criminalidad de los países nórdicos es la más baja de Europa y ello ha supuesto un razonable relajamiento de las políticas de seguridad. Recordemos que Olof Palme, Primer Ministro de Suecia, fue asesinado a la salida de un cine en 1988. No llevaba escolta.
Sin embargo, esas bajas tasas de criminalidad responden a muchas causas como la abundancia de zonas verdes, la escasez de bares de copas, el clima frío y, sobre todo, por encima de todo, a una acertadísima educación de los niños tanto en la escuela como en las familias.
Pero una cosa es que la tasa de criminalidad sea baja y otra que en los países nórdicos no se cometan delitos. En toda sociedad existen las conductas desviadas en mayor o menor medida. No se concibe un núcleo de población más o menos extenso en el cual todos sin excepción cumplan los mandatos y prohibiciones incluidos en la ley penal. Es de todo punto inconcebible y de todo punto indeseable. La Criminología marxista postulaba la desaparición total de la delincuencia una vez que se instaurara la "dictadura del proletariado". Cuando se conocieron los delitos que se cometían en la antigua URSS, los mandatarios soviéticos los atribuían a la letal influencia del capitalismo en determinadas personas. Sencillamente ridículo.
Llegados a este punto afirmo que para que una sociedad sea efectivamente libre debe contener necesariamente una determinada tasa de criminiladad, una tasa pequeña, controlada, pero debe tenerla. Una sociedad sin delincuentes es una socidad adocenada o atemorizada o ambas cosas a la vez. Y Noruega tiene esa pequeña tasa, por eso precisamente es un país libre.
Sentado lo anterior, me gustaría introducir una reflexión. ¿No estaremos ante el nacimiento de un nuevo terrorismo, un terorismo de extrema derecha? Hasta ahora, hemos conocido el terrorismo de extrema izquierda (ETA), el terrorismo de Estado, el terrorismo islamista (AL Qaeda), el narcoterrorismo (FARC) y el terrorismo nacionalista (IRA), pero no se conoce ningún terrorismo de extrema derecha en el mundo occidental. Quizá el asesino de Oslo sea un psicópata, pero un psicópta por convicción, un fanático ultra y quizá no actuó solo, tal vez pertenezca a una célula de una organización no por incipiente menos peligrosa. El ascenso electoral de la extrema derecha en europa occidental (afortunadamente, en España todavía no) nos debería preocupar y mucho a todos los europeos. Este creo que es el verdadero problema. Mientras tanto, sigamos disfrutando de las novelas de Larsson como lo que son, ficción negra, nada más y nada menos.
lunes, 25 de julio de 2011
miércoles, 13 de julio de 2011
El faisán de las cloacas
Los españoles hemos sobrepasado con creces nuestra capacidad de asombro. La noticia es sencillamente alucinante: La cúpula del Ministerio del Interior procesada.... por colaboración con banda armada, ¡¡¡¡por colaborar con ETA!!!! El Director General de la Policía Nacional en el año 2006, el Jefe de la Policía en el País Vasco y el Inspector Jefe de la Policía Nacional, formalmente encausados por el Juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por avisar a quien regentaba el Bar "Faisán" de Irún de que se iba a practicar una redada policial en su establecimiento en una operación contra la red de extorsión de la banda terrorista ETA, contra el llamado "impuesto revolucionario".
Recordemos que en el año 2006, el Gobierno estaba inmerso en el mal llamado "proceso de paz" (que se sepa, en el País Vasco no hay ninguna guerra) negociando con la banda criminal ETA las condiciones para que esta organización criminal dejase de aterrorizar a los españoles en general y a los vascos en particular. El denominado "impuesto revolucionario" era la principal vía de financiación de ETA y consistía en el chantaje criminal a los empresarios radicados en el País Vasco para que pagasen una cantidad de dinero a la banda para garantizar su inmunidad ante los atentados. Un viejo método empleado desde hace decenas de años por la mafia siciliana.
Dejando sentado el derecho de los implicados a la presunción de inocencia, la conducta imputada a los procesados no se concibe si no es en ejecución de una orden superior. Sencillamente, no es lógico que el Director General de la Policía Nacional decida por sí mismo avisar al regente del bar "Faisán" para hacer fracasar la operación de sus propios subordinados. Esta conducta es tan grave, tan repugnante, que ningún mando subalterno puede dar esa orden. Las instrucciones debieron venir de más arriba. Como vinieron de más arriba las instrucciones para secuestrar a Segundo Marey, ¿os acordáis?
Sin embargo, aunque no se haya imputado ni procesado a quienes ostentaban los cargos de Ministro del Interior y Secretario de Estado de Seguridad en 2006, su responsabilidad política es palmaria. Pero en España, la asunción de responsabilidades políticas es sencillamente una quimera, a las pruebas me remito. Alfredo Pérez Rubalcaba es candidato a Presidente del Gobierno en las próximas elecciones generales y a Antonio Camacho le han ascendido a Ministro del Interior. Ya lo dijo Franco: hay que dejarlo todo atado y bien atado.
El caso "Faisán" sencillamente nos remueve las tripas. Estamos hablando de una alta traición. Si los procesados son culpables son unos traidores porque el mayor enemigo del Estado en los últimos treinta años es ETA. Y esa traición ha sido presuntamente cometida por quienes precisamente tienen la función de luchar contra el terrorismo. ¿Qué confianza podemos tener los ciudadanos en el Ministro del Interior y en el Secretario de Estado de Seguridad en semejantes condiciones? ¿Cabe mayor burla a los ciudadanos en general y a las víctimas del terrorismo en particular? En las cloacas del Estado se visten trajes cruzados y se adornan los cuellos con corbatas de seda, pero anidan las ratas y huele a mierda.
Recordemos que en el año 2006, el Gobierno estaba inmerso en el mal llamado "proceso de paz" (que se sepa, en el País Vasco no hay ninguna guerra) negociando con la banda criminal ETA las condiciones para que esta organización criminal dejase de aterrorizar a los españoles en general y a los vascos en particular. El denominado "impuesto revolucionario" era la principal vía de financiación de ETA y consistía en el chantaje criminal a los empresarios radicados en el País Vasco para que pagasen una cantidad de dinero a la banda para garantizar su inmunidad ante los atentados. Un viejo método empleado desde hace decenas de años por la mafia siciliana.
Dejando sentado el derecho de los implicados a la presunción de inocencia, la conducta imputada a los procesados no se concibe si no es en ejecución de una orden superior. Sencillamente, no es lógico que el Director General de la Policía Nacional decida por sí mismo avisar al regente del bar "Faisán" para hacer fracasar la operación de sus propios subordinados. Esta conducta es tan grave, tan repugnante, que ningún mando subalterno puede dar esa orden. Las instrucciones debieron venir de más arriba. Como vinieron de más arriba las instrucciones para secuestrar a Segundo Marey, ¿os acordáis?
Sin embargo, aunque no se haya imputado ni procesado a quienes ostentaban los cargos de Ministro del Interior y Secretario de Estado de Seguridad en 2006, su responsabilidad política es palmaria. Pero en España, la asunción de responsabilidades políticas es sencillamente una quimera, a las pruebas me remito. Alfredo Pérez Rubalcaba es candidato a Presidente del Gobierno en las próximas elecciones generales y a Antonio Camacho le han ascendido a Ministro del Interior. Ya lo dijo Franco: hay que dejarlo todo atado y bien atado.
El caso "Faisán" sencillamente nos remueve las tripas. Estamos hablando de una alta traición. Si los procesados son culpables son unos traidores porque el mayor enemigo del Estado en los últimos treinta años es ETA. Y esa traición ha sido presuntamente cometida por quienes precisamente tienen la función de luchar contra el terrorismo. ¿Qué confianza podemos tener los ciudadanos en el Ministro del Interior y en el Secretario de Estado de Seguridad en semejantes condiciones? ¿Cabe mayor burla a los ciudadanos en general y a las víctimas del terrorismo en particular? En las cloacas del Estado se visten trajes cruzados y se adornan los cuellos con corbatas de seda, pero anidan las ratas y huele a mierda.
lunes, 11 de julio de 2011
El Codice Calixtino: un robo de novela
En Santiago de Compostela se ha cometido un robo de novela. El Codice Calixtino, fechado en el siglo XII y cuya autoría se atribuye al Papa Calixto II, el primer texto de la Historia en el que se muestra una guía del Camino de Santiago ha sido robado limpiamente, sin violencia en las personas, sin fuerza en las cosas. Ha sido un hurto pulcro, profesional.
El valor histórico y documental de la obra robada es incalculable. Es propiedad de la Iglesia y se custodiaba en la Catedral de Santiago de Compostela. A los visitantes se les exhibía un fac simil mientras el original, desde hace ochocientos años era cuidadosamente guardado en el interior de la Catedral.
El contenido del Codice Calixtino tiene a su vez un alto valor esotérico. Tengamos en cuenta que, cuando fue escrito, en el siglo XII, la filosofía católica altomedieval se basaba en el secretismo, las claves ocultas y el miedo atroz a Dios, que era concebido como un Ser brutalmente castigador de los pecadores. Además, todavía faltaban trescientos años para el descubrimiento de América por lo que se consideraba al cabo de Finisterre como su etimología indica, el último punto del planeta Tierra. Por ello, el Camino de Santiago no sólo tenía un significado religioso sino también iniciático, era el trayecto hasta el fin del mundo, el tránsito geográfico desde esta vida hasta la otra.
Muchos escritores y cineastas han desplegado su creatividad sobre el Camino de Santiago. Recuerdo especialmente "Vía Láctea", la película de Luis Buñuel que aportaba su visión crítica, histriónica y surrealista, y recientemente, Pablo Coello, desde un punto de vista místico, y Matilde Asensi, adentrándose en la intriga épica, han basado sus novelas en la mágica peregrinación hasta la capital de Galicia.
Sin embargo, el robo del Codice Calixtino nos sugiere una trama como la descrita por Dan Brown en "El Código Da Vinci" o por Javier Sierra en "La cena secreta", cuando el autor nos muestra la intelegencia y creatividad renacentista de Leonardo Da Vinci al cumplir el encargo efectuado por Ludovico El Moro con la doctrina de la secta cátara como telón de fondo. ¿O no? Quizá la realidad sea mucho más prosaica. Lo más probable es que un ladrón a sueldo de un vulgar, millonario, excéntrico y trastornado chorizo coleccionista de este tipo de obras haya perpetrado el hurto aprovechando las enormes deficiencias de las medidas de seguridad dispuestas para proteger al Codice Calixtino. Nadie hasta ahora ha asumido la responsabilidad de tan penosa protección. La vida no es surrealista como la veía Buñuel, ni mística como Pablo Coello, ni épicamente intrigante como Matilde Asensi, ni una oculta e iniciática partida de ajedrez internacional como Dan Brawn, ni una explosión de conocimiento y creatividad renacentista como Javier Sierra. La vida es sencillamente realista, como la veía Galdós. Desengáñemosnos. La sustracción del Codice Calixtino seguramente es obra de un vulgar chorizo. Nada nuevo bajo el sol.
El valor histórico y documental de la obra robada es incalculable. Es propiedad de la Iglesia y se custodiaba en la Catedral de Santiago de Compostela. A los visitantes se les exhibía un fac simil mientras el original, desde hace ochocientos años era cuidadosamente guardado en el interior de la Catedral.
El contenido del Codice Calixtino tiene a su vez un alto valor esotérico. Tengamos en cuenta que, cuando fue escrito, en el siglo XII, la filosofía católica altomedieval se basaba en el secretismo, las claves ocultas y el miedo atroz a Dios, que era concebido como un Ser brutalmente castigador de los pecadores. Además, todavía faltaban trescientos años para el descubrimiento de América por lo que se consideraba al cabo de Finisterre como su etimología indica, el último punto del planeta Tierra. Por ello, el Camino de Santiago no sólo tenía un significado religioso sino también iniciático, era el trayecto hasta el fin del mundo, el tránsito geográfico desde esta vida hasta la otra.
Muchos escritores y cineastas han desplegado su creatividad sobre el Camino de Santiago. Recuerdo especialmente "Vía Láctea", la película de Luis Buñuel que aportaba su visión crítica, histriónica y surrealista, y recientemente, Pablo Coello, desde un punto de vista místico, y Matilde Asensi, adentrándose en la intriga épica, han basado sus novelas en la mágica peregrinación hasta la capital de Galicia.
Sin embargo, el robo del Codice Calixtino nos sugiere una trama como la descrita por Dan Brown en "El Código Da Vinci" o por Javier Sierra en "La cena secreta", cuando el autor nos muestra la intelegencia y creatividad renacentista de Leonardo Da Vinci al cumplir el encargo efectuado por Ludovico El Moro con la doctrina de la secta cátara como telón de fondo. ¿O no? Quizá la realidad sea mucho más prosaica. Lo más probable es que un ladrón a sueldo de un vulgar, millonario, excéntrico y trastornado chorizo coleccionista de este tipo de obras haya perpetrado el hurto aprovechando las enormes deficiencias de las medidas de seguridad dispuestas para proteger al Codice Calixtino. Nadie hasta ahora ha asumido la responsabilidad de tan penosa protección. La vida no es surrealista como la veía Buñuel, ni mística como Pablo Coello, ni épicamente intrigante como Matilde Asensi, ni una oculta e iniciática partida de ajedrez internacional como Dan Brawn, ni una explosión de conocimiento y creatividad renacentista como Javier Sierra. La vida es sencillamente realista, como la veía Galdós. Desengáñemosnos. La sustracción del Codice Calixtino seguramente es obra de un vulgar chorizo. Nada nuevo bajo el sol.
martes, 5 de julio de 2011
Francisco Caamaño, un puntillero de vanguardia
Cuando Alfonso Guerra era el Vicepresidente del Gobierno pronunció muchas frases lapidarias que nos vienen a la memoria muy a menudo. Una de ellas fue "Maquiavelo ha muerto". Si al padre de la división de poderes de dieron la estocada hace casi treinta años, el actual Ministro de Justicia le ha intentado propinar la puntilla.
Francisco Caamaño tiene un aire de puntillero de vanguardia. Moreno, orondo y con aspecto bonascible, parece esperar la orden del maestro para acercarse la res echada en el albero mortalmente herida, flexionar la pierna derecha y dirigir la puntilla a pulso hacia el testuz de astado. Es de vanguardia porque no se conoce puntillero en la Historia de la Tauromaquia con barba poblada. Es un puntillero progresista. El toro, antaño estoqueado, es la justicia penal.
El Ministro Caamaño ha dicho a la agencia Efe nada menos que lo siguiente: Que hay redactado un borrador de anteproyecto de nueva Ley de Enjuiamiento Criminal y que, en esta legislatura, va a intentar que se apruebe en el Parlamento buscando el consenso de todas las fuerzas políticas. La principal novedad de la nueva ley procesal penal consiste en la asunción por parte del Ministerio Fiscal de las competencias instructoras en los procedimientos penales. El cachetero no ha acertado ni por aproximación. La puntilla ha penetrado muy lejos de las vértebras cervicales del moribundo cornúpeta.
Que se hace precisa la aprobación de una nueva Ley de Enjuciamiento Criminal es obvio. La actual data de 1882, está parcheada en casi todo su articulado y se ha quedado obsoleta. Hay que reducir el número de procedimientos penales, regular las intromisiones en los derechos fundamentales de las personas efectuadas por mandato judicial, esto es, prisión preventiva, intervenciones telefónicas, entrada y registro, etc., efectuar una nueva regulación de los recursos contra las Sentencias, suprimir definitivamene muchos preceptos arcaicos, en fin, hace falta una nueva ley procesal penal.
Pero pretender que un texto que en la actualidad es sólo un borrador de anteproyecto sea aprobado por las Cortes con el consenso de la oposición en esta legislatura a la que le quedan, en el mejor (o peor) de los casos, seis meses, es sencillamente una ilusión rayana en trastorno psicótico. Como no me cuadra que un puntillero sea un trastornado, creo que en realidad es un cachondo. Hay que pensar bien.
Apunta el cachetero a conciencia cuando dice que la novedad principal de la reforma radica en que el Fiscal será el que ostente las competencias para instruir las causas. Los fiscales están perfectamente capacitados para instruir, pero si asumen esas competencias sin modificar su estatuto orgánico, la democracia va a salir por la puerta y nos va a dejar al arbitrio del poder político. En efecto, el Ministerio Fiscal tiene como funciones constitucionales promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público tutelado por la ley. Pero el Fiscal no es independiente ni inamovible. Está sometido al principio de jerarquía, esto es, debe cumplir las órdenes que recibe el miembro de la Fiscalía superior jerárquico y, en la parte más alta de esta pirámide está el Fiscal General del Estado, designado directamente por el Presidente del Gobierno. No hace falta citar ningún ejemplo para acreditar la manifiesta parcialidad en la actuación de la Fiscalía en según qué asuntos y, casualmente, siempre decanta su actividad jurídica a favor de los intereses del Gobierno o del partido político del Gobierno. Y no sólo el actual Fiscal General del Estado sino todos sin excepción en los últimos treinta años. Si el Fiscal asume la instrucción de las causas sin adquirir previamente independencia e inamovibilidad otorgadas por ley, la instrumentalización del proceso penal para perseguir políticamente a los disidentes dependerá únicamente de la voluntad de quienes ostenten el Poder Ejecutivo. Cuando eso ocurra, que llamen a las mulillas y que se lleven al toro porque su cuerpo sin vida estorbará a los lidiadores y con su sangre ensuciará el albero.
Para rubricar su subalterna actuación, el Ministro Caamaño también ha dicho que en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal se va a establecer que sólo se podrán acordar intervenciones telefónicas cuando se investiguen delitos que tengan asignadas penas superiores a cinco años de prisión. La casta sale a relucir, pero no la casta torera sino la política. Los delitos de prevaricación, casi todos los tipos de cohecho y tráfico de influencias no podrán ser objeto de investigación mediante intervenciones telefónicas. Magnífico. Caamaño puede ser el primer puntillero al que sus compañeros de profesión le pongan una escultura en la puerta del Congreso.
Lo más positivo de todo este cúmulo de despropósitos es que ese borrador de anteproyecto no va a pasar de ahí. No va a dar tiempo a nada. La bazofia se pudrirá en cualquier olvidado cajón del Ministerio de Justicia. El toro se ha levantado. Todavía podemos concederle el indulto.
Francisco Caamaño tiene un aire de puntillero de vanguardia. Moreno, orondo y con aspecto bonascible, parece esperar la orden del maestro para acercarse la res echada en el albero mortalmente herida, flexionar la pierna derecha y dirigir la puntilla a pulso hacia el testuz de astado. Es de vanguardia porque no se conoce puntillero en la Historia de la Tauromaquia con barba poblada. Es un puntillero progresista. El toro, antaño estoqueado, es la justicia penal.
El Ministro Caamaño ha dicho a la agencia Efe nada menos que lo siguiente: Que hay redactado un borrador de anteproyecto de nueva Ley de Enjuiamiento Criminal y que, en esta legislatura, va a intentar que se apruebe en el Parlamento buscando el consenso de todas las fuerzas políticas. La principal novedad de la nueva ley procesal penal consiste en la asunción por parte del Ministerio Fiscal de las competencias instructoras en los procedimientos penales. El cachetero no ha acertado ni por aproximación. La puntilla ha penetrado muy lejos de las vértebras cervicales del moribundo cornúpeta.
Que se hace precisa la aprobación de una nueva Ley de Enjuciamiento Criminal es obvio. La actual data de 1882, está parcheada en casi todo su articulado y se ha quedado obsoleta. Hay que reducir el número de procedimientos penales, regular las intromisiones en los derechos fundamentales de las personas efectuadas por mandato judicial, esto es, prisión preventiva, intervenciones telefónicas, entrada y registro, etc., efectuar una nueva regulación de los recursos contra las Sentencias, suprimir definitivamene muchos preceptos arcaicos, en fin, hace falta una nueva ley procesal penal.
Pero pretender que un texto que en la actualidad es sólo un borrador de anteproyecto sea aprobado por las Cortes con el consenso de la oposición en esta legislatura a la que le quedan, en el mejor (o peor) de los casos, seis meses, es sencillamente una ilusión rayana en trastorno psicótico. Como no me cuadra que un puntillero sea un trastornado, creo que en realidad es un cachondo. Hay que pensar bien.
Apunta el cachetero a conciencia cuando dice que la novedad principal de la reforma radica en que el Fiscal será el que ostente las competencias para instruir las causas. Los fiscales están perfectamente capacitados para instruir, pero si asumen esas competencias sin modificar su estatuto orgánico, la democracia va a salir por la puerta y nos va a dejar al arbitrio del poder político. En efecto, el Ministerio Fiscal tiene como funciones constitucionales promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público tutelado por la ley. Pero el Fiscal no es independiente ni inamovible. Está sometido al principio de jerarquía, esto es, debe cumplir las órdenes que recibe el miembro de la Fiscalía superior jerárquico y, en la parte más alta de esta pirámide está el Fiscal General del Estado, designado directamente por el Presidente del Gobierno. No hace falta citar ningún ejemplo para acreditar la manifiesta parcialidad en la actuación de la Fiscalía en según qué asuntos y, casualmente, siempre decanta su actividad jurídica a favor de los intereses del Gobierno o del partido político del Gobierno. Y no sólo el actual Fiscal General del Estado sino todos sin excepción en los últimos treinta años. Si el Fiscal asume la instrucción de las causas sin adquirir previamente independencia e inamovibilidad otorgadas por ley, la instrumentalización del proceso penal para perseguir políticamente a los disidentes dependerá únicamente de la voluntad de quienes ostenten el Poder Ejecutivo. Cuando eso ocurra, que llamen a las mulillas y que se lleven al toro porque su cuerpo sin vida estorbará a los lidiadores y con su sangre ensuciará el albero.
Para rubricar su subalterna actuación, el Ministro Caamaño también ha dicho que en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal se va a establecer que sólo se podrán acordar intervenciones telefónicas cuando se investiguen delitos que tengan asignadas penas superiores a cinco años de prisión. La casta sale a relucir, pero no la casta torera sino la política. Los delitos de prevaricación, casi todos los tipos de cohecho y tráfico de influencias no podrán ser objeto de investigación mediante intervenciones telefónicas. Magnífico. Caamaño puede ser el primer puntillero al que sus compañeros de profesión le pongan una escultura en la puerta del Congreso.
Lo más positivo de todo este cúmulo de despropósitos es que ese borrador de anteproyecto no va a pasar de ahí. No va a dar tiempo a nada. La bazofia se pudrirá en cualquier olvidado cajón del Ministerio de Justicia. El toro se ha levantado. Todavía podemos concederle el indulto.
lunes, 4 de julio de 2011
Caza de vampiros en la sede de la SGAE
Viernes, 1 de julio de 2011. La Guardia Civil sale a la caza de los vampiros. Los máximos dirigentes de la SGAE, con su Presidente Teddy Bautista a la cabeza, son detenidos por orden del Juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. Técnicamente se les imputan delitos de apropiación indebida y administración desleal por el presunto desvío de fondos de la SGAE a otra sociedad paralela y filial de ésta y, desde esta otra sociedad a una empresa privada vinculada a los detenidos. Se ha publicado que el desfalco puede alcanzar los 500 millones de euros. Un burdo choriceo.
Pongamos las cosas claras. Me solivianta la posición de dominio que la SGAE, asociación creada al auspicio del régimen del General Franco, ha alcanzado en España en los últimos años. Bajo el paraguas del Gobierno han obtenido unas prebendas legislativas absolutamente disparatadas e injustas, prebendas denunciadas desde todos los ámbitos y que, según encuestas publicadas, han provocado que Teddy Bautista sea el ciudadano que peor cae a los españoles. Esas prebendas son el pago del Gobierno al indisimulado apoyo que los artistas más influyentes de la SGAE han venido mostrando al Partido Socialista cada vez que se enfrentaban a un proceso electoral. Son "el sindicato de la ceja". Hasta tal punto ha llegado la influencia de la SGAE en el Gobierno que el Presidente nombró Ministra de Cultura a Ángeles González Sinde, discretísima cineasta y defensora a ultranza del denominado "canon digital", una suerte de impuesto revolucionario avalado por el Boletín Oficial del Estado.
En efecto, resulta injusto, sangrante y penoso que, cuando los ciudadanos compramos una radio para escuchar música, deportes o noticias, le tengamos que pagar un canon a cantantes que llevan años y años sin grabar un disco ni pisar un escenario, a directores de cine de largometrajes subvencionados y a los escritores de los prospectos de las medicinas. Esto ya sabíamos que era disparatado, pero es que si además lo que estábamos haciendo era enriquecer desmesuradamente a los dirigentes de la SGAE, lo injusto se transforma en esperpéntico.
Dicho esto, una vez más, en este asunto reclamo prudencia. En primer lugar porque todos los detenidos tienen derecho a la presunción de inocencia. Es cierto que este derecho fundamental lo ostentan quienes son formalmente acusados o imputados de una infracción, pero no está demás recordar que el procedimiento se encuentra bajo secreto de sumario y que hasta que no se pruebe en juicio oral y ante el Tribunal competente, Teddy y sus colegas son presuntamente inocentes.
También reclamo prudencia porque sencillamente no me fío del Ministro Alfredo Pérez Rubalcaba. La confianza en las personas es, por definición, subjetiva. O se confía o no se confía en alguien por razones íntimas y veces irracionales. Y yo de Rubalcaba no me fío. La Ministra de Cultura Ángeles González Sinde es una apuesta personal del Presidente Zapatero para contentar a la SGAE. Rubalcaba está en plena operación de desmarque de Zapatero para tratar de evitar, en la medida de lo posible, una más que probable debacle electoral en las generales y, en ejecución de este plan político preconcebido, va acaparando cada vez más poder en las filas de su partido en detrimento del todavía Secretario General y se quita de enmedio las personas que en su opinión constituyen un obstáculo. Una de estas personas es Ángeles González Sinde. Políticamente, ya se la ha cargado. El Ministerio de Cultura tiene la obligación legal de supervisar la actividad y las cuentas de la SGAE y en este caso es obvio que esa obligación fiscalizadora no se ha cumplido en modo alguno. Ángeles González Sinde tiene las horas contadas.
Y esa desconfianza que me inspira Pérez Rubalcaba está avalada además porque ha habido durante etapa al frente del Ministerio del Interior otras operaciones no menos espectaculares que esta que, en muchas ocasiones, se han desinflado hasta quedar en nada o en casi nada. Eso sí, todas ellas eran casualmente oportunas desde el punto de vista de sus intereses políticos.
El asunto de la SGAE es grave, muy grave. Probablemente, se le acabó la fiesta. El millonario Teddy Bautista debe dimitir o ser cesado de su cargo de manera inmediata. La Guardia Civil salió a la caza de los vampiros y los llevó ante el Juez, pero para liquidar a Drácula hay que clavarle una estaca de madera en el corazón. ¿Estará la Fiscalía por la labor?
Pongamos las cosas claras. Me solivianta la posición de dominio que la SGAE, asociación creada al auspicio del régimen del General Franco, ha alcanzado en España en los últimos años. Bajo el paraguas del Gobierno han obtenido unas prebendas legislativas absolutamente disparatadas e injustas, prebendas denunciadas desde todos los ámbitos y que, según encuestas publicadas, han provocado que Teddy Bautista sea el ciudadano que peor cae a los españoles. Esas prebendas son el pago del Gobierno al indisimulado apoyo que los artistas más influyentes de la SGAE han venido mostrando al Partido Socialista cada vez que se enfrentaban a un proceso electoral. Son "el sindicato de la ceja". Hasta tal punto ha llegado la influencia de la SGAE en el Gobierno que el Presidente nombró Ministra de Cultura a Ángeles González Sinde, discretísima cineasta y defensora a ultranza del denominado "canon digital", una suerte de impuesto revolucionario avalado por el Boletín Oficial del Estado.
En efecto, resulta injusto, sangrante y penoso que, cuando los ciudadanos compramos una radio para escuchar música, deportes o noticias, le tengamos que pagar un canon a cantantes que llevan años y años sin grabar un disco ni pisar un escenario, a directores de cine de largometrajes subvencionados y a los escritores de los prospectos de las medicinas. Esto ya sabíamos que era disparatado, pero es que si además lo que estábamos haciendo era enriquecer desmesuradamente a los dirigentes de la SGAE, lo injusto se transforma en esperpéntico.
Dicho esto, una vez más, en este asunto reclamo prudencia. En primer lugar porque todos los detenidos tienen derecho a la presunción de inocencia. Es cierto que este derecho fundamental lo ostentan quienes son formalmente acusados o imputados de una infracción, pero no está demás recordar que el procedimiento se encuentra bajo secreto de sumario y que hasta que no se pruebe en juicio oral y ante el Tribunal competente, Teddy y sus colegas son presuntamente inocentes.
También reclamo prudencia porque sencillamente no me fío del Ministro Alfredo Pérez Rubalcaba. La confianza en las personas es, por definición, subjetiva. O se confía o no se confía en alguien por razones íntimas y veces irracionales. Y yo de Rubalcaba no me fío. La Ministra de Cultura Ángeles González Sinde es una apuesta personal del Presidente Zapatero para contentar a la SGAE. Rubalcaba está en plena operación de desmarque de Zapatero para tratar de evitar, en la medida de lo posible, una más que probable debacle electoral en las generales y, en ejecución de este plan político preconcebido, va acaparando cada vez más poder en las filas de su partido en detrimento del todavía Secretario General y se quita de enmedio las personas que en su opinión constituyen un obstáculo. Una de estas personas es Ángeles González Sinde. Políticamente, ya se la ha cargado. El Ministerio de Cultura tiene la obligación legal de supervisar la actividad y las cuentas de la SGAE y en este caso es obvio que esa obligación fiscalizadora no se ha cumplido en modo alguno. Ángeles González Sinde tiene las horas contadas.
Y esa desconfianza que me inspira Pérez Rubalcaba está avalada además porque ha habido durante etapa al frente del Ministerio del Interior otras operaciones no menos espectaculares que esta que, en muchas ocasiones, se han desinflado hasta quedar en nada o en casi nada. Eso sí, todas ellas eran casualmente oportunas desde el punto de vista de sus intereses políticos.
El asunto de la SGAE es grave, muy grave. Probablemente, se le acabó la fiesta. El millonario Teddy Bautista debe dimitir o ser cesado de su cargo de manera inmediata. La Guardia Civil salió a la caza de los vampiros y los llevó ante el Juez, pero para liquidar a Drácula hay que clavarle una estaca de madera en el corazón. ¿Estará la Fiscalía por la labor?
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