Estremecedoras. No se pueden calificar de otra forma las informaciones que estamos siguiendo a través de los medios de comunicación y que confirman que, durante la postguerra civil, durante el régimen del General Franco y, lo que es peor, durante la transición y hasta finales de los años 80, existían tramas organizadas que se dedicaban a sustraer niños recién nacidos a sus madres, generalmente engañándolas al decirles que habían nacido muertos, para darlos en adopción a terceras personas. Todo ello, mediante el pago de un precio. Las tramas estaban perfectamente organizadas y al parecer participaban médicos, sacerdotes, notarios y monjas. La Asociación de Afectados por Adpociones Ilegales (ADANIR) ha entregado el 27 de enero de 2011 al Fiscal General del Estado documentación relativa a 261 casos de robos de niños. Otras dos asociaciones han presentado denuncias relativas a otros 882 casos.
La inmensa mayoría de los robos se cometían en clínicas y casas cuna, casi todas ligadas a organizaciones religiosas. Es sencillamente increíble. Nos encontramos ante unas organizaciones criminales integradas por personas de un elevado estatus económico, profesional o social que sustraían bebés a sus madres y padres para traficar con ellos y cobrar por las "adopciones". El Fiscal General del Estado ha derivado las denuncias a las Fiscalías provinciales de forma que cuarenta de ellas tienen expedientes de estos robos de niños en sus oficinas. Los fiscales han ordenado a la Policía Nacional que investiguen estos hechos.
Desde un punto de vista jurídico, es muy difícil que a estas alturas, más de treinta años después, se puedan depurar responsabilidades penales. El delito de robo de niños no estaba tipificado en el Código Penal de 1944 ni el el Texto Refundido de 1973. Los hechos podrían ser constitutivos de delitos de suposición de parto, tipo agravado del art. 221 del Código Penal así como de delitos de falsedad documental. No es necesario aclarar que dichos delitos ya estarían prescritos. La única salida jurídico penal sería entender que los hechos fuesen constitutivos de delitos de detenciones ilegales ya que, al tratarse de infracciones permanentes el plazo prescrpitivo empezaría a computarse con la mayoría de edad de los niños. También es fácilmente imaginable los enormes problemas que, transcurrido tanto tiempo, se va a encontrar la Policía para encontrar pruebas de los hechos que incriminen a estas alturas a personas en concreto.
Los procedimientos de adopción de niños eran largos, complejos, caros y de fácil manipulación. Se tramitaban por las Diputaciones Provinciales. Hasta 1987 no se promulgó la actual ley de adopción donde se establecen los requisitos legales para el acogimiento y adopción de menores. Sencillamente, pone la piel de gallina imaginar el drama desgarrador de esas mujeres cuando les "informan" que su bebé ha muerto en el parto y que desde la clínica se encargarían del entierro.
En cualquier caso, lo vergonzoso de este asunto radica en que nos muestra que, hasta hace no muchos años, España era un país de opresores y oprimidos, de poderosos y de súbditos, de delincuentes y de víctimas y, ¡ojo! los opresores, los poderosos y los delincuentes eran personas económica, social y profesionalmente distinguidas. ¿Hasta hace no muchos años?
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