La tasa de la desvergüenza

    Se hace muy difícil escribir una líneas con la mínima mesura que el ejercicio requiere después de leer la publicación en el BOE el pasado miércoles de la Ley 10/2012 que aprueba las nuevas tasas que gravan el acceso de los ciudadanos a la Administración de Justicia.

     Todos y yo el primero somos conscientes de la gravedad de la crisis económica que nos asola en estos perturbadores momentos, todos y yo el primero somos conscientes que es necesario que los poderes públicos acometan dolorosos y necesarios ejercicios de recortes en el gasto público para que los servicios esenciales del estado del bienestar queden garantizados, todos y yo el primero sabemos que la Justicia en España ha estado dejada de la mano de Dios durante décadas, en períodos de bonanza y de crisis, da igual. Todos y yo el primero reclamamos la modernización y humanización de las tramitaciones judiciales, denunciamos la sobrecarga ingente de trabajo que colapsa nuestros órganos judiciales, abogamos por profundizar en la imprescindible independencia del Poder Judicial respecto del Ejecutivo, exigimos la creación de nuevos juzgados que nos equipare cuantitativamente a los países de nuestro entorno, recomendamos la progresiva introducción de las nuevas tecnologías en los expediendientes judiciales, instamos la independencia en la actuación del Ministerio Fiscal, conocemos la necesidad de la formación especializada de los Abogados, la reformulación y justa remuneración del turno de oficio, la redefinición del papel de los Procuradores en la tramitación procesal del siglo XXI. En definitiva, todos y yo el primero somos conscientes de que la Justicia en España necesita una profunda reforma para solventar sus endémicos e históricos problemas y para adaptarse a los nuevos tiempos.

       Ninguna de las personas que han ostentado el cargo de Minstro de Justicia en los últimos treinta años ha mostrado el menor interés en acometer tan ingente como necesaria tarea. Y ha llegado Gallardón. Alberto Ruiz Gallardón, hijo de insignie Abogado, Fiscal de carrera, exalcalde de la villa de Madrid, yerno de José Utrera Molina (este es un apunte de memoria histórica), carita de opositor empollón, y ha encontrado la mágica manera de desatascar de expedientes los Juzgados y por ende de agilizar el funcionamiento del día a día en los Tribunales. Impongo unas tasas de caballo y así la gente una de dos, o no pleitea o si lo hace, el Estado pone en marcha su máquina recaudatoria.

      Cierto es que se hace necesario introducir un filtro de admisión a trámite de determinadas demandas y recursos planteados muchas veces únicamente como respuesta a estrategias dilatorias, morosas o pleitistamente delirantes. Pero de ahí a exigir cantidades mínimas de 300 euros por presentar una demanda, 800 euros por presentar un recurso o 200 euros por recurrir una simple sanción administrativa, media un abismo.

      Alberto Ruiz Gallardón ha ejecutado un crochet de derecha al hígado del derecho fundamental a la tutela judicial que ostentamos todos los ciudadanos, y lo ha hecho al hígado de la inmensa mayoría de los ciudadanos, a esa clase antaño media y hogaño ahogada que va a encontrar en el disparate publicado en el BOE un muro que muchas veces será infranqueable para instar el desahucio del inquilino moroso, para divorciarse, para recurrir una multa de tráfico, para reclamar unos daños materiales en un accidente o sencillamente para recurrir una Sentencia de primera instancia. El corchet al hígado corta la respiración del púgil que lo encaja, las piernas se le aflojan, cae a la lona y el K.O. está servido.

      La indignación sube paulatinamente de nivel cuando leemos la exposición de motivos del denominado tasazo. Se nos dice que el dinero que recaude el Estado irá destinado a la mejora del servicio de asistencia jurídica gratuita que se presta a los ciudadanos que pleitean y acreditan que no tienen medios para ello. Mentira. El dinero que se recaude irá destinado a la partida presupuestaria que considere oportuna el Ministerio de Economía cuando redacte los Presupuestos Generales del Estado, como todo el mundo puede entender. Se destinará a la justicia gratuita, o al pago de las nóminas de los funcionarios, o al mantenimiento de los aeropuertos de Ciudad Real, Castellón o León, o al abono de las dietas de diputados y senadores o quizá al pago de los intereses de la deuda pública que la prima de riesgo está desbocada.

      La Ley de tasas de Gallardón es una estafa política publicada en el BOE. Se engaña a los ciudadanos diciéndoles que esta es la medida necesaria para que la Justicia se descongestione y que el dinero se destinará a la justicia gratuita, se induce a la gente al error de pensar que quizá esto sea así, el acto de disposición de los ciudadanos consiste en abonar la tasa de la vergüenza cuando su imposición por tales cuantías vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva y el perjuicio que se les ocasiona es evidente. Todo ello unido por una clara relación de causalidad. ¿Es o no es una estafa? Estafa política por supuesto, que no está tipificada en el Código Penal.

     Pensará el yerno de José Utrera Molina que si de esta manera consigue desatascar los Juzgados, la medida en cuestión podría trasladarse a otros ámbitos en los que los servicios públicos están igualmente masificados. Por ejemplo, los hospitales (tasa por hospitalización), las cárceles (tasa de encarcelamiento), las fiestas de Halloween (tasa de DJ), el clásico Madrid-Barsa (tasa merengue-culé), las oficinas del INEM (tasa por cuñar el paro), los fallecimientos (tasa de defunción) o las manifestaciones en la Puerta del Sol (tasa perroflauta). Menos mal que la aspirina ya está inventada porque si no el Fiscal de carrera buscaría la tasa precisa para reclamar su patente. Que se vaya con su suegro a homenajear a Franco. Pero que se vaya lejos.

El infierno del desahucio de Amaia

     Llueve en Baracaldo. Normalmente, los meses de noviembre en el País Vasco son nublados, lluviosos y fríos. Amaia, asomada a la ventana de su casa, nota la tristeza de las hojas caídas, de los charcos inacabables, de ese sol que no sale nunca, que lleva demasiado tiempo escondido no sabe dónde.

     Amaia disfruta de un buen trabajo, es jefa de recursos humanos en una empresa de autobuses. Está felizmente casada y tiene un hijo de 21 años. Hace algunos, no muchos años, decidió, junto a su esposo, comprar una casa. El precio de la vivienda estaba por las nubes pero todos sus amigos y vecinos, hasta el jardinero y el taxista, vacilaban de sus inversiones inmobiliarias. Los créditos estaban baratos, los bancos apenas exigían requisitos para verificar la capacidad de retorno del dinero que iban a prestar, los intereses, el dichoso euribor, estaban por los suelos, y los plazos de amortización se estaban ampliando hasta 40 años. No vamos a ser nosotros los únicos gilipollas que no tengamos una vivienda en propiedad. Firmamos la escritura, nos entregan las llaves y adelante con los faroles.

     Amaia no leyó la letra pequeña de la escritura de compraventa con subrogación de hipoteca. Cualquiera lo hace. Más de 50 páginas en las que se describen términos tales como "el interés francés", "el precio pactado de subasta", "las costas de la hipotética ejecución", "la responsabilidad patrimonial universal" o el "interés de demora". Probablemente, ni siquiera el Notario se la leyó. No tenía saliva suficiente para soportarlo. Da igual. Lo importante es que salió de la Notaría con las llaves de su flamante casa recién amueblada. El banco incluyó en el crédito hipotecario la financiación de los muebles y electrodomésticos, los honorarios de Notario y Registrador de la Propiedad y hasta la financiación de un coche nuevo. Vámonos a un restaurante y remojamos el piso nuevo.

     Los números que hizo Amaya cuadraban. Con su sueldo y la mitad del de su esposo se cubría el plazo mensual de amortización. El resto, para vivir. Como todos nuestros amigos, como el jardinero y el taxista, como todo el mundo. Vamos, vamos, que nos vamos.

    Amaia cayó en la trampa, la trampa de los banqueros sin escrúpulos, la trampa de la dinámica diabólica de vivir a crédito en la que todo el mundo se autoincluía en la llamada "clase media", la trampa de la especulación, del derroche, la trampa del becerro de oro, de los bolsos de Luis Vuitton, de los pantalones de Armani, de los cruceros en el Caribe y del BMW aptos para todos los públicos.

    Amaia escuchó, en septiembre de 2007, que en Estados Unidos había estallado la crisis de las "hipotecas subprime". A principios de 2008, algunos "antipatriotas" auguraban una grave crisis. Ni caso. Mi marido y yo somos del Partido Socialista y Zapatero, el adalid de "los que no tienen de todo" ha dicho que esto es simplemente "una desaceleración, un ajuste". Zapatero sí que sabe.

    Y vino el tsunami de la crisis, la ruina y la desolación. Poco a poco lo invadió todo. A Amaia le redujeron el sueldo y a su marido también. Malditos recortes. Con lo que ganan los dos ya no da para pagar la hipoteca y, caro, antes que la hipoteca, está llenar la nevera. Lo primero es comer. Amaia ya se ha dado cuenta de la terrible trampa en la que cayó, de que Zapatero nos hundió en la cloaca y que Rajoy está haciendo el agujero más grande, de que los altos mandos de las otrora estupendas Cajas de Ahorro se lo han llevado crudo, las han llevado a la quiebra y no van a pisar una cárcel ni por error u omisión. Zapatero primero y Rajoy después les han dado el dinero que no tenemos, el que hemos tenido que pedir prestado a Alemania, para tapar el agujero negro del despilfarro, de la burbuja y de ladronicio. Se ha dado cuenta de que la clase trabajadora no trabaja, la clase media no tiene medios y la clase alta no tiene clase. Porque hace falta no tener clase para que, con sólo tres cuotas impagadas, liquiden la hipoteca e insten su ejecución judicial. Cuando le notifican la demanda comprueba de que la deuda ya se ha multiplicado por dos. Tanto de principal, tanto de intereses de demora pactados y tanto presupuestados para intereses remuneratorios y costas. Una demanda de copia-pega presentada en el Decanato de los Juzgados invocando una ley en vigor desde hace más de 120 años y todo se va a la mierda. No ya es que pierda su casa, es que aún sin techo, va seguir debiendo dinero ella, su hijo, su nieto y todas sus raíces geneológicas. ¡Pero cómo pude yo firmar eso, Dios mío!

    Dentro de quince minutos es el "lanzamiento". Así denomina la Ley de Enjuiciamiento Civil el acto procesal consistente echar a la gente de su domicilio por impago. La lanzan a la calle. Es la crueldad del lenguaje jurídico. Un agente judicial, dos policías municipales, un cerrajero y el Procurador del banco, o sea, otras cinco víctimas del tsunami, se personarán en casa de Amaia y la echarán a ella y a su familia a la puta mierda. Se va a hacer justicia.

    Hace apenas un año veíamos como en Grecia la gente empezaba a suicidarse como consecuencia de la angustia de verse arruinados. Calma, nosotros sí saldremos adelante. Da igual lo que digan insignes economistas como Niño Becerra, Alberto Recalde o Paul Graugman, da igual que el FMI o la OCDE sigan pronosticando el agravamiento del cáncer, da igual que la Macroeconomía sea una ciencia. Nosotros, sí saldremos adelante.  Hace un mes, Félix Baunmganter saltó al vacío buscando el cielo en la Tierra. Ahora, Amaia también lo ha hecho pero para huir del infierno. No somos Grecia.

Noche de terror en el Madrid-Arena.

      Cuando Katia, Cristina, Rocío y Belén salieron de sus casas la noche del miércoles, 31 de octubre, lo hicieron cumpliendo con la rutina de cada finde. Llamadas al móvil, mensajes en el washapp o unos escuetos y malescritos tuits y quedada con las amigas. Igual que todos los viernes. Al fin y al cabo, ¿qué sentido tiene la semana si no culminara en las noches del viernes y del sábado? Y esta semana, puente. Y una macro-fiesta de Halloween en el Madrid-Arena, una fiesta a la que va a ir todo el mundo. Dabuten.

     Ninguna de estas chicas imaginaban que iban a ser protagonistas de la más cruda película de terror jamás interpretada. La película de la estupidez, la imprudencia temeraria, el desmedido ánimo de lucro, la incompetencia, la desidia, y el rebaño. Ese rebaño de ovejas que nos mostraba Luis Buñuel al final de "El ángel exterminador" cuyo surrealista significado no entendía una mayoría con el cerebro atrofiado y que el genial aragonés se negaba a explicar, por lo obvio del mismo.

      Desde un punto de vista jurídico penal, los sucesos ocurridos esa noche, se antojan apasionantes. La dogmática de la imprudencia punible y la relación de causalidad van a encontrar en este caso, un campo magnífico para la interpretación y también para la clarificación de sus postulados. Recordemos la histórica Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de abril de 1992, que resolvió el denominado "caso de la colza". Su Ponente, el Magistrado Enrique Bacigalupo Zapater, probablemente no era consciente cuando la redactó de que estaba sentando las bases en el Derecho Penal español de la teoría de imputación objetiva en el ámbito de la relación de causalidad, teoría que arrancó en los años 60 gracias al profesor Claus Roxin y a la Escuela de Munich. Analicemos los hechos de esta fatídica noche de brujas.

     Está probado que se lanzó una bengala, ante lo cual hay dos opciones: que el lanzamiento de esa bengala provocase la avalancha humana que acabó con la vida de las cuatro jóvenes, o que ese lanzamiento no la provocase. Si la provocó, no hay duda de que el irresponsable que la lanzó es penalmente responsable de cuatro delitos de homicidio por imprudencia grave (art. 142 del Código Penal) y de un delito de lesiones por imprudencia grave (art. 152 del Código Penal). Sería responsable porque con su conducta infringe una norma elemental de cuidado, de previsible resultado, crea una situación de riesgo jurídicamente desaprobada, y ocasiona el resultado previsto en la norma penal. Es la teoría de la imputación objetiva. Esta sería la única persona penalmente responsable de estos hechos, por más que por la empresa organizadora del evento se hayan incumplido convenios, ordenanzas o normas de cuidado y por más que hayan engañado al Ayuntamiento de Madrid o que la concejalía de turno se haya dejado engañar con facilidad. En este caso, la causa de las muertes de las chicas sería la temeraria e irresponsable conducta desplegada por una persona que lanzó una bengala en un lugar estrecho y cerrado provocando una avalancha humana y la muerte de las cuatro infortunadas chicas. La empresa organizadora sería responsable civil subsidiaria, por aplicación del art. 120.3º del Código Penal, precisamente por infringir esas normas, y seguramente dicha responsabilidad civil estará amparada por una póliza suscrita a tal fin con una compañía de seguros, la cual sería también responsable civil directa por mor del art. 117 del Código Penal.

     Conviene tener muy claro este extremo porque por más importancia mediática que estén adquiriendo las escandalosas irregularidades cometidas por la empresa organizadora en orden al sobreaforo del recinto, a la ausencia de control en la entrada para que no tuvieran acceso a la misma los menores de edad e incluso a la permisividad para que, a partir de un momento de la noche, el acceso al recinto fuese libre, sin entrada, lo cierto es que ninguna de estas irregularidades, ilegalidades o ausencia de controles fueron la causa de la muerte de las cuatro chicas. La causa de la muerte fue la bengala temerariamente lanzada por un irresponsable imprudente. Lo entenderemos mejor con un ejemplo. Imaginemos que en una carretera deficientemente mantenida por la empresa propietaria, un vehículo circula a 200 km. por hora, efectúa un adelantamiento prohibido y colisiona frontalmente contra otro vehículo, causando la muerte de sus tres ocupantes. Todos estaremos de acuerdo en que el responsable de esas muertes es el conductor del vehículo temerariamente conducido, no la empresa propietaria de la carretera que, por su deficiente mantenimiento, provocó que la ambulancia que iba a socorrer a los heridos, llegase diez minutos tarde. Teoría de la imputación objetiva y teoría de causación adecuada.

       Ahora bien, hemos dicho de cabían dos opciones. La segunda sería que el lanzamiento de la bengala no hubiese provocado la avalancha humana. Entonces el guión del trhiller cambiaría por completo porque en ese caso el sobreaforo del recinto, la persmisividad de los porteros y la ausencia de seguridad del pabellón sí serían la causa de la avalancha y por ende del fallecimiento de las cuatro jóvenes. En este caso, la persona que temerariamente lanzó la bengala no sería responsable de delito alguno pues su conducta sería atípica por ausencia del resultado previsto en la norma penal. El responsable penal de los cuatro delitos de homicidio por imprudencia grave y del delito de lesiones por imprudencia grave sería el gerente o administrador de la empresa organizadora del evento porque entonces sus irregularidades sí supondrían la vulneración de normas de cuidado con previsible resultado, crearían una situación de riesgo jurídicamente protegido, y hubiese ocasionado el resultado previsto en la norma penal. Nuevamente, la teoría de la imputación objetiva.

       La relación de causalidad, de imprescindible concurrencia en los delitos de resultado, está íntimamente unida con las ciencias naturales. Hay que determinar científicamente cuál fue la causa de la avalancha humana para determinar quién es la persona penalmente responsable. Esto es lo chocante cuando ocurre que en un evento dañoso rayana la catástrofe se observan negligencias gravísimas de diversos agentes. Hay que determinar científicamente cuál de esas conductas negligentes ha sido la que ha causado el daño, quedando el resto impunes. Ahí es donde debe entrar el Derecho Administrativo Sancionador y equilibrar la balanza de la justicia.

     De lo que no cabe la menor duda es que hay una o varias personas responsables de las horribles muertes por aplastamiento de las cuatro jóvenes. Katia, Cristina, Rocío y Belén merecen que se les haga justicia. La Policía primero y los Tribunales después tienen ante sí un reto apasionante y transcendente. Determinar la causa de la avalancha debe ser lo primero y después identificar a quien la provocó, porque alguien la provocó. La niña del pozo de "The Ring" no estaba en la fiesta.......... al menos que se sepa.