En 2006, la Fiscalía presentó sendas querellas en la Audiencia Nacional contra los administradores de las mercantiles Afinsa y Forum Filatélico. Les imputaba delitos de estafa, delito contra la Hacienda Pública, insolvencia punible y administración desleal. Amparado en dos informes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, fijaba el agujero de Afinsa en 1.106 millones de euros y el de Forum Filatélico en unos 2.000 millones de euros.
Respecto de Afinsa, el Fiscal manifestaba en la querella que la red comercial consiguió importantes aportaciones de parte de las personas a las que se entregaron sellos sumamente sobrevalorados y luego cantidades en concepto de intereses que no eran tales sino parte del metálico recibido por los propios clientes.
En cuanto a Forum Filatélico, el Fiscal manifiesta que los clientes firmaban tres contratos: en el primero, vendía los sellos al cliente; en el segundo, les ofrecía custodiarlos de forma gratuita; y, en el tercero, se comprometía a recomprarlos con un interés añadido. El precio de los sellos lo establecía la empresa y, según la Fiscalía, les atribuía un valor trece veces superior al de mercado.
Ni uno solo de los clientes de Afinsa o Forum Filatélico habían denunciado a estas empresas. Fue despues, a raíz de que el Juez Santiago Pedraz ordenase los registros y detenciones de los querellados y la clausura de las sedes, cuando los clientes inversores lo perdieron todo. No había ningún fallido o incumplimiento en ninguno de los contratos.
Posteriormente se iniciaron sendos procedimientos concursales de las dos empresas. A fecha de hoy, ninguno de los clientes ha recuparado su inversión ni tienen perspectivas de poder hacerlo en el futuro. El Gobierno ha desoído sus constantes peticiones y reivindicaciones al respecto. Hasta la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional les ha desestimado su demanda colectiva de responsabilidad patrimonial dirigida contra el Estado por una supuesta culpa in vigilando.
Uno de los elementos nucleares del delito de estafa, art. 248 del Código Penal, es el perjuicio producido en el sujeto pasivo. En los casos de Afinsa y Forum Filatélico no había perjuicio alguno. Francamente, no sé donde puede estar la estafa. Y es que el perjuicio lo provocó la querella de la Fiscalía y la intervención judicial de las empresas. A fecha de hoy, cinco años después, no se puede ni siquiera atisbar cuando se va a celebrar el juicio.
Nos trasladamos al domingo, 29 de marzo de 2009. Un Consejo de Ministros extraordinario acordó la intervención de Caja Castilla-La Mancha. Después de la de Banesto en 1994, era la primera intervención de una entidad bancaria en España. La gestión del Presidente del Consejo de Administración, Juan Pedro Hernández Moltó había provocado un agujero financiero de 3.000 millones de euros y el Gobierno, al intervenirla tuvo que aportar un aval de 9.000 millones de euros de dinero público, es decir, vuestro y mío. Juan Pedro Hernández Moltó era Presidente porque pertenece al Partido Socialista. Ni más ni menos.
Los informes confeccionados por los Administradores nombrados por el Banco de España pusieron de manifiesto gestiones tan "rentables" como la concesión de millonarios créditos relacionados con la construcción a sociedades participadas por personas vinculadas con consejeros. Dichas operaciones fueron ruinosas. Como ruinosa fue también la participación en la sociedad del Aeropuerto de Ciudad Real, una obra faraónica y tan necesaria como que, a fecha de hoy, parece un aeropuerto fantasma. Sus enormes instalaciones están vacías y de sus pistas ni despega ni aterriza ningún avión. Claro, que quien hizo el agosto fue el propietario de los terrenos colindantes a la instalación, los cuales fueron objeto de la debida recalificación urbanística. En resumen, ortodoxia bancaria. Si Alfonso Escámez saliera de la tumba, regresaría al nicho sin dudarlo.
Pues bien, en el asunto de Caja Castilla-La Mancha, con una gestión como la descrita que ha provocado presuntamente un perjuicio a la propia entidad de unos 3.000 millones de euros y que ha provocado una aportación del erario público, o sea, de vosotros y mío, de 9.000 millones de euros, la Fiscalía no ha encontrado indicios de delito suficientes como para formular querella. Hay unas diligencias previas, incoadas año y medio después de los hechos, pero no a instancia del Fiscal. Y, por supuesto, el Juez de Instrucción no ha adoptado medida cautelar alguna.
Lo peor de la gravísima crisis que padecemos no es la ruina generalizada, ni la desconfianza de ciudadanos, empresas y bancos, ni que haya cinco millones de parados. Lo peor de esta crisis es que los ciudadanos tienen la percepción de nadie paga por los desmanes cometidos y que la Fiscalía actúa cuando le da la real gana, casualmente cuando le interesa al partido en el poder. Y esa percepción puede ser acertada.
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